Genocida número dos
Después de escuchar al cantante Alberto Plaza
en el canal Nueva Mente sobre una nueva
discriminación que tendrán pasar los presos políticos militares a raíz de la
pandemia mundial, sentí la necesidad de manifestar a través de esta entrada mi
repudio por tal medida. Es pura crueldad, falta de humanidad y descriterio.
Conocemos la medida del
actual presidente de la República, Sebastián Piñera de dejar a los presos
políticos militares de Punta Peuco y de otros penales sin el beneficio de estar
en sus casas a raíz de la pandemia global que surgió a raíz de Coronavirus-19.
Según el gobierno, esos presos son violadores de derechos humanos y cometieron
crímenes de lesa humanidad. En ambos casos, están equivocados.
Piñera le teme más a la
izquierda que al virus, pues de lo contrario no se entiende tal actitud.
De nada sirvió la tonta ley contra la
discriminación, pues a los militares se les discrimina. Además, se ha vulnerado
la igualdad ante ley. En este país hay seres más iguales que otros, desde 1990.
Hace 30 años que en Chile no existe el Estado de Derecho.
¿De qué sirvió el tratado
que firmó el país recientemente sobre la protección a las personas de la
llamada Tercera Edad, en la cual también estaba incluidos los reclusos? Para
nada. El Estado chileno transgrede las normas que se compromete respetar. Por
tanto, Piñera es violador a los derechos humanos no en el sentido de la
izquierda. Les niega a los militares presos el derecho a la vida.
Para actuar con sentido
común, lógica, criterio y humanidad no necesita haber firmado tal o cual
tratado internacional como nuestras autoridades lo han hecho desde 1990. No hay
escuchar a un experto de la ONU, CIDH, la OEA, OMS y de la OECD.
En los hechos, en Chile no hubo genocidio. Tal
delito como ya sabemos no retroactivo. Por tanto, cuando las cortes han fallado
así y los políticos se han expresado así, es que se han salido de la
Constitución y de la ley.
Todo lo
gira entorno a los derechos humanos, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la
fecha es totalmente arbitrario. Por supuesto, que durante la Unidad Popular no
se violaron los derechos humanos, lo que es falso. Aquí hablo en términos de un
gobierno. Por otro lado, tampoco fueron violadores de los derechos el Mir y los
otros grupos de izquierda de ese período, lo que también es falso. Desde que
los militares tomaron el poder, entonces, se comenzó hablar de los derechos
humanos. La Iglesia Católica hoy como ayer –antes del brote del virus-
guardo silencio ante el ataque marxista. Más bien, su máxima autoridad apoyo
dicho proyecto que termino en el debacle del país. Fue el primer opositor al
Gobierno Militar. El año pasado, uno de sus personeros manifestó ser partidario
de una nueva constitución.
Justo después del 11 de
septiembre empezó el tema de los derechos humanos. Durante todo el Gobierno
Militar el problema no fueron los terroristas o guerrilleros, sino las
organizaciones que se crearon para combatirlos. La Iglesia Católica protegió a
través de la Vicaría de la Solidaridad a las organizaciones de extrema
izquierda que estaban en guerra contra el gobierno de turno. Además, apoyados
por países extranjeros como Cuba y los países de la Europa del Este bajo la
tutela soviética.
Asimismo, desde 1990 la izquierda instalo la
idea del terrorismo de Estado, lo que es falso. No existe tal cosa. Y que
solamente los agentes del Estado son los que cometen violaciones a los derechos
humanos, con lo cual el delincuente a partir de esa fecha es una víctima del
sistema económico. Antes eran los
terroristas. Por eso, hemos visto a lo largo de estos años que cada vez que un
carabinero actúa y hiere a un maleante, lo dan de baja. Y la coronación de tal
estupidez llega con la reforma pro ONU a Carabineros, que los deja en la más
completa indefensión. Carabineros ya no será una fuerza. Con la insurrección
quedaron totalmente sin derecho a la autodefensa, pues matan o hieren a un
saqueador, a un ‘primea línea’, a unos
terroristas, entonces, son violadores de los derechos humanos.
El señor José Rodríguez Elizondo antes de la
plaga escribió un artículo titulado Los silencios del estallido en que habla de
la relación civil militar y de la competencia de las Fuerzas Armadas. Quizás
por temor para él y alivio para otros, que intervengan los militares. Esa otra
columna para contar medias verdades, pues él formó parte de la Unidad Popular.
No le gusta la expresión ‘cívico-militar’, pues probablemente lo asocie al
Gobierno Militar. Enfatiza el profesionalismo de los militares en su ámbito a
partir de unos supuestos artículos del general Prats publicados en Argentina,
omitiendo que fue Allende quien puso a los militares en la política. Luego
recoge la idea del general marxista: “ese legado se
reconocía la especificidad de la vida militar, con su disciplina jerárquica y
su universo simbológico; se llamaba a distinguir entre la revancha y la
necesidad de hacer justicia en materia de derechos humanos; se postulaba la
inserción castrense en la sociedad y se convocaba a dialogar con los militares
que quisieran dialogar”. Según Elizondo, eso lo llevo a cabo a la ex
Concertación. Para la izquierda marxista leninista, las Fuerzas Armadas eran su
enemigo como muestran las declaraciones del Partido Socialista en el congreso
de Chillán y del Mir. Es absurdo que los militares dialogaron con quienes
pretendían destruirlo. Mete otra idea de los noventa, a saber, de la inserción
castrense en la sociedad, si ellos siempre han formado parte de ella. Sólo los
militares violan los derechos humanos, no los terroristas. Él no distingue
entre justicia y venganza, pues lo que sufren los militares presos es venganza.
