La ONU negando la legítima defensa

   Como si no bastará la incompetencia del actual gobierno con la delincuencia y menos aún, con asegurar el respeto a la propiedad privada y la seguridad en región de La Araucanía, los chilenos bien nacidos tenemos que aguantar, además, la injerencia de la ONU en esa región. Recuérdese que el actual conflicto en La Araucanía es uno de los nefastos legados del ex presidente de la Concertación, el demócrata cristiano, Patricio Aylwin, quien asesorado por su hijo, el abogado José Aylwin y un historiador de izquierda, hicieron la versión del Informe Rettig para los indígenas y la Ley que les permite a cualquiera persona con ascendencia mapuche reclamar tierras, violando así, el derecho a la propiedad. Todas las propiedades actuales están registradas con sus respectivos dueños. Pero los progresistas demócrata cristiano y ex Unidad Popular no les importan. 

   En efecto, a fines de marzo apareció la noticia que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, el príncipe Zeid Ra'ad Al Hussein de Jordania estaba preocupado por el uso excesivo de la fuerza policial o de los agentes del Estado en la región La Araucanía. Le había enviado a Michelle Bachelet un video manifestando tal parecer, ya que él no estar presente en la sesión del Consejo de los Derechos Humanos realizada, en Ginebra, Suiza. Dicho sea de paso, no sabía que la mandataria estaba viajando como símbolo de austeridad fiscal y no creo que fuese a Europa para asegurar que Chile es un país seguro para invertir, cuando los grandes empresarios nacionales han invertido fuera, desde que se puso en marcha la ‘retroexcavadora’. Estoy seguro, además, que fue al país de los relojes y chocolates para asegurarles de que aquí no existe incertidumbre jurídica como manifestó el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien se fue a vivir a ese país.

   El Alto Comisionado dice primero lo siguiente: "Chile ha sido durante mucho tiempo un fuerte defensor de los derechos humanos en la escena internacional". Él se refiere, naturalmente, a los gobiernos que tenemos desde 1990. Da por supuesto, que dentro del país se respetan los derechos humanos en democracia. En Chile no se respeta el principio de igualdad ante ley, partiendo con que un grupo minoritarios de chilenos se les niega las leyes que les aplicaron a los terroristas.

  El príncipe Zeid Ra'ad Al Hussein elogio las reparaciones a las supuestas víctimas del Gobierno Militar a.k.a ‘dictadura’. Esas son las millonarias indemnizaciones a costa de los contribuyentes, mientras la Izquierda (DC/UP), se escandaliza por la desigualdad natural mas no por esas reparaciones. Se nota que a nivel internacional, la ex UP o los victimarios se han encargado de limpiar su imagen, vendiéndose como víctimas, pues como todos sabemos fue la Izquierda la que introdujo la violencia y el odio en la política chilena: "Chile ha dado grandes pasos desde el fin de la dictadura, sin embargo muchas familias aun no saben la verdad acerca de lo que sucedió con sus seres queridos". Las familias saben donde están, ya que unos están vivos o otros están muertos. A la Izquierda no le interesa la verdad. Y algunos vivos pasan como detenido desaparecido. Lo que les importa es dinero y de paso mantener el odio hacia un grupo minoritarios de chilenos, los cuales no pueden defenderse.

   Luego se refiere a un posible perdón a los supuestos violadores a los derechos humanos. Ese calificativo ya es un estigma. Digo ‘supuestos’, ya que no hay olvidar que para el bloque DC/UP/PC los terroristas primero del Mir en democracia hasta el 11 de septiembre de 1973 y después el Frente Lautaro y el FPMR no violaron los derechos humanos, a pesar de asesinaron a civiles o militares, pusieron bombas saliendo heridos o muertos civiles o militares, secuestraron e internaron gran cantidad de armamentos: "El derecho a la verdad para el grueso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es inalienable. Cualquier petición de perdón o liberación anticipada de los autores debe ser considerada con mesura a la luz de las leyes de los Derechos Humanos". No sé a qué le llama mesura. No tiene idea que son ancianos los que están en Punta Peuco. Como dije más arriba no les aplican las leyes, además, les niegan los beneficios penitenciarios a que tienen los reos como la salida dominical. La Justicia les niega el principio pro reo, entre otros. Si se informa más, le daría vergüenza vivir en un país como Chile. Se supo de los indultos que ha realizado Bachelet en lo que va de su mandato. Al Gobierno le llego con anticipación la petición de dos reos octogenarios que estaban agonizando en el penal mencionado, sin embargo, el presidente se los negó. Ni se movió por ellos, la subsecretaria de los Derechos Humanos.

