El perjurio como virtud cívica

Una vez ha salido por la prensa otro caso de un falso detenido desaparecido. En efecto, se trata de Carlos Muñoz Mesías , quien su mujer, Ema Muñoz testificó ante la Comisión Rettig en 1992, que su marido había sido un ejecutado político por los agentes de seguridad. Naturalmente, los miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación calificaron la muerte de Carlos Muñoz como una violación a los Derechos Humanos.

Buscando por el Google, encuentro una noticia del 26 de octubre del 2003: “Funcionarios del Instituto Médico Legal de Santiago y de la brigada de homicidios participaron ayer en la exhumación de los restos de Carlos Abel Muñoz Mesías, ex militante del PC, ejecutado en noviembre de 1973.” O sea, el Instituto Médico Legal mintió.

Desde luego, que la Comisión sólo investigó lo que ocurrió entre 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, pues para los ‘hombres buenos’ morir bajo la violencia revolucionaria de los grupos terroristas de izquierda, y que, además, querían imponer un régimen totalitario, constituye una experiencia muy humana cercana al nirvana. Es todo un privilegio. Después no se le violan los Derechos Humanos, cuando se es muerto por un grupo terrorista de izquierda de la década del setenta.

Como he dicho antes, el Informe Rettig no tiene ningún valor. Primero por ilegal; segundo, porque no considera la violencia que la izquierda originó entre 1966 y 1973; tercero, solamente los miembros de la Comisión escucharon la versión de las agrupaciones que apoyaban el terrorismo previo al 11 de septiembre; cuarto, nunca escucharon la versión de la contraparte. Y por último, es un blanqueo para la izquierda oficialista.

¿La comisión llamó a un oficial de la DINA o la CNI? No. Cuando se opta por una licenciatura en la universidad y se desea investigar sobre un autor o un tema, es de perogrullo, que el estudiante coloca los argumentos de los detractores y defensores, tal como se hacía con la disputatio medieval. Al parecer, los miembros de la comisión con grandes titulos, reprobaron.

Del mismo modo, cuando fue la Mesa de Diálogo, que fue por cierto no fue diálogo, nunca llamaron a los oficiales en retiro que estuvieron asignados a la DINA o la CNI, como se quejan los oficiales retirados que defienden a los militares. Fue una mesa de Imposición.

Los nuevos ricos de la izquierda chilena quieren hacernos creer y a las generaciones que nacieron a principios de los 90 del siglo pasado, que ellos llevaban una vida burguesa en la Unidad Popular como la serie Gossip Girl de Sony o Desperate Housewives de WB, y que de repente llegaron los militares. Nunca pudieron veranear en Caburga, Zapallar, Papudo y Maitecillo.

En realidad, el ex militante comunista “murió en noviembre de 1973 en un accidente ferroviario. La autopsia arrojó que había sido un suicidio. Nosotros sabemos que él trabajaba en la Central El Toro en Los Ángeles, por lo que nunca lo vimos en el ambiente político”.

Según la representante de la Agrupación de DD.DD., Mirna Troncoso: “falseó testigos, adornó muy bien la historia para que apareciera como que fue puesto en la línea del tren por militares”.

Ya van siete. Si incluimos aquellos que están oficialmente muertos, pero que los jueces no lo reconocen; aun cuando tengan ante la vista el certificado de defunción entregado por los propios familiares, la nómina de falsos detenidos desaparecidos y/o supuestos ejecutados políticos aumentará notablemente.

La derecha, salvo contadas excepciones no ha defendido a los militares de la persecución y venganza de la izquierda resentida. Los demás han permanecido en silencio, mientras se les vulnera sus derechos humanos, como la igualdad ante la ley. La derecha blanda o liberal no ha dicho nada, abandonando sus principios liberales. La derecha dura, por lo menos, ha levando la voz de vez en cuando, como ocurrió con el arresto a los oficiales en el caso del terrorista Woodward. El miércoles pasado, el abogado conservador Gonzalo Rojas escribió una columna que hirió tanto al actual ministro de Defensa, Francisco Vidal como la derecha. Por ello, la diputada de la UDI y Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, María Angélica Cristi , escribió una carta al ‘El Mercurio de Santiago’, tratando de refutar al abogado: “incluidos aquellos relacionados con materias de derechos humanos, un punto sensible especialmente para quienes hoy se encuentran en retiro,”. La derecha no ha hecho nada, pues muchos oficiales que están en retiro están en la cárcel, porque no se les ha respetado los principios del Derecho. Más aún, la derecha se cree el cuento de los Derechos Humanos, según la óptica de la izquierda. ¿O se van a tragar las soluciones de la izquierda con respecto a los militares, a saber, como proponía el monseñor Baeza que defiende a los terrorista, eliminar el requisito de 70 años y excluir a los directivos de la DINA y CNI, mientras los terroristas han tenido soluciones políticas a través del indulto?

Todo ello por haber convertido el perjurio en una virtud moral y cívica, sin recibir ninguna sanción.