domingo, marzo 22, 2020

Genocida número dos




  Después de escuchar al cantante Alberto Plaza en el canal Nueva Mente  sobre una nueva discriminación que tendrán pasar los presos políticos militares a raíz de la pandemia mundial, sentí la necesidad de manifestar a través de esta entrada mi repudio por tal medida. Es pura crueldad, falta de humanidad  y descriterio.

Conocemos la medida del actual presidente de la República, Sebastián Piñera de dejar a los presos políticos militares de Punta Peuco y de otros penales sin el beneficio de estar en sus casas a raíz de la pandemia global que surgió a raíz de Coronavirus-19. Según el gobierno, esos presos son violadores de derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. En ambos casos, están equivocados.

Piñera le teme más a la izquierda que al virus, pues de lo contrario no se entiende tal actitud.
 De nada sirvió la tonta ley contra la discriminación, pues a los militares se les discrimina. Además, se ha vulnerado la igualdad ante ley. En este país hay seres más iguales que otros, desde 1990. Hace 30 años que en Chile no existe el Estado de Derecho.

¿De qué sirvió el tratado que firmó el país recientemente sobre la protección a las personas de la llamada Tercera Edad, en la cual también estaba incluidos los reclusos? Para nada. El Estado chileno transgrede las normas que se compromete respetar. Por tanto, Piñera es violador a los derechos humanos no en el sentido de la izquierda. Les niega a los militares presos el derecho a la vida.

Para actuar con sentido común, lógica, criterio y humanidad no necesita haber firmado tal o cual tratado internacional como nuestras autoridades lo han hecho desde 1990. No hay escuchar a un experto de la ONU, CIDH, la OEA, OMS y de la OECD.

 En los hechos, en Chile no hubo genocidio. Tal delito como ya sabemos no retroactivo. Por tanto, cuando las cortes han fallado así y los políticos se han expresado así, es que se han salido de la Constitución y de la ley.

  Todo lo gira entorno a los derechos humanos, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha es totalmente arbitrario. Por supuesto, que durante la Unidad Popular no se violaron los derechos humanos, lo que es falso. Aquí hablo en términos de un gobierno. Por otro lado, tampoco fueron violadores de los derechos el Mir y los otros grupos de izquierda de ese período, lo que también es falso. Desde que los militares tomaron el poder, entonces, se comenzó hablar de los derechos humanos.  La Iglesia Católica  hoy como ayer –antes del brote del virus- guardo silencio ante el ataque marxista. Más bien, su máxima autoridad apoyo dicho proyecto que termino en el debacle del país. Fue el primer opositor al Gobierno Militar. El año pasado, uno de sus personeros manifestó ser partidario de una nueva constitución.

Justo después del 11 de septiembre empezó el tema de los derechos humanos. Durante todo el Gobierno Militar el problema no fueron los terroristas o guerrilleros, sino las organizaciones que se crearon para combatirlos. La Iglesia Católica protegió a través de la Vicaría de la Solidaridad a las organizaciones de extrema izquierda que estaban en guerra contra el gobierno de turno. Además, apoyados por países extranjeros como Cuba y los países de la Europa del Este bajo la tutela soviética.
  Asimismo, desde 1990 la izquierda instalo la idea del terrorismo de Estado, lo que es falso. No existe tal cosa. Y que solamente los agentes del Estado son los que cometen violaciones a los derechos humanos, con lo cual el delincuente a partir de esa fecha es una víctima del sistema económico.  Antes eran los terroristas. Por eso, hemos visto a lo largo de estos años que cada vez que un carabinero actúa y hiere a un maleante, lo dan de baja. Y la coronación de tal estupidez llega con la reforma pro ONU a Carabineros, que los deja en la más completa indefensión. Carabineros ya no será una fuerza. Con la insurrección quedaron totalmente sin derecho a la autodefensa, pues matan o hieren a un saqueador, a un  ‘primea línea’, a unos terroristas, entonces, son violadores de los derechos humanos.

  El señor José Rodríguez Elizondo antes de la plaga escribió un artículo titulado Los silencios del estallido en que habla de la relación civil militar y de la competencia de las Fuerzas Armadas. Quizás por temor para él y alivio para otros, que intervengan los militares. Esa otra columna para contar medias verdades, pues él formó parte de la Unidad Popular. No le gusta la expresión ‘cívico-militar’, pues probablemente lo asocie al Gobierno Militar. Enfatiza el profesionalismo de los militares en su ámbito a partir de unos supuestos artículos del general Prats publicados en Argentina, omitiendo que fue Allende quien puso a los militares en la política. Luego recoge la idea del general marxista: ese legado se reconocía la especificidad de la vida militar, con su disciplina jerárquica y su universo simbológico; se llamaba a distinguir entre la revancha y la necesidad de hacer justicia en materia de derechos humanos; se postulaba la inserción castrense en la sociedad y se convocaba a dialogar con los militares que quisieran dialogar”. Según Elizondo, eso lo llevo a cabo a la ex Concertación. Para la izquierda marxista leninista, las Fuerzas Armadas eran su enemigo como muestran las declaraciones del Partido Socialista en el congreso de Chillán y del Mir. Es absurdo que los militares dialogaron con quienes pretendían destruirlo. Mete otra idea de los noventa, a saber, de la inserción castrense en la sociedad, si ellos siempre han formado parte de ella. Sólo los militares violan los derechos humanos, no los terroristas. Él no distingue entre justicia y venganza, pues lo que sufren los militares presos es venganza.

