El Gran Hermano en las universidades

  Estamos ante una Revolución Comunista que pretende retroceder a 1973. Todas las reformas son innecesarias hemos dicho. Una de las reformas es que la implica la educación superior. Los cambios que se hicieron durante el Gobierno Militar, tampoco quedaron las universidades tradicionales, que para cuando Allende cayó estaban en mal estado. En ese gobierno tan denostado fue el les abrió las puertas a las universidades privadas.

   El Programa de la Nueva Mayoría consiste en sobreponer el papel del Estado en todos los ámbitos, aun cuando el progreso del país se no ha debido al Estado, sino a los particulares o la iniciativa privada. 

   Me queda más claro que el agua, que la reforma la Educación Superior que se hizo durante el Gobierno Militar fue mejor, hasta la Izquierda burguesa y la revolucionaria se benefició. Mirando en retrospectiva. De hecho, en ese período no tuvieron problemas a que la Iglesia Católica creará la Academia de Humanismo Cristiano para acoger a los exonerados del gobierno de Allende, que más tarde se llamaría Universidad Alberto Hurtado, por una parte. Por otra parte, que la Izquierda fundará el Instituto Arcis (Instituto Superior de Ciencias Humanas, Comunicación y Diseño) en 1982, que luego Universidad de Arte y Ciencias Sociales del Partido Comunista y a su vez el Instituto de Arte y Comunicación (IACC), que luego sería conocida UNIACC o Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Las tres instituciones mencionadas las crearon que personas opositoras al gobierno de Pinochet. Con todo, dicha administración a esos institutos les respeto la autonomía, su ideario y financiamiento. No les hacia asco a los ex UP el lucro. O sea, pagar por un servicio. ¡Y qué decir de las universidades proclives a la Concertación creadas, después de 1990! 

  Recientemente, se filtro unas minutas del Ministerio de Educación sobre las universidades. Dos personas han puesto la alerta sobre ella. Uno, es el ex vocero del primer Gobierno de la Concertación, José Joaquín Brunner y el otro es el abogado y historiador, Gonzalo Rojas. 

   Nada puede esperarse de ministra de Educación, Adriana Delpiano que perteneció al Mapu, cuyo objetivo era exterminar a los 800 mil bolicheros que había en la UP. Y de la subsecretaria de Educación, la ingeniera Valentina Quiroga que no esconde su comunismo. Las minutas muestran que la visión del gobierno para las universidades es, pues, establecer un sistema de vigilancia y policiaco en la Educación Superior. 

  Según Gonzalo Rojas , se quiere establecer una policía educacional dentro de las universidades. Para resguardar la calidad estará entregada a un Sistema Nacional obligatorio a través de cuatro organismo, todos, por cierto, estatales. En resumen, “La calidad en manos de unos burócratas que sólo se distinguirán unos de otros por su mayor o menor ideologización”. Agrega que tan tamaño disparate vino de “los jóvenes jacksonianos que redactaron tamaña barbaridad se hayan atrevido a poner todo eso por escrito”. Van a chequear cada artículo que se publica en una revista internacional o nacional. 

   Como si lo anterior no bastara, la Superintendencia de Educación tendrá 20 atribuciones solo comparables a un servicio de inteligencia universitaria o policía educacional. Los que se verán afectados por este sistema opresivo serán los profesores. 

   Por otra parte, José Joaquín Brunner tiene el mismo diagnóstico que Rojas. El título de su extenso artículo es “Vigilar y controlar la educación superior”. 

   Dice que el gobierno no está a dispuesto a deliberar. Esa no es novedad. Así lo hizo con la reforma tributaria, con la reforma que afecto solamente a los colegios particulares subvencionadas y ahora con la reforma laboral: “evita u obstaculiza la deliberación pública, sin mostrar mayor interés por esclarecer sus objetivos y justificar racionalmente sus iniciativas de reforma”. El gobierno emplea el doble-pensar de la utopía negativa 1984 del inglés Orwell. Dialogar es imponer. Escuchar no es oír.

