La OECD es liberticida

  Tres cosas han marcado el fracaso de la política exterior chilena en democracia como le gusta decir a los izquierdistas: el Pacto de Bogotá, el Tratado Penal Internacional y el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). 

 Chile entro a esa organización bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. 

  Cualquiera cosa de que diga esta organización internacional es la santa verdad y nadie la puede cuestionar. En un principio, cuando se creó la OECD se podía debatir con diversos puntos de vista. Desde que Chile ingreso a ese Club a cada rato aparecían informes en los medios diciendo que al país le falta o carece o tiene, según los estándares de la OECD. La caja de resonancia que reproducían los informes es la Universidad de Diego Portales (UDP). Así me entero que la directora del Instituto de Políticas Públicas de UDP, Kirsten Sehnbruch fue invitada en junio a una reunión que se realizo entre 31 de mayo y el 1 de junio de este año sobre “El Mundo Digital y el Futuro del Trabajo”. También estuvo Bachelet. 

  El ex presidente Sebastián Piñera en una visita a Uruguay en junio dijo que “Es como pasar de competir en las divisiones inferiores a pasar a jugar en la Champions League”. Aconsejo a ese país entrar al ese Club. 

   Pues bien, la escritora uruguaya Hana Fischer denuncia en su artículo “OCDE, una amenaza mundial al Estado de Derecho” que esa organización internacional desprecia el Estado de Derecho con sus políticas o estándares que atentan ya sea contra la soberanía de los países pequeños, ya sea contra los propios individuos. 

   Ella señala que: “El medio más eficaz para que las libertades civiles, económicas y políticas estén resguardadas es mediante el fraccionamiento del poder, la descentralización administrativa y la igualdad ante la ley. En otras palabras, mediante la limitación de toda potestad, incluso la del llamado “pueblo””.

  Agrega: “La experiencia histórica ha demostrado que sin libertad económica, sin el control de nuestros medios de subsistencia, sin privacidad, todos los demás “derechos” son pura ilusión. Además, es imprescindible la existencia de un Poder Judicial independiente, eficaz y preparado, que tutele a los ciudadanos de los abusos gubernamentales”. En Chile, no existe un Poder Judicial independiente, sino que está al servicio de la Izquierda. 

   El último estándar que saco la OCDE es el “Intercambio Automático de Información Financiara” (IAIF), según la escritora, es un zarpazo a las libertades y garantías de los ciudadanos. Además, que amenaza a los países que no pertenecen a ese Club. 

 Con ese estándar se pone fin al secreto bancario. Ella cita las palabras del informe: “completa de un nuevo estándar global para el intercambio de información entre jurisdicciones”. Como corolario de lo anterior, citando al secretario general de esa entidad internacional, Ángel Gurria: “El estándar prevé el intercambio automático y anual de información financiera entre gobiernos, incluyendo balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, transmitida a los gobiernos por las instituciones financieras y cubriendo cuentas mantenidas por individuos y entidades, incluyendo trusts y fundaciones (…) El G20 encargó a la OCDE que trabajáramos con países del G20 y la OCDE y con las partes involucradas para desarrollar un ambicioso modelo de intercambio de información que ayudara a los gobiernos a combatir el fraude y la evasión fiscal”. (La negrilla es de la autora)

  La AEOI atentaría contra el sistema de pesos y contrapesos de las constituciones liberales. Las autoridades impositivas se meterían en los asuntos privados de las personas decentes y honestas, con el pretexto de atrapar a los defraudadores fiscales. Recuerda ella que la palabra “automática” significa sin la autorización de un juez. 

   La presunción de inocencia se va al tarro de la basura. Ese estándar se parece al sistema judicial antiguo que Chile tenía antes de la Reforma Procesal, pues el procesado es culpable hasta que no demuestre lo contrario. La OECD ha creado “listas negras” o “grises” de naciones, con lo cual pasan a llevar la soberanía. Así se encuentra Suiza dentro de la segunda lista. 

  Según el argentino Alejandro A. Tagliavini: “La OECD contribuyó con asistencia a todos los 20 peores dictadores del mundo que, en conjunto, recibieron $55 mil millones”. Además, habían ayudado al dictador del Sudán con $6 mil millones.

 Así los jerarcas de la OECD convierten a los ciudadanos en meros súbditos. Ella dice algo nosotros sabíamos: “La inmoralidad de su conducta queda en evidencia al constatar que la mayoría de esos “expertos” y funcionarios internacionales que van perfeccionando los mecanismos para exprimir al máximo a cada contribuyente, perciben suculentos sueldos libres de impuestos”. Bachelet no pago impuesto mientras estuvo en el cargo ONU-Mujer, ni el actual canciller, Heraldo Muñoz, ex jefe de Programa del Desarrollo de las Naciones Unidas, ni el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Luego salen con sus campañas contra los ricos y poderosos de siempre. Denunciando la desigualdad de ingresos en la región. 

   Hana Fischer hace la siguiente analogía que tiene más de cierta que de metáfora. A decir verdad, estamos volviendo al Antiguo Régimen con privilegiados y “el tercer estado”: “Los primeros no pagan impuestos pero los cobran y se benefician de tal situación; los segundos tienen que trabajar el doble o el triple para mantener a sus familias y a esos sectores privilegiados vía presión tributaria”. Más bien, según un autor norteamericano, estamos bajo la Edad Media, pues nos cobran impuestos hasta por la vivienda que vivimos y el fruto de nuestro trabajo. 

  El lema de la OECD llega ser absurdo con la norma mencionada: “BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES”.