Los derechos humanos tal como lo entiende la izquierda, la ONU y otras organizaciones como Amnistía Internacional, Human Right y los intelectuales como el señor Elizondo no consideran el derecho a la autodefensa como un derecho humano. El único que merece respeto por vida es el agente que usa la violencia, no aquel que emplea la fuerza o usa la autodefensa.

  No hay que pedirle peras al olmo. Recuerden que el año pasado, cuando algunos presos políticos se les otorgó la libertad condicional, después de varios años de negárseles, la izquierda presiono para que se cambiaran las condiciones para acceder a ella. Este problema, finalmente, lo zanjo el Tribunal Constitucional, quien previa golpiza que recibió su presidente, decidió poner condiciones que los militares por su edad y la cantidad de condenas, hacen imposible que puedan acceder a ellas. Así ese tribunal se salió de la ley y la Constitución.

  Y este verano ante el deceso del abogado de derechos humanos de izquierda, José Zalaquett, el Presidente Piñera dijo: “Significa una pérdida para la causa de los derechos humanos y para Chile. Le debemos mucho a José, quien estuvo abierto al diálogo y colaborar con las buenas causas”. Cabe recordar que el fallecido abogado fue parte de la sesgada e inconstitucional “El Informe Rettig” y que es la causa de la persecución que continua hasta ahora.

Igualmente, la ex demócrata cristiana, Mariana Aylwin le rindió  un homenaje por su cuenta twitter. Si hasta “el mechero” Gabriel Boric que admira a los terroristas del Mir ,del FPMR y apoyado la violencia que estalló el 18 de octubre lo considera un maestro: “Gracias maestros por haber enseñado a dudar”. Dicho sea de paso, si Boric creyese en la duda, él y la izquierda no tendrían que enojarse porque alguien cuestiona las llamadas ‘violaciones a los derechos humanos’. Como vemos, se contradicen.

El mismo Boric a raíz del proyecto que pone a las Fuerzas Armadas resguarden la estructura crítica del país dijo: “Hoy votaremos en la Comisión  de Constitución proyecto del gobierno que resguarden  la estructura crítica del país. Votaré en contra. No estoy disponible para permitir que las Fuerzas Armadas medien en conflictos sociales poniendo en riesgo los derechos humanos”. Tales afirmaciones suponen varias cosas. Para él las personas que han tirado bombas molotov, lanzado piedras y usado hondas contra Carabineros no violan los derechos humanos. Además, de los que han saqueado e incendiado supermercados. El que ejerce la violencia no viola los derechos humanos.

 El abogado Zalaquett propuso como el resto de la clase política el salvavidas de plomo a los presos políticos militares, a saber, que saldrían libres en el momento de tener una enfermedad terminal. Para él los terroristas no violaron los derechos humanos, ni tampoco se violentaron esos derechos en la Unidad Popular. Que a los militares les niegue la igualdad ante ley, no le importo. Que a los militares los condenen a base de presunciones, tampoco. Que a los militares se les condene con delitos ficticios como el ‘secuestro permanente’, tampoco. Y por último, que se les condene con delito retroactivo cuando la misma ley, establece que no se puede, tampoco.  En fin, el señor Zalaquett fue un abogado mediocre.

  El cantante Alberto Plaza también cuestionó los dichos del actual ministro de Justicia, Hernán Larraín de no otorgarle ese beneficio a los presos políticos militares. Según Larraín, no se estaría haciendo justicia al permitirle estar en casas de sus familiares.

 Pues bien, tanto Sebastián Piñera como Hernán Larraín apoyaron indultos de la ex Concertación  a los terroristas, sin preocuparse de que no se haciendo justicia a las víctimas de los grupos FPMR, Frente Lautaro y Mir.

  Piñera no quiere que la izquierda lo acuse de ser violador a los derechos humanos, si usa la fuerza para acabar con la violencia. Cuando supe de tal decisión, que lo mejor podrían hacer alguien de nuestro sector es presentar un recurso de protección para que los dejen libres,  por un lado. Por otro lado, si mueren los militares por el coronavirus que acusen a Piñera y su ministro de Justicia de crímenes de lesa humanidad; de la misma manera como alguien presentó una querella de genocidio contra Bachelet por la muerte de niños en Servicio Nacional de Menores. Lo menos espera Piñera es que le den una estocada la gente que lo apoyo.

Y, por último, nos queda otra que la Justicia Divina se cargó del actual mandatario y de su ministro de Justicia.

Se preguntaron, ¿Por qué genocida número dos? La primera es Michelle Bachelet.

El actual mandatario perdió la última oportunidad de su vida de ser un humano decente.



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