Tiempo de no callar

En un principio pensaba titular este artículo “decir la verdad”, que es lo que había solicitado la diputada de oposición y presidenta de la Comisión de los DD.HH. de la Cámara Baja, Karla Rubilar al Gobierno a raíz de nuevos antecedentes sobre falsos detenidos desaparecidos. Preferí titularlo “tiempo de no callar” por un artículo en “La Tercera”, en que el periodista de cine de la CNN Chile, Héctor Soto, celebró que el mejor columnista de “El Mercurio de Santiago”, Hermógenes Pérez de Arce se retirara a los cuarteles de invierno. Soto es un buen ejemplo de cómo el progresismo banaliza el terrorismo comunista que asoló a América Latina, en la década del setenta del siglo pasado; para él no se violan los DD.HH., cuando se es víctima del terrorismo, ya sea del Mir, Montonero y el FPMR.

Sin embargo, desde el pronunciamiento militar la izquierda comenzó a mentir. El perjurio ha sido el deporte de la izquierda desde que perdió. Mintió sobre la muerte de Allende, falsificó las memorias del general Prats y mintió la sobre el número de muertos producto de la propia violencia de la izquierda. La izquierda sin la mentira no es izquierda. Como recuerda el ex mirista Mauricio Rojas: “Fue en ese momento cuando traté de imaginar lo que sentía nuestro observador furtivo, uno de “ello”, de aquellos que en nuestro Chile del futuro no tendrían cabida” (p.74). Puesto que no se ha dicho la verdad, tenemos que un novel historiador que compara el pronunciamiento militar con una pandilla uniformada. Parece que desconoce el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973. Eso un producto de los Informes Rettig y Valech. La última movida de la Democracia Cristiana para que renuncie Karla Rubilar nos ilustra la baja moral.

En efecto, ahora se ha sabido que hay otros falsos detenidos desaparecidos. Además del caso Germán Cofré Martínez que estuvo de vacaciones en Argentina. Otros falsos detenidos son Emperatriz del Tránsito Villagra Maturana, que según el Informe Rettig murió "víctima de la violencia política imperante en el país", después de haber ido a dejar a su marido. Con todo, la señora Emperatriz murió en 1955. Su marido lo denunció al Comité Pro Paz. Más aún, la señora Emperatriz aparece en el sumario que llevó el juez español Baltazar Garzón contra el ex general Augusto Pinochet. Luego está la historia de Carlos Patricio Rojas Campos, quien según el Informe Rettig sufrió persecución política por lo que se fue a Argentina. Con todo, el Gobierno supo que vivía en Argentina y después solicitó que se le retiran la pensión. Por último está el caso de Edgardo Iván Palacios, quien fue detenido el 11 de septiembre de 1973, y luego dejado en libertad. La Comisión Rettig no pudo formarse una opinión cabal. En 1994, fue reconocido oficialmente como detenido desaparecido. Se supo de la existencia del señor Palacios, porque murió indigente y su cuerpo llegó al Servicio Médico Legal (SML).

Habría que agregar los falsos detenidos que se le acusan a Miguel Krassnoff, a saber: Iván Monti, quien fue visto por el señor Raúl Armando Herman en 1977; Ricardo Troncoso Muñoz, quien vive en México, según el Ministerio de Relaciones exteriores y el terrorista Luis Gregorio Muñoz Rodríguez, quien está muerto. Los familiares mostraron al juez un certificado de defunción. Si alguien le hiciera llegar a la diputada Karla Rubilar el libro sobre Krassnoff, podría anunciar más estafas con los Derechos Humanos.

El Informe Rettig no tiene ninguna validez, pues, entre los que aportaron a la Comisión son los propios terroristas del Mir. ¿Cómo el Mir se iba autoinculpar, por ejemplo, del secuestro y tortura del director de las Ultimas Noticias de Concepción realizado por Luciano Cruz, en Junio de 1969, o la brutalidad del comandante “Pepe” en Neltume, quien asesinó al marido de una mujer, y luego violó a la mujer y a su hija?

Me asombra las declaraciones aberrantes del ministro en visita, Carlos Gajardo, quien afirma: “tendría que hacer una condena sobre la base de algún secuestro u homicidio”. Otrosí, no encuentra ninguna ilegalidad en los procesamientos a los militares. Que se aplique la Ley de Amnistía para algunos y para otros no, es normal. O sea a los militares se los condena por homicidio. Los terroristas asesinaron a inocentes antes, durante el Régimen Militar y después de éste. Y no hay ningún juez investigando al respecto. La mayoría está indultada. ¿Para qué sirvió el Informe Rettig? Y si los condena por secuestro, entonces, están en las celdas. Como pregunta un bloguero al filósofo conservador Cristóbal Orrego: “¿Cuántos de los autores conocidos están hoy indultados, o contratados por el Gobierno en diversas reparticiones, y cuántos militares han sido igualmente indultados?¿Cuántos causas por crímenes, cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978 y cometidos por terroristas de izquierda, han sido reabiertas?¿Qué han hecho las "organizaciones de Derechos Humanos" por proporcionar ayuda legal a las victimas del terrorismo de izquierda antes citadas?”

Por tanto, con mayor razón no hay que callar.