Los derechos humanos tal
como lo entiende la izquierda, la ONU y otras organizaciones como Amnistía
Internacional, Human Right y los intelectuales como el señor Elizondo no
consideran el derecho a la autodefensa como un derecho humano. El único que
merece respeto por vida es el agente que usa la violencia, no aquel que emplea
la fuerza o usa la autodefensa.
No hay que pedirle peras al olmo. Recuerden
que el año pasado, cuando algunos presos políticos se les otorgó la libertad
condicional, después de varios años de negárseles, la izquierda presiono para
que se cambiaran las condiciones para acceder a ella. Este problema,
finalmente, lo zanjo el Tribunal Constitucional, quien previa golpiza que
recibió su presidente, decidió poner condiciones que los militares por su edad
y la cantidad de condenas, hacen imposible que puedan acceder a ellas. Así ese
tribunal se salió de la ley y la Constitución.
Y este verano ante el deceso del abogado de
derechos humanos de izquierda, José Zalaquett, el Presidente Piñera dijo:
“Significa una pérdida para la causa de los derechos humanos y para Chile. Le
debemos mucho a José, quien estuvo abierto al diálogo y colaborar con las
buenas causas”. Cabe recordar que el fallecido abogado fue parte de la sesgada
e inconstitucional “El Informe Rettig” y que es la causa de la persecución que
continua hasta ahora.
Igualmente, la ex
demócrata cristiana, Mariana Aylwin le rindió
un homenaje por su cuenta twitter. Si hasta “el mechero” Gabriel Boric
que admira a los terroristas del Mir ,del FPMR y apoyado la violencia que
estalló el 18 de octubre lo considera un maestro: “Gracias maestros por haber
enseñado a dudar”. Dicho sea de paso, si Boric creyese en la duda, él y la
izquierda no tendrían que enojarse porque alguien cuestiona las llamadas
‘violaciones a los derechos humanos’. Como vemos, se contradicen.
El mismo Boric a raíz del
proyecto que pone a las Fuerzas Armadas resguarden la estructura crítica del
país dijo: “Hoy votaremos en la Comisión
de Constitución proyecto del gobierno que resguarden la estructura crítica del país. Votaré en
contra. No estoy disponible para permitir que las Fuerzas Armadas medien en
conflictos sociales poniendo en riesgo los derechos humanos”. Tales
afirmaciones suponen varias cosas. Para él las personas que han tirado bombas
molotov, lanzado piedras y usado hondas contra Carabineros no violan los
derechos humanos. Además, de los que han saqueado e incendiado supermercados.
El que ejerce la violencia no viola los derechos humanos.
El abogado Zalaquett propuso como el resto de
la clase política el salvavidas de plomo a los presos políticos militares, a saber,
que saldrían libres en el momento de tener una enfermedad terminal. Para él los
terroristas no violaron los derechos humanos, ni tampoco se violentaron esos
derechos en la Unidad Popular. Que a los militares les niegue la igualdad ante ley,
no le importo. Que a los militares los condenen a base de presunciones,
tampoco. Que a los militares se les condene con delitos ficticios como el
‘secuestro permanente’, tampoco. Y por último, que se les condene con delito
retroactivo cuando la misma ley, establece que no se puede, tampoco. En fin, el señor Zalaquett fue un abogado
mediocre.
El cantante Alberto Plaza también cuestionó
los dichos del actual ministro de Justicia, Hernán Larraín de no otorgarle ese
beneficio a los presos políticos militares. Según Larraín, no se estaría
haciendo justicia al permitirle estar en casas de sus familiares.
Pues bien, tanto Sebastián Piñera como Hernán
Larraín apoyaron indultos de la ex Concertación
a los terroristas, sin preocuparse de que no se haciendo justicia a las
víctimas de los grupos FPMR, Frente Lautaro y Mir.
Piñera no quiere que la izquierda lo acuse de
ser violador a los derechos humanos, si usa la fuerza para acabar con la
violencia. Cuando supe de tal decisión, que lo mejor podrían hacer alguien de
nuestro sector es presentar un recurso de protección para que los dejen
libres, por un lado. Por otro lado, si
mueren los militares por el coronavirus que acusen a Piñera y su ministro de
Justicia de crímenes de lesa humanidad; de la misma manera como alguien
presentó una querella de genocidio contra Bachelet por la muerte de niños en
Servicio Nacional de Menores. Lo menos espera Piñera es que le den una estocada
la gente que lo apoyo.
Y, por último, nos queda
otra que la Justicia Divina se cargó del actual mandatario y de su ministro de
Justicia.
Se preguntaron, ¿Por qué
genocida número dos? La primera es Michelle Bachelet.
El actual mandatario
perdió la última oportunidad de su vida de ser un humano decente.
Etiquetas: Coronavirus-19, Derechos Humanos, discriminación, Gabriel Boric, José Rodríguez Elizondo, Sebastián Piñera, Segundo Gobierno de Piñera
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