El Acuerdo 22 de agosto de 1973

Como de costumbre, la presa de izquierda de nuevo conmemora el 11 de septiembre chileno con las falsedades repetitivas. Sin embargo, José Piñera en su libro "Una Casa Dividida", nos muestra como la izquierda se quiso adueñar del país con la violencia política, para imponer una dictadura comunista de corte cubano o soviético. Ahora niegan. Obviamente, porque no les conviene. José Piñera rescata dos hechos importantes: El Acuerdo de la Cámara de Diputados y el Acta de Rivera. El Acuerdo nos muestra las reiteradas violaciones a las personas en que cayó la Unidad Popular, entre ellas, la tortura. Y el Acta de Rivera nos muestra que la oposición al gobierno de la Unidad Popular no contaba con el apoyo de las FF.AA ni la CIA, como la izquierda ha venido diciendo.


"El Presidente Salvador Allende había gobernado Chile por casi mil días cuando el miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado, a las 12 horas, para "analizar la situación política y legal que afecta al país". Apenas iniciada la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Nacional (PN) presentaron un Proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.

El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, un intelectual muy cercano al ex Presidente Frei. En su discurso de presentación del Proyecto acusó al Gobierno de Allende de haber generado una "crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento setenta y tres años de vida independiente...La situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas...Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de políticas superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego, Para una paz estable entre los chilenos, 1974).

El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el "El Estatuto de Garantías Democráticas" que había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la PDC, con sus votos en el Congreso, eligiera a Allende. En efecto, el candidato socialista sólo había obtenido el 36,2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir Presidente de la República a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. La segunda mayoría la había obtenido Jorge Alessandri, el candidato conservador, con 34,9% de la votación. Tiempo después, y ya instalado en la sede presidencial de La Moneda, Allende reconocería que él firmó ese Estatuto sólo como "una necesidad táctica"(Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).

Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien realizó una contundente afirmación: "El Poder Ejecutivo ha dejado encuadrase en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la iligimitimidad de mandato y ejercicio del Presidente de la República".

Después de otros dos diputados del PN, intervino Luis Maira, de la coalición de partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el Proyecto de Acuerdo e intentó jutificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".

La sesión de la mañana finalizó con un encendido discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edifcio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto a hacer uso de su arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, calificó a los diputados comunistas de "bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas". Ese era el clima de profunda división que se vivía en Chile tras mil de gobierno de la Unidad Popular.

A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan grave ameritan postergar la hora del almuerzo.

La sesión de la tarde, convocada para votar el Proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en seión secreta a instancias del diputado comunistas Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que ababonar el recinto. Diputados asistentes han sostenido que Insunza afirmó que fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país si se aprobaba el Proyecto de Acuerdo.

Renaudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados declaró aprobado el Acuerdo por 81 votos contra 47(63,3% versus 36,7%). A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.

El Acuerdo acusaba al Gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener peresonas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, cofiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, y violar las atribuciones del Poder Judicial, el Congreso y la Contraloría.

La mayoría de la Cámara denunciaba que el "actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ido empeñado en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario". (Texto completo del Acuerdo en Documento).

Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio más allá de la ley". Cuando al execederse en los límites de su poder una autoridad coloca al país en un estado de guerra, ese persona se ha "rebelado" ("re-bellare" proveniente del latín "bellum" o guerra). La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados, en consecuencia, es la acusación al Presidente Allende de que, a pesar de haber sido elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y traspasado el umbral de la tiranía.

Los diputados chilenos habían aprobado un documento que evoca la cadena de acusaciones que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos hizo contra el Rey Jorge III. También habían llegado a la misma conclusión: "Cuando una larga sucesión de abusos y usurpaciones, todos ellos encaminados de manera invariable hacia el mismo objetivo, revelan la intención de someter al pueblo al absoluto despotismo, es su derecho, es su deber, derrocar a tal gobierno y nombrar nuevos guardianes de su futura seguridad".

El Acuerdo de la Cámara de Diputados tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente en cuatro categorías:

Preámbulo. Contenido en los artículos 1 a 4, y que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado: "Un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición". También le recuerda al Presidente Allende que fue elegido por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".
Veinte acusaciones. De manera específica se enumeran veinte transgresiones a la Constitución y a las leyes de la República:

• una conducta sistemática destinada a instaurar un sistema totalitario (artículos 5 y 6);
• siete violaciones al principio constitucional de la separación de poderes (artículos 7, 8 y 9);
• diez violaciones a determinados derechos humanos (enumeradas dentro del artículo 10), y
• dos acusaciones de carácter sedicioso (artículos 11 y 12).
  Téngase presente. El Presidente Allende había incorporado a la política contingente a altos miembros activos de las Fuerzas Armadas. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al entonces Comandante en Jefe del Ejército. El Acuerdo, en sus artículos 13 y 14, les recuerda a esos militares que su lealtad debe estar con la Constitución y no con el Gobierno.
  
  Llamado a las Fuerzas Armadas. En el lenguaje oblicuo tradicional de la política latinoamericana, el Acuerdo, al exigirle a los ministros militares poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución (art. 15), está de hecho llamando a las Fuerzas Armadas a remover al Gobierno.
  
  Así lo comprendió claramente el Presidente Allende. El jueves 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior (lo que explica que algunos se hayan referido al Acuerdo del 23 de agosto). El viernes 24 el Presidente Allende daba su respuesta en una declaración pública y le señalaba al país lo siguiente: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado."
  
  Conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, la remoción del Presidente exigía dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente –por impopular que fuera- perdiera elecciones parlamentarias durante su período de tal modo de quedar sin el apoyo de, al menos, un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Contitución de 1925 permitía que cualquier gobierno la violara "sistemáticamente" mientras mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.
  
  La Cámara de Diputados realiza entonces un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y, a través de ellos, a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente que estaba violando la Constitución era, en la práctica, imposible.
  La respuesta de Allende al Acuerdo de la Cámara es reveladora de su confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho, pues declara que insistirá en su estrategia, ya que "tras la expresión `Estado de Derecho’ se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre los chilenos que nuestro pueblo ha rechazado, Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se supere las desigualdades de una sociedad capitalista". (La negrilla es mía)
  El origen del texto del Acuerdo es revelador. Claudio Orrego ha dado este testimonio: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de Preparar el Proyecto de Acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton...quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo... Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material que estaba muy bien hecho...Una vez terminado el trabajo- del cual guardo el original- transmití al senador Aylwin para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
  
  Según el ex diputado Pérez de Arce, quien estuvo presente en una reunión con ese propósito, el primer borrrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue enrequecido por distintas personas del PN y PDC en la búsqueda de una redacción que satisfaciera a todos y así asegurara la votación unánime de diputados de ambos partidos. Como la versión final la revisó el senador Patricio Aylwin, es indudable que el texto del Acuerdo tuvo la aprobación del senador Eduardo Frei, líder máximo del PDC, Presidente del Senado y ex Presidente de la República.
  A medida que el Gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer una revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
  
  Alexander Solzhenytsin afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla, aunque sólo sea una muralla de resolución". La resistencia civil generalizada, que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados, fue "la muralla de resolución" con la que se encontró el comunismo en Chile.
  
  El historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, ha concluido que, con el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos...removieron por la fuerza a Allende de su cargo"(Communism, A Brief of Story, 2001). "