Despeñadero moral

Mientras comentan del nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, como si fuese un mesías en gloria y majestad, prefiero volver a una de las tantas peleas que hay que dar en el país, a saber, el respeto al Estado de Derecho.

Una vez más, la persecución hacia los militares por parte de la izquierda revanchista y resentida tiene una víctima. En efecto, se suicidó el coronel en retiro, Eduardo Oyarzun, porque no se le respetó sus derechos humanos. Su delito: haber sido comandante del Regimiento Maipo. La izquierda no asume todavía que perdió y que fue derrotada. Desde luego, los Derechos Humanos son única y exclusivamente patrimonio de la izquierda. ¡Vaya uno a oponerse, porque sufrirá el rigor de la nueva inquisición ‘progresista’ que les niega a sus antiguos enemigos o adversarios los derechos humanos que dicen defender!

Vean lo que le pasó a la diputada liberal del partido de oposición Renovación Nacional, Karla Rubilar. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos interpuso una querella contra la diputada, el abogado defensor del general en retiro, Manuel Contreras, Javier Gómez y contra el propio general. Naturalmente, quien interpuso la querella fue el abogado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez partidario de las funas. Para él como para la abogada Pamela Pereira sus amigos terroristas del Mir, del Frente y del Lautaro no violaron los Derechos Humanos. Gutiérrez declaró en la prensa: "una maniobra de inteligencia que ya se ha logrado desmantelar, y en consecuencia queremos que se siga investigando a la luz de los nuevos antecedentes que estamos acompañando". Es una burda mentira, pues como dijo el abogado Gómez simplemente querían chequear, ni siquiera consultó a Manuel Contreras. La prensa de extrema izquierda en seguida se puso a fabular, hablando de una ‘operación de inteligencia’, desde el campo de concentración Punta Peuco. Y como dijo un comentador en ‘La Tercera’: ¿la ANI no descubrió la operación? Hay recordar que previamente la cándida diputada se dirigió a esa agrupación para manifestarle su preocupación por supuestos falsos detenidos desaparecidos. Dicha grupo de señoras le agradeció a Rubilar apuñalándola por la espalda.

Dicho sea de paso, la abogada de los Derechos Humanos del Partido Socialista, Pamela Pereira declaró cuando Ricardo Lagos indultó en el 2004: “El criterio de la revisión de los juicios (a los presos políticos) es la clave". O sea, ella llama ‘presos políticos’ a sus amigos terroristas. Teniendo la perspectiva de ahora, ¿por qué ella supone que Manuel Contreras debe saber sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, si la izquierda ha mentido como he mostrado? La señora Pereira podría explicar ¿por qué los terroristas tenían varios carnet de identidad falsos? ¿y por qué a personas que se las considera oficialmente muertas por sus familiares, los jueces condenan a los militares por secuestro? Me acordé que Hermógenes Pérez de Arce su libro ‘Contra la Corriente’, recuerda que el americano de la película Missing nunca desapareció, ya que el SML de la época encontró su cuerpo. Con todo, en el Informe Rettig aparece como desaparecido. Y así tiene que haber más.

Viendo las noticias acerca de la osamentas encontradas en la ex Escuela de Paracaidismo del Ejército, me llamó la atención la declaración del Director del Servicio Médico Legal: "No se trata, por lo tanto, de un caso vinculado a situaciones de represión durante la dictadura o víctimas de la violación a los derechos humanos como ocurrió en 2004”. Pensé que estaba delante de un médico forense al estilo de las series Huesos y Crossing Jordan. Luego me acordé que era terrorista del Mir, Patricio Bustos. ¡Un terrorista que quiso instalar una dictadura del proletariado a principios de la década del setenta del siglo pasado! Un viejo resentido y amargado, cuyo mundo desapareció. Por supuesto, el SML nunca investigará las muertes perpetrados por esperpentos como el señor Bustos, ni mucho menos la Brigada de DD.HH de la policía de investigaciones, que tiene como libros de cabecera los Informes Rettig y Valech, respectivamente.

Cuando la justicia ha fallado a favor de los militares, el gobierno reacciona con odio. En efecto, en el fallo del 22 de enero la Corte Suprema absolvió a lo que la prensa llama ‘la cúpula de la DINA’, en la cual incluyen al general Manuel Contreras, los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez. Aún así, el fallo anterior es ilegal porque Krassnoff nunca perteneció a la cúpula de la DINA, no respeta la ley de Amnistía y la prescripción. A la izquierda no le importa, pues la abogada Loreto Sepúlveda del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestó: "Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del Derecho Internacional, pero parece que no es así”.

Suena majadero decir, pero para la abogada del Ministro de Interior sus amigos terroristas que trabajan en el gobierno y que ahora reciben una pensión, nunca violaron los Derechos Humanos, cuando asesinaban y ponían bombas.

Despeñadero moral como decía un intelectual de izquierda en la revista ‘Rocinante’.