Amnistía

Después de indultar a un ex –militar, el Presidente se abrió a la iniciativa de un grupo de parlamentarios de Derecha, la DC y el Partido Radical para realizar un indulto más generalizado. El Presidente dijo: "Los militares forman parte del pueblo". Luego, se echó atrás porque la candidata oficialista se lo pidió, pues para el revanchismo de izquierda "no hay perdón ni olvido", salvo cuando se trata de olvidar los 100 millones de muertos dejados por Lenin, Stalin, Castro, Mao Tse Tung y Pol – Pop, cometidos en nombre del socialismo.

Ahora pretende con ley negarle la posibilidad de Aministía obviamente a los militares, ya que los terroristas de izquierda no violan los derechos humanos. Por eso se los indulta; aunque hayan asesinado y secuestrado premeditadamente. Y todo ello, porque la Corte Suprema aplicó la amnistía en un caso. Lo cual a los diputados Antonio Leal y Juan Bustos les desagrado.

El propósito de dicho proyecto, según el Presidente, es que "nunca más en Chile pueda ocurrir cosas que todos lamentamos". Una vez más la izquierda le echa la culpa de su fracaso político, ideológico y militar a un reducido grupo de militares que apagaron el incendió iniciado por los iluminados talibanes de la Unidad Popular. Esto último lo sabe Ricardo Lagos. Puesto que es un líder mediocre, esto es, un líder que seguía por las encuestas, no apoyara la propuesta de los parlamentarios de la Alianza. La izquierda se quedó en el pasado.

Pedir Perdón y renegar

A raíz de las declaraciones del general Cheyre el 18 de septiembre pasado, el gobierno obviamente las valorizo. Ricardo I dijo: "¿Conoce usted algún país en el mundo en que haya algo equivalente al Informe Valech? ¿Conoce algún país en donde la justicia está actuando como lo está haciendo en Chile, respecto de lo que fueron los personeros que violaron los DD.HH.? ¿Conoce algún país en donde estén presos los que han sido los altos jefes de la policía secreta? No, verdad. Eso es lo que ha hecho Chile. Y por eso nos respetan en el mundo".

En primer lugar, Ricardo I omite el hecho, como lo ha señalado José Piñera y Hermógenes Pérez de Arce, que dicho Informe es ílicito, pues la Constitución de 1980 por él ahora firmada prohíbe comisiones. Por tanto, el Informe Valech no tiene validez. Además, Ricardo Lagos omite el Acuerdo de la Cámara de Diputados, que señala que el gobierno de la Unidad Popular torturo. Gobierno que él apoyó.

En segundo lugar, el Presidente afirma que en ningún país tiene presos a "los altos jefes de la policía secreta". Él sabe que esos individuos están encerrados injustamente, por un delito inexistente, a saber, la figura del "secuestro permanente". A los cuales no se les aplica las prescripción. Más aún se les siguen nuevos procesos en el peor de los mundos kafkianos. Gracias a los militares que están presos Chile es libre, no por la extrema izquierda y la izquierda Concertacionista. Nadie dicen que se enfrentaron a DGI cubana y a la KGB.

En tercer lugar, aun cuando el Ejército a través del general Cheyre hizo algún aporte en DD.HH, sin embargo, no recibieron nada a cambio. Pues, cuando un grupo de políticos de la Derecha, el Partido Radical y la Democracia Cristiana propusieron un indulto a militares, la candidata socialista Michelle Bachelet y el Partido Socialista se opuso. El mismo partido que en dos ocasiones en democracia sostuvo que era necesario instaurar una dictadura comunista. La misma izquierda no se atreve a decir, que para llegar al socialismo era necesario una guerra civil, siguiendo a Lenin. La izquierda no pide perdón.

Al día siguiente, el Presidente Lagos dijo: "Hay muchos que no ha dicho ‘nunca más’", después de la Parada Militar. Lo que se ha traducido en que los civiles que participaron en la dictadura deben pedir perdón. Tanto los análistas y políticos Concertacionistas les gusta comparar la dictadura militar con el nazismo. ¿Por qué no la comparan con las dictaduras comunistas? ¿Qué socialista pide perdón por los 100 millones de seres humanos exterminados por el ‘progresismo’ colectivista?

Finalmente, según el Presidente, la izquierda pagó con el exilio. Pero no dicen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dos militantes del PPD o Partido por la Democracia o liberal socialista, me dijeron el año pasado: el primero, un ex – seremi de Transporte de la V Región, dijo "La caída de Allende se adelantó a la Unión Soviética". El otro dijo: "Queríamos instalar una dictadura cubana. Perdimos. Y ahora seríamos pobres". Ambos MAPU. Ahí termina su lealtad hacia sus propias ideas: renegando. De hecho, han renegado durante treinta años. Le mintieron a los chilenos y a la Europa Occidental. Nadie cree en esas estupideces. El mismo seremi me dijo a su vez, que admiraba a Fidel.