   Él no tiene tapujos en apuntar al Presidente de la República y su equipo “bajo la dirección política de la Presidenta y su gabinete, aspiran a consagrar un papel dominante del Estado…. junto con un estatus de privilegio para las universidades estatales”. La no médico es ahora experta sobre la calidad de la educación. Las Universidades tradicionales ya son un cartel como dijo el actual de la Universidad Adolfo Ibañez. No quieren competencia. 

   La Superintendencia de la Educación Superior (ES), según Brunner haría extensiva la oferta estatal y desde luego, su financiamiento. Se daría paso de un sistema mixto a una francamente estatal controlados por el Estado, ya sea por el financiamiento y las extensivas regulaciones, dejando un pequeño espacio “de mercado para la provisión privada de élite” como se hacen con los colegios particulares pagados. 

   También critica el concepto ambiguo  “con vocación pública” para referirse en la categorías en que quedaran las universidades. Así las universidades privadas se las legisla solamente en términos del lucro y su gobierno. 

 Asimismo, corresponde a la Superintendencia fomentar instituciones estatales con valores: “educación laica y pluralista; actitud reflexiva, dialogante y crítica; equidad, inclusión y no discriminación; probidad, transparencia y rendición de cuentas; colaboración y trabajo en red; participación”. Coincide con Rojas en las minutas no se menciona la autonomía universitaria.   Brunner enfatiza que el sistema de Educación Superior que propone el gobierno, “Nada escapa a su control”. Lo mismo que Rojas. Citaré un párrafo: “El Comité deberá, entre otras funciones, asesorar al Ministro de Educación en la formulación de políticas para el fortalecimiento, promoción y desarrollo de la educación superior estatal; proponer mecanismos de actuación conjunta de las instituciones estatales; proponer un desarrollo de la oferta académica pertinente y armónica a los requerimientos del territorio en donde se encuentran emplazadas las instituciones; proponer mecanismos para la articulación horizontal y vertical entre las distintas instituciones; promover el desarrollo de programas y equipos colaborativos para el desarrollo de la investigación y la vinculación con el medio entre las distintas instituciones estatales”. 

   La cualificación que está hasta ahora a cargo de la CRUCH estaría supeditada a una fuerte Subsecretaría de Educación, pues el Estado tendría nuevos poderes, tales como currículos, fijaría el número de vacantes y los aranceles. Incluso, menciona el ex vocero de gobierno, que se crea un estatuto especial para “resguardar la prohibición de lucrar que recae en las instituciones de educación superior privadas constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro”. Lo mismo que ocurrió con los colegios particulares subvencionados. Inspectores vigilando el pecado del lucro. 

  A continuación enumera las cuatro dimensiones de autonomía, según La Asociación Europea de Universidades. Pues bien, las minutas no las menciona. Más bien, hay restricciones. De nada sirvió el exilio en la Europa Occidental. 

  José Joaquín Brunner nuevamente coincide con el historiador Gonzalo Rojas a propósito de la Superintendencia de la Educación Superior, pues aquélla es “un órgano de vigilancia panóptica y con facultades amplias de supervisión e intervención en instituciones (privadas principalmente, cabe imaginar, aunque la ley no distingue)”. De las facultades de nivel policíaco también están de acuerdo los dos. Más aún, Brunner cita a Max Weber al referirse a las funciones que tendría la Superintendencia de Educación Superior: vigilancia, supervisión, intervención y fiscalización. Él se refiere a “la jaula de hierro” de la burocracia del sociólogo alemán. 

  Las universidades que se acogieron a la gratuidad quedarán sujetas a lo que diga el Estado en sus términos: fijar vacantes y aranceles. Se supone que los precios son libres. Asimismo, la gratuidad de la que se ufanan en el gobierno y los parlamentarios de la coalición gobernante han generado déficit de plata. 

   De esta reforma salen beneficiadas las universidades estatales por sobre las privadas. Nada nuevo. Es el objetivo del socialismo: poner obstáculos a las actividades de los particulares. La educación no se escapa de ello. 

   El único error del Gobierno Militar fue condenar el lucro del cual se ha agarrado la Izquierda para cambiarlo todo para peor. 

   Las transformaciones de las que tanto habla Bachelet consisten estar a merced, arbitrio de los burócratas de turno. Olvídense de la autonomía académica.