Legal, pero inmoral
El economista Carlos Rodríguez Braun en su Diccionario Políticamente Incorrecto, define a las ONGs: “Dícese de organizaciones que dependen de los gobierno”. De Perogrullo. No obstante, su nombre o su sigla dice lo contrario de lo que hacen.
Desde luego, quienes nos oponemos a la entrega de recursos fiscales a instituciones con una marcada ideología, no estamos pensando en Bomberos, el Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas, la Fundación para superar la Pobreza y el Techo para Chile. Con todo, soy un poco desconfiado de las dos últimas. Nos referimos, por ejemplo, a los $1000 millones que el gobierno de Bachelet entregó a la Fundación Festival Internacional Teatro Mil, a los $221 millones que recibió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a los $188 millones que captó la Fundación Democracia y Justicia del ex Presidente Patricio Aylwin.
También está la Fundación Frei, que el año pasado recibió por parte del Estado y con la anuencia de los parlamentarios de Derecha, solamente $1000 millones de pesos. Igualmente, habría que incluir dentro de las organizaciones de izquierda, el Museo de la Memoria y el Instituto de Derechos Humanos, cuyo sesgo ideológico es muy evidente. Me cito: “A lo anterior, hay que agregar la plata que “donó” la Presidenta de la República a organizaciones de extrema izquierda, como la Fundación de Documentos y Archivos de la Vicaría con un monto de $150.000.000, la Agrupación de DD.DD., con un monto de $79788229; la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi con $153800150; la Fundación Victor Jara con un monto de $15.000.000; la Casa Victor Jara con un monto de $4580000; la Casa de la Memoria con un monto de $ 52858000; el Centro Cultural y Social Gladys Marín con $40.000.000, que la dirige el comunista, Jorge Teiller y por último la Corporación Cultural Matucana 100, que la dirige el ex asesor de Ricardo Lagos, el sociólogo Ernesto Onetto, quien se sumó a la candidatura de Frei. En fin, $ 818875801.” Negocios de familia.
El diputado del partido Renovación Nacional (RN), Alejandro Santana lo dijo muy bien: "no solamente estamos hablando de algo discrecional, estamos hablando del uso y abuso del poder al entregar los recursos de todos los chilenos a instituciones vinculadas al gobierno anterior".
La inmoralidad que tienen los políticos de la Concertación, se muestra en una carta que escribió el Director Ejecutivo de la Fundación Guzmán, Jorge Jaraquemada , cuando acusa: “diputados de la Concertación señalaron que solicitarán al SII el monto y número de donaciones de empresas privadas acogidas a beneficio tributario que han recibido; entre otras, la Fundación Jaime Guzmán”. El director de esa Fundación les responde que el presupuesto y son fuentes son de público conocimiento, ya sea por un reportaje que realizó “El Mercurio”, ya sea porque entregan una memoria y balance al Ministerio de Justicia. Y aclara, el señor Jaraquemada no han recibo aporte del actual gobierno, ni mucho menos de los anteriores, ni de empresas privadas que hacen uso de la Ley Nº19.885, a propósito de donaciones jurídicas.
Me gusta el último alcance que hace el Director de la Fundación Guzmán: “recibir donaciones de empresas privadas en forma transparente y con objetivos precisos no es lo mismo que beneficiarse directamente de fondos públicos por la mera cercanía política de una institución con el gobierno de turno”.
Un gobierno de Derecha le quita esos fondos y obliga a esas organizaciones autofinanciarse.
Ahora bien, puesto que estamos en el “Quinto Gobierno de la Concertación” y no en un gobierno de Derecha, por mucho que hagan auditorias en distintas áreas del Estado y soliciten al Contralor investigar tal o cual irregularidad, lo más lamentable, es que la izquierda en estos cuatro años va a seguir recibiendo fondos del Estado para fomentar el odio.
Legal, pero inmoral.
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