El presupuesto se llama despilfarro

 El viernes 31 de julio, el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés anuncio que se mantendrá el crecimiento y la disciplina fiscal, mientras culpaba a los empresarios de intransigencia ante las nefastas reformas del gobierno. No sé a quién iba dirigidas esas palabras. Él había dicho en una reunión con los grandes empresarios por la reforma laboral : “La seriedad de la política fiscal de Chile se premia y yo estoy aquí para seguir esta senda”.

  Las personas que nos informamos sabemos que el gobierno tiene un déficit fiscal del 3,3%. Mientras buscada la foto donde el ministro dijo las palabras citabas, me encuentro que ahora para dárselo de inteligente, el ministro de Hacienda cambiará la metodología para la regla fiscal. Por cierto, hay que recordar cuando la Nueva Mayoría era la Concertación fueron ello quienes pusieron como meta mantener la regla fiscal, específicamente el gobierno de Ricardo Lagos, hasta que eso termino con el primer gobierno de Bachelet, gracias a su ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 

 Según un medio, la nueva regla fiscal consiste del 1,6% del PIB, hasta reducirlo a un 0,85%. Antes era 1% del Producto Interno Bruto. Me parece un malabar dialectico económico, después de todo, quedará el 2% de la deuda pública. 

 A raíz del terremoto en la zona norte del país, el ministro de Interior, el DC Jorge Burgos dijo que si se iban apretar el cinturón lo harían. Más bien, está gastando como loca Michelle Bachelet. Igual que esas mujeres que le botan el sueldo al marido, y se quejan de que no llegan a fin de mes. Ni siquiera le ha ocurrido a ella reducir, por ejemplo, los vuelos al extranjero. 

 Anunciaban que tendrían menor presupuesto Defensa y el ministerio del Trabajo. Esto último significa menos inspectores. El primero es preocupante. Hay plata para gastar en otras cosas. Pagar ocho millones de pesos a supuestos exonerados políticos o “presos políticos”, pagar una millonaria indemnización a 30 jerarcas de la UP , que estuvieron en la isla Dawson de $ 4.650 millones.

 Todavía no sabemos, si el Presidente aún le sigue pagando a falsos exonerados políticos, pues según un el Instituto de Previsión Social es facultad del mandatario. Desde luego que los estafadores no van a devolver el dinero, ni parar a la cárcel. Ni mucho menos el Consejo de Defensa del Estado se va querellar. 

 Parte del presupuesto va a los beneficiados de las becas Valech, a quien la Cámara Baja justo el 11 de septiembre aprobó un bono por $600.000. 

 Una nueva burocracia en la subsecretaría de derechos humanos aprobada en forma unánime en la Cámara Baja, como si no bastará la Oficina de derechos del ministerio del Interior, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos solamente para perseguir a los militares. Pues la nueva subsecretaría “deberá abordar como temas prioritarios la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los Derechos Humanos, así como la promoción de reparación para las víctima”. O sea, estaría haciendo algo ilegal, ya que los delitos de lesa humanidad no son retroactivos. Además, hará cosas que ya hace, por ejemplo, el Museo de la Memoria.

 La prensa nos informa recientemente, que el gobierno a través Segegob (Secretaría General del Gobierno) y Segpres (Secretaría General de la Presidencia) les destinarán $ 2.346 millones a “estudios de una Nueva Constitución”. Estas dos reparticiones aumentarán en un 10% su presupuesto. Ambas son políticas. Asimismo, en páginas económicas leemos: “Los ajustes a la regla fiscal con que Hacienda busca dar señal de que llegó el momento de apretarse el cinturón”. En la misma página leemos bajo la foto del ministro que “el presupuesto crecerá un 6,6% al comparar con ley del 2015”. La deuda pública está en un 16 y tantos por ciento.

  No obstante, el llamado de austeridad del ministro de Hacienda, el gobierno ha cedido en millonarias negociaciones en las diversas reparticiones públicas, según constata la revista Que Pasa . El escándalo que se armo por el bono de termino de conflicto por 6,3 millones de pesos por trabajador del BancoEstado es, pues, la punta del iceberg. Hacienda propone congelar los salarios del aparato del Estado. Vemos si lo dejan. Eso lo único sensato que le he leído.

 Así cuenta la revista que el gobierno cedió a las demandas Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Anteriormente, habían cedido ante el Colegio Médico, quienes habían exigido un aumento del 40% a los especialistas de la red pública. Para los médicos, la orden de pagarles vino de Bachelet. Resulta una burla que la revista diga un poco más arriba lo siguiente: “En contraposición al discurso de austeridad de la administración bacheletista, marcado por la desaceleración económica y el freno de mano autoimpuesto al tranco reformista”. Quiso decir ponerle freno al tranco revolucionario. Puesto que el Presidente de la República excluyo a los farmacéuticos, cirujanos dentistas y farmacéuticos, éstos se fueron a huelga por 48 horas.

 Lo mismo ocurrió en el Sename, en que el Ministerio de Justicia cedió al 100% de sus demandas. En el caso del Servicio Nacional de Menores, la ministra de Justicia, Javiera Blanco actúo como si fuese jefe del sindicado, lo que molesto al ministro de Hacienda.

 Según el presidente de la Anef, Raúl del Puente, “la disminución del crecimiento económico no debe ser un costo que paguen los trabajadores”. Como si ellos produjeran y movieran el país, pues esto último lo hace la empresa privada y las personas naturales con sus diversas actividades, no la burocracia. 

 En el nuevo Chile que inauguró con la Nueva Mayoría con apenas el 26% de los votos no manda el ministro de Hacienda como hace constatar la revista Que Pasa, sino los grupos de poder de las distintas reparticiones del Estado a costa de dona Juanita y su marido que tiene un negocio.