  El Alto Comisionado no sabe distinguir entre justicia y la venganza del mismo modo que el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati: "Ellos también los tienen y hay que respetarlos, aunque la justicia haya establecido que ellos no fueron respetuosos de los DD.HH. en determinados momentos". Ese afirmación es un prejuicio, porque aquéllos que la Izquierda llama ‘violadores de los derechos humanos’ es más que un estigma social que un juicio basado en la justicia, pues no existe un delito ‘violentar los derechos humanos’. Si fuese más hombre el señor de la Iglesia, estaría enojado porque se ha violentado la igualdad ante ley, y cuya única solución es una salida política tal como lo tuvieron los terroristas. 

   Ahora bien, volviendo al tema de La Araucanía, él expreso su preocupación por el uso excesivo de la fuerza a los pueblos indígenas. Según él, se ejerce una violencia contra la etnia mapuche. Eso es falso, pues los descendientes de los mapuches mucho de los cuales tienen apellidos españoles, son chilenos. No existe de los chilenos por un lado, y por otro lado, los mapuches. No hay tal cosa como ‘pueblos indígenas’, lo que hay son terroristas. Según el príncipe todo se resuelve con diálogo: "el reconocimiento adecuado y el diálogo significativo es esencial, particularmente en la Región de La Araucanía". Eso lo mismo lo que sostiene el gobierno de Michelle Bachelet. Ante terroristas, pues eso es lo que son, la receta es el diálogo. La ex UP y el Partido Comunista lo único que les interesa sancionar es lo que llaman ‘terrorismo de Estado’. Eso no existe como tal. ¿El Mir y el FPMR eran unos Boys Scout, y no terroristas? Eso significa que la ONU no apoya el derecho a la legítima defensa de las personas.

   El actual director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos como los diversos personeros del Gobierno de Bachelet  dijo amén a las declaraciones del Alto Comisionado. 

  El director del INDH, Branislav Marelic dijo: “Nosotros, en el marco de nuestro trabajo, coincidimos con esa alerta que pone el alto comisionado. (…) Siempre va a ser una tarea pendiente la regulación del uso de la fuerza en agentes policiales”. Que un grupo emplee la violencia a través de diversos medios, no les interesa. El único problema es el uso legítimo de la fuerza de Carabineros. ¡Qué quemen maquinaria, quemen vivas a dos personas, que quemen iglesias y prohíban el acceso en algunos sectores de La Araucanía, es un detalle!

   Lorena Fríes, actual subsecretaria de los Derechos Humanos, quien estuvo en Ginebra dijo: “Recogemos esa crítica y por supuesto que vamos a tratar de avanzar en lo que es una tarea de Estado”. 

   Agregó que “hemos sido claros como gobierno en no aceptar situaciones de abuso policial. (…) Todavía nos queda por avanzar, pero estamos conscientes de que las situaciones de abuso policial, cuando se acrediten, no pueden seguir existiendo”. Sin embargo, no están conscientes de los terroristas. El mismo comentario que hice al director del INDH vale.

   El senador Hernán Larraín, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores se mostró disconforme: “La información y el juicio que ha hecho sobre lo que ocurre en La Araucanía revela desinformación o francamente un prejuicio (…); se olvida el comisionado que hay grupos terroristas en La Araucanía, que actúan con exceso de fuerza sobre agentes del Estado y sobre particulares, utilizando el incendio en forma frecuente como arma de terror”. 

   Se le olvido al senador de la UDI arrepentido, que los terroristas son apoyados por el Gobierno. Los terroristas usan la violencia y “exceso de fuerza sobre agentes del Estado”. Esa afirmación puede confundir a las personas. La violencia siempre es ilegítima.

   Si se dan cuenta, todo el asunto estriba en quitarle legitimidad al uso de la fuerza, ya sea que la emplea la policía en forma correcta, ya sea los particulares, mientras legitiman el uso de la violencia por parte grupos minoritarios. De ahí que insistan en el diálogo en La Araucanía o en Venezuela. 

  Se desprende, asimismo, que el Gobierno y el INDH avalan la desinformación al exterior sobre la situación real en La Araucanía, quedando los terroristas como perseguidos por ser una etnia, cuando son ellos los que usan la violencia.