La prueba del delito de sedición

   Los medios tanto extranjeros como nacionales al estadillo delictual e insurreccional que comenzó el 18 de octubre pasado lo sigue llamando estadillo social. Incluso en un comunicado la Mutual de las Fuerzas Armadas y de Orden emplea esa expresión, lo cual es un error. Es como decir como un mantra que en Argentina murieron 30.000 personas bajo gobierno militar de ese país, cuando en realidad murieron alrededor de siete mil personas. Ni siquiera se atreven apuntar a los dos partidos a saber, el Frente Amplio y el Partido Comunista como los responsables. Algunos políticos se atreven apuntar al PC. Con todo, si fuesen serios, rechazarían el Plebiscito del 26 de abril que nació con la violencia. Después de  todo, el sueño de los políticos opositores al Gobierno Cívico Militar chileno, es cambiar la Constitución de 1980 sólo porque lo hicieron los militares junto con un grupo de civiles. La firma del socialista Ricardo Lagos es irrelevante. Él califica de petra, ya que no le gusta los altos quórum que resguardar la vida, la libertad y la propiedad. 

   Tampoco les interesa los principios en que se inspira la actual constitución, los cuales han permito al país desarrollarse y gozar de bienestar como nunca. Tanto la democracia cristiana como la izquierda de la ex Unidad Popular le interesa que el Estado esté a la cabeza del desarrollo y no las personas, simplemente para robar ya sea en forma legal con sueldos millonarios, ya sea en forma ilegal. Por esa misma razón a los políticos progresistas les importa un comino que las empresas estatales tengan pérdidas. Les produce urticaria que la constitución establezca, por ejemplo, que las personas tienen derechos anteriores al Estado. No me refiero a los derechos sociales, sino a la vida, la libertad y la propiedad. O el principio de subsidiariedad o un banco central autónomo del gobierno de turno.

    Conocemos la declaración de la actriz comunista Florencia Lagos en Venezuela, en la que reconocía que el grupo ‘Unidad Social’ está conformado por cientos de agrupaciones que dicen supuestamente representar a la sociedad civil, que lo único que han hecho es provocar miedo e inseguridad para achacarle la culpa al sistema económico. Si fuera por mí, a ese grupo que es un brazo del Partido Comunista, además, de los anarquistas y el lumpen, los acuso de crimen de lesa humanidad, por el desempleo y la ruina que les han provocado a millones de chilenos. 

   Pues bien, gracias al canal #RSTChile tenemos otra prueba que el Partido Comunista está detrás de este golpe de Estado en cámara lenta como le gusta decir algunos. En efecto, el dueño del canal mencionado se puso a googler. Primero como él cuenta busco cuántas veces aparecía la expresión ‘estallido social’ y el buscador le entregó una determinada cantidad. Luego escribió ‘revolución’ y llegó al sitio de la extrema izquierda https://rebelion.org/, donde encontró el artículo de Alejandro Lavquén titulado ¿Estallido Social? No ¿Revolución? Sí. El artículo es del 3 de febrero de este año.

     ¿Qué dice? El texto afirma : “De acuerdo a la prensa y partidos políticos, incluso lo dice el gobierno, los sucesos que vienen ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre de 2019 son considerados un “estallido social”, eufemismo para definir lo que en la realidad es una revolución, que como toda revolución su meta son cambios estructurales en lo político, económico, jurídico y social”. Es una revolución hacia la izquierda. 

   El propósito de la nueva constitución como he expresado es cambiar el modelo tanto en lo económico, jurídico, político y social. En el segundo gobierno de Bachelet lo intentaron hacer, sin embargo, fracasaron. A la mayoría del país no les interesaba las reformas estructurales. Como vemos el lenguaje se repite.

   El autor que reconoce que es una insurrección: “Insurrectos legitimados, en el actual escenario, por la violencia y atropello sistemático a los derechos humanos por parte del gobierno a través de Carabineros, PDI y, en su momento, las FFAA. Insurrectos, además, legitimados históricamente por la violencia y explotación ejercida contra el pueblo, desde 1830 a la fecha, por la oligarquía, los militares y la policía”. Esto es una prueba que el Partido Comunista quiso derrocar el actual gobierno que ganó abrumadoramente en las últimas elecciones. Y es una prueba de lo que sospecho a la política ex demócrata cristiana, Mariana Aylwin: “No me cabe duda de que al Partido Comunista le interesa que este gobierno caiga. Y si este gobierno cae, es un intento de desestabilización no del gobierno, sino de la democracia. La misma tarde, antes de que se supiera cuántas estaciones del metro habían sido vandalizadas, ya estaba pidiendo la renuncia de Piñera. Entonces, uno dice: esto es sospechoso”. 

