Los Guasones de los Derechos Humanos

El jueves 28 de enero fue capturado el terrorista del Mir en la ciudad de Limache, Héctor Collante Tapia , quien estaba prófugo desde el 2000. En efecto, el terrorista había sido condenado a 15 años en Brasil por haber secuestrado al empresario paulista Abilio Diniz en 1989 junto con sus compañeros del Mir, María Emilia Marchi, Sergio Olivares, Ulises Gallardo y Pedro Fernández. Naturalmente, debido a un acuerdo entre el gobierno de Chile y el de Brasil, Collante solicito pagar su condena en Chile. Según informa la prensa : “En 1999 se le otorgó el beneficio de cumplir la condena en Chile y apenas permaneció un año recluido, cuando le fue concedida la reclusión nocturna. Tras esto se había fugado y recién ayer fue capturado en la misma comuna en la que residía su familia”.

Los otros terroristas del Mir que solicitaron lo mismo fueron María Emilia Marchi, Sergio Olivares Urtubia, Ulises Gallardo y Pedro Fernández Lembach. Les fue concedida. Finalmente, a los terrorista se les concedió las salidas diarias, cosa que se les ha negado a los militares encerrados en los ‘gulags’ de Punta Peuco y Cordillera.

Por su parte, Ulises Gallardo sigue ligado al Mir, haciendo discursos en los cuales se enorgullecen de haber fundado ese grupo terroristas. Si estuviésemos en Polonia, no podrían hablar en público.

María Emilia Marchi fue condenada a 28 años de cárcel por el secuestro del empresario. Estuvo un año en prisión, pues luego se le concedió la libertad condicional. Asimismo, estuvo involucrada en el caso MOP-Gate. Después de salir en libertad la ingeniera terrorista, fue fiscal de Concesiones en Viña del Mar, hasta el 2002.

El diario de supuestamente de derecha, ‘El Mercurio de Santiago’ del 19 de enero del 2000, dice, por ejemplo, que mirista Olivares “Estuvo detenido por motivos políticos entre 1974 y 1978” (la negrilla es mía), antes de que Lagos sacase su Informe Valech de Prisión Política y Tortura. Luego que salió al señor Fernández no se le ocurrió nada mejor que seguir matando. Por eso “participó en las guerrillas de Nicaragua y El Salvador”.

En aquel entonces, la Secretaria Ministerial de Justicia (SEREMI) de la Región Metropolitana, María Eugenia Jaña, les concedió los beneficios.

Asimismo, según la prensa, para la PDI (Policía de Investigaciones) era uno de los criminales más buscados. Esto último, no lo pude verificar a tiempo en sitio de la PDI, donde aparecen los más buscados. Con todo, no lo capturó la Brigada de Derechos Humanos, sino la Brigada de Investigación Criminal de Limache, pues la primera se dedica solamente a apresar a ex militares en retiro – o sea viejos-, que tuvieron un excelente desempeño en sus instituciones castrenses. Hay que acordarse de la cobertura y escándalo que armaron los Gobiernos de la Concertación como los medios, cuando se fugó el general en retiro Raúl Iturriaga Neumann porque se no les aplicó la ley que, por cierto los beneficia.

Nótese, además, que el Gobierno de la época, esto es, el Ricardo Lagos al terrorista Héctor Collante le concedió el beneficio de la reclusión nocturna. Ese beneficio y otros como la salida dominical se les han negado a los militares que han cumplido su condena, y otros que las siguen cumpliendo.

El abogado de Derechos Humanos, el diputado comunista que salió electo con los votos de los tontos inútiles de Chile, la Democracia Cristiana, Hugo Gutiérrez afirmó que se opone a los beneficios carcelarios a los militares en réplica al diputado de derecha, Alberto Cardemil, quien es partidario de los beneficios: “Bregar por beneficios carcelarios para estos violadores de derechos humanos es, de una forma u otra, estar favoreciendo la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura y, por supuesto, eso yo nunca lo voy a favorecer”.

Aquí se trata de aplicar la ley, no de una disputa académica como a veces les gusta hacer a los políticos. Los militares tienen la ley a su favor.

Los Guasones de Derechos Humanos lo vemos en otro caso. En efecto, el juez que investiga el asesinato del senador Jaime Guzmán, Mario Carroza determinó que “es un delito de la lesa humanidad imprescriptible”. Tal juicio no gustó a reconocido abogado de los derechos humanos, Héctor Salazar , quien dijo: “Es un crimen de carácter político (…) tengo mis dudas si corresponde a lesa humanidad”. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD) afirmó: “Los crímenes de lesa humanidad, son los que cometieron los uniformados amparados en el Estado para exterminar a un grupo de personas y así ocurrió durante la dictadura". Puesto que la AFDD siempre apoyó el terrorismo del Mir y del FPMR, no les gustó el juicio del juez.

Sabemos que el juez está equivocado, pues la ley que sanciona ese tipo delitos rige del presente al futuro y no del presente al pasado, esto es, conforme al Estado de Derecho no se puede aplicar una ley nueva posterior al delito.

La misma organización comunista había sostenido que el crimen del senador de la UDI, fue un delito común. Y, por tanto, no un crimen que atenta contra los derechos humanos.

La abogada de Derechos Humanos, Pamela Pereira, quien negoció con Ricardo Lagos para indultar a los terroristas, que ella llamaba ‘presos político’, la vemos ahora, que cuestiona la presencia del general de Estado Mayor, Guillermo Castro, porque su institución lo asignó a la CNI: "Ellos saben que es gente que no puede estar en las instituciones armadas”.

O los locos, Clara Szczaranski y José Zallaquett que propusieron como violación a los Derechos Humanos, la obediencia debida, porque la ex comunista y el partidario de la UP, simpatizaban con los terroristas.

El mismo Zallaquett, ex jefe del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, antes había dicho arbitrariamente en un radio, que los terroristas no violan los Derechos Humanos. En cambio, sí los militares. Así de simple.

Mientras tanto, las personas que gobiernan, cree que satisfaciendo a la izquierda, van a subir en las encuestas .