¿Quién me defenderá del gobierno?

John Locke afirma que "el gobierno no tiene otro fin que la preservación de la propiedad".
Para los chilenos la experiencia totalitaria de la Unidad Popular pasó a mejor vida; aunque todavía quedan algunos viejos estandartes del socialismo que cree que las políticas aplicadas por dicho gobierno fueron correctas. Por ejemplo: expropiar las empresas nacionales e internacionales por la causa "social". Con todo, a los propios socialistas no les gustó su socialismo, cuando los militares les expropiaron sus sedes partidarias, radios y periódicos. Esa acción no fue solidaria. Ahora entendemos por qué el Museo de la Solidaridad Salvador Allende tiene ese nombre. Según mi parecer, debe llamarse Museo de la Expropiación.

¿Los individuos hemos aprendido o estamos destinados repetir los errores ad infitum? ¿Sirvió algo la caída del comunismo? Mi respuesta es negativa. Hana Fischer, una analista liberal uruguaya cuenta que con la llegada del Frente Amplio de Izquierda, que es la coalición que respalda al Presidente Tabaré Ramón Vázquez Rosas, el Presidente derogó un decretó que permitía a los empresarios pedir ayuda a los policías para desalojar las fábricas y locales ocupados ilegalmente por razones sindicales. Desde entonces las ocupaciones ilegales han aumentado y se han extendido por meses, sin importarle mucho al gobierno "progresista". Los costos económicos las paga el empresario y no el trabajador.

Hana Fischer nos ilustra con un caso real. En febrero unos trabajadores se "tomaron" una curtiembre el día lunes. El dueño junto con su familia y unos empleados no sindicalizados saltaron el portón de la fábrica y se agarraron en una pelea, hasta que recuperaron la fábrica. La historia no termina ahí.

Los trabajadores después acamparon al frente de la fábrica. Llegaron líderes sindicales de otras empresas.

Un líder sindical le dijo a la policía que tenía "45 minutos" para "retirar" al dueño de la empresa; pues, de lo contrario, ellos ingresarían con 300 obreros a la fuerza. La policía "decidió convencer al industrial de que lo mejor era abandonar su fábrica. Móviles policiales, un camión y una camioneta particular transportaron al dueño, a sus familiares y a los trabajadores que lo habían acompañado en la "reconquista" de la empresa. Muchos de ellos, al salir, como si fueran delincuentes, cubrían sus rostros con sus camisas". El mundo al revés.

Ahora bien, ¿cómo estamos en el país? Tenemos la hecatombe que dejó hace unas semanas el impuesto a la renta, pues a los propietarios se les cobró por sobre el 50%,100% o 300% en febrero pasado. Una medida verdaderamente expropiatoria. En seguida el Colegio de Abogados criticó la desproporción del impuesto, acusandolo de inconstitucional, que hasta ahora el gobierno no le quiere dar marcha atrás. El Colegio acusa de violar seis garantías constitucionales como decía la Editorial de un diario: "a) la que reserva a la ley el establecimiento de impuestos, pues en este caso los materializa una simple decisión del SII; b) la de igualdad en la repartición de los tributos, violada porque en numerosos casos se determinan los avalúos sin respetarla; c) la de no discriminación arbitraria, al gravarse de manera injustificada a ciertos sectores urbanos y eximirse o gravarse menos a otros; d) la de que los tributos deben afectar las rentas y no el patrimonio de las personas; e) la de que deben ser proporcionados y justos, siendo los derivados de este reavalúo, en algunos casos, confiscatorios; en fin, f) se transgredería la prohibición constitucional de que los impuestos estén afectados a una finalidad específica, al destinarse en este caso al financiamiento municipal".

Otras personas también ha dicho que el impuesto viola cuatro principios fundamentales de la Constitución Política, que a la izquierda radical no le gusta: "Que autoridad alguna podrá establecer disposiciones arbitrarias"; "la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas"; "que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos" y que "nadie puede ser en caso alguno privado de su propiedad", que es lo que ocurre cuando alguien no puede pagar, como en el caso de los jubilados.

Con todo los reclamos que hubo, el Gobierno no quiso sacarlo, pese a su inconstitucionalidad.
El único partido que se opuso a la ley de Rentas II fue, pues, la Unión Demócrata Independiente (UDI), mientras el partido Renovación Nacional (RN) y el gobierno aunaron esfuerzos para sacar adelante el proyecto.

Puede haber algo tan absurdo cómo los propietarios le paguen al gobierno un "arriendo" por sus propiedades. Ese impuesto no debería existir. Luego de años de esfuerzo por ahorrar y tener su casa o departamento, deben seguir pagando por algo que es de ellos.

Aun cuando los gobiernos de la Concertación se han esmerado por modernizar (meter más tecnología informática) a algunas reparticiones del Estado, otras siguen como en la Colonia. Así el Servicio de Impuestos Internos (SII) es juez y parte, lo que significa que nadie puede reclamar. Los ciudadanos no tienen una instancia, esto es, un tribunal para denunciar los abusos del Estado. La Concertación se ha preocupado de que las personas reclamen ante las empresas, mas ante el Estado, quedan indefensas.
Cito carta:
"Señor director:
Soy un jubilado de 75 años que vive junto a su esposa en una casa construida hace 50 años en la comuna de San Miguel. En diciembre me llegó un aviso del SII, el que creí era un error: el 2006 debía pagar cuatro cuotas de $ 232.397, en vez de $ 102,025 que pagué el 2005 (120% más). La razón más sorprendente era que en 10 años no habían hecho el reajuste.
Hace 10 años pertenecía al sector activo (trabajaba), por lo que hubiera podido solventar alzas paulatinas. Ahora que estoy en el sector pasivo, con una jubilación muy baja, suena como un castigo de algo que yo no soy responsable. Como otra justificación me subieron el avalúo de mi casa de $ 60 millones a $ 90 millones. Suponía que las casas bajaban su valor cuando envejecían, pero me doy cuenta de que no es así.
Me siento burlado y pasado a llevar como ciudadano, pues siempre pagué mis impuestos. A los más pobres el gobierno les provee lo que les falta y los ricos se defienden solos. Pero aquellos que pertenecemos a la clase media, nadie nos defiende, más bien se ensañan y nos pasan la cuenta de todo. El SII se lava las manos diciendo que sólo cumple con la ley. A los parlamentarios que hacen las leyes, ¿quién los fiscaliza?
Héctor Madariaga O. "

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