   Yo creo a diferencia de la ex ministra de Educación ya no estamos en democracia, ya sea por la violencia que comenzó el 18 de octubre y que los políticos progresistas quieren que la población se acostumbre a los saqueos, a los actos vandálicos, a los incendios a autos como lo vimos en Viña del Mar, iglesias, supermercados, etc, ya sea porque los tres poderes del Estado se han salido de la Constitución. Ellos emplean la violencia, pero culpan al gobierno, a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. 

   Vemos que los derechos humanos es simplemente un arma política. ¿Dónde están los derechos humanos de los carabineros a los cuales les han lanzado bombas molotov y han atacado a sus cuarteles? 

    Prueba, asimismo, que violencia continuará independiente quien gané el próximo Plebiscito de abril: “Están todas las condiciones para derrotar a la derecha en su propia cancha este 26 de abril. Lo que no significa abandonar la calle, por el contrario, las movilizaciones no deben detenerse hasta conquistar una nueva Constitución”. Cuando empleamos la expresión entre comillas nos referimos a un grupo de matones ligados al Partido Comunista, que dicen representar la sociedad civil: “No+AFP”, “No+abusos”, los representantes de los estudiantes secundarios, feministas y gremios estatales. 

    El autor critica el acuerdo de Paz que firmaron las copulas de los partidos políticos. Y también la llamada ‘democracia de los acuerdos’: “Incluso tuvieron la desfachatez de firmar un “acuerdo por la paz”, como si esta revolución se tratara de un conflicto entre partidos políticos, o un desacuerdo entre el gobierno y los partidos de “oposición”. Otra burda maniobra para intentar que la oligarquía política mantenga sus granjerías”. En fin, cualquier acuerdo.

  Este grupo pequeño que no representa el 5% o menos de todo el electorado se atreven hablar en nombre del pueblo: “En todo caso, el pueblo ha obtenido un gran logro, impensado antes del 18 de octubre. Ha logrado que se convoque a un plebiscito para generar una nueva Constitución vía asamblea constituyente (“convención constitucional” se usará como término para la papeleta del voto)”. Si por la expresión ‘pueblo’ se entiende las personas modestas, son las que más han sido perjudicas con el estadillo delictual e insurreccional. 

   Puesto que es un psicópata el señor Alejandro Lavquén no le importa la destrucción de las estaciones del metro, al día siguiente los incendios a los supermecados, el vandalismo hacia los pequeños comerciantes. Y qué decir del aumento del desempleo. Por tanto, el cierre de negocios de toda índole. Todo ello en nombre del pueblo. 

   Desea que los constituyentes se han elegido en forma democrática. Con todo, no reconoce que Piñera fue elegido democráticamente: “La insurrección no debe cesar hasta que se elijan los constituyentes de manera democrática y dejando fuera a quienes hasta hoy son los culpables de la miseria de los chilenos”. No se siente responsable de nada. Hay alrededor de trecientos mil desempleados y las pequeños empresas son las que más se han visto afectada por la violencia que desató el Partido Comunista. Para él, el responsable es el modelo económico.

   Asimismo, con la nueva constitución quiere establecer una ley mordaza contra el pinochetismo: “Hay que erradicar el pinochetismo del país, declararlo fuera de la ley en la nueva Constitución”. Como dije en una entrada anterior, propongo erradicar el allendismo, el mirismo y cualquiera apología al FPMR. 

   Según él, la nueva constitución garantizará los derechos sociales, entre otras cosas: “Es la única manera para que la nueva Constitución declare como derechos constitucionales inalienables la salud, la educación, la vivienda, el agua, la electricidad, el transporte público, los recursos naturales, las pensiones”. Cuando marcho la clase media, no estaba en sus prioridades una nueva constitución, ni tampoco antes del 18 de octubre. No le importa que el país este endeudado y que no produzca nada. Es un detalle sin trascendencia. 

  Finalmente, nombre personajes que merecen estar en la asamblea constituyente: “Gabriel Salazar (historiador), María Angélica Illanes (historiadora), Luis Mesina (dirigente NO+AFP), Nancy Guzmán (periodista), Felipe Portales (historiador), Alicia Lira (dirigente DDHH), Cosme Caracciolo (dirigente pesquero), Melissa Sepúlveda (ex presidenta FECH), Marco Riquelme (dirigente MPMR), Francisca Millán (abogada), Héctor Llaitul (dirigente mapuche), Sergio Grez (historiador), Roberto Márquez (músico), Nano Acevedo (compositor), Isabel Gómez (poeta)”. 

  Aquí la prueba de la sedición. Don Diego Portales ya los hubiera arrestado hace rato.