Defensa del individualismo

En su columna del sábado 10 de septiembre en El Mercurio de Valparaíso, el profesor de Derecho Aldo Valle quiere mostrar que no es lo mismo ser demócrata y liberal. Es una vieja discusión. Al liberal le preocupa la liberal individual frente al estado. Al demócrata la mayoría. No explica por qué los gobiernos occidentales se llaman democracias liberales. Por descartes el individuo se opone a la mayoría. La mayoría impone su tiranía. Lo que desea mostrar es que el socialismo es democrático y el liberalismo no. Y que es el estado es lo primero y no el individuo, para terminar citando a John Rawls como un liberal solidario. Lo que significa en castellano aplicar desde el estado la justicia distributiva, esto es, quitarle a unos para darle a otro a través de impuestos. Se equivoca, cuando afirma que el socialismo y liberalismo tienen en común “limitar y control el poder de la autoridad”. Ese es rasgo típico del liberalismo. El socialismo, por el contrario, quiere aumentar el poder del estado.

Como típico representante de posiciones colectivistas, el individualismo le produce horror, tanto como a los griegos les producía horror el infinito. Según el colectivista, el individualismo ya está superado. No les basto durante la etapa comunista, criticar a personajes individualista como el Doctor Zhivago para amoldarlos al gusto del partido y mandar a millones de seres humanos al otro mundo. En la vida real, los individuos establecen contratos y relaciones con otros individuos, y no con entelequias. Son los individuos los que crean riqueza y abren nuevos mundos. Y para ello necesitan libertad. Son los individuos los que establecen juicios de valor sobre las cosas que les gusta.

Se nota que no ha aprendido nada del siglo XX, cuando habla del “fetichismo de la libertad económica”. ¡ Que diferente es la vida de un individuo entre régimen colectivista (nazi o comunista) y a un régimen liberal! En el primero, el individuo no tiene espacio para maniobrar, ya que es esclavo del estado. La escritora libertaria Ayn Rand en su primera novela “Los que vivimos” describe su experiencia bajo los primeros años del gobierno comunista en Rusia. Para recibir su ración de alimento debían tener una tarjeta del gobierno o pertenecer al partido; cosa que el gobierno de la Unidad Popular intentó llevar a cabo. En el segundo, el señor que creó el juego “Metrópolis” pudo salir de la pobreza y del desempleo en que se encontraba en la recesión de 1929.

Los liberales dicen “si un intercambio entre dos partes es voluntario, ello no tendría lugar a menos que ambos crean que se beneficiaría de ello”. Y ello ocurre diariamente entre personas legas y letradas en distintos ámbitos, los cuales tienen distintas situaciones. Son los socialistas los que hacen abstracción de la vida.

Si el estado chileno hubiese sido tan estupendo durante el siglo XX, hace tiempo estaríamos en el primer mundo. Fue ese “estado empresarial”, mercantilista y socialista que administraba el 70% del PGB, el que impedía a las personas salir de la pobreza. La propia izquierda le ponía cadena a sus propios conciudadanos.

Prohibido viajar

Ayer el Presidente de la República anunció que a los pasajes aéreos se les va cobrar un impuesto de US$ 2, con el noble propósito de ayudar a los países pobres a salir de la pobreza. Esta propuesta cuenta con el apoyo de Francia, Alemania, Brasil, España, Argelia, Chile y las Naciones Unidas. Los franceses los llaman "impuesto de la solidaridad". Cuando en realidad es un robo, sin el consentimiento de los individuos.

En Chile se da el caso, que es más barato turistear en el extranjero que en el propio país. Así en un mundo cosmopolita o globalizado la burucracia internacional desea que los pueblos no aprendan de otras culturas.

Francia, España y Alemania son países proteccionistas, esto es, que subencionan su agricultura y cobran altos aranceles a las importaciones. Con esa política económica, naturalmente, los países pobres no saldran de la pobreza. ¿Por qué Ricardo Lagos no se lo dijo a Chirac face to face, en vez de decirlo en la ONU?

A lo anterior, Lula da Silva, Ricardo Lagos, José Luis Zapatero, Jacques Chirac y Kofi Annan son el grupo conocido como el ‘Quinteto contra al hambre’, quiere que los países ricos contribuyan con el 0,7% del PIB, para aliviar la pobreza. Una vez más, dicho aporte lo pagan los contribuyentes de los países del primer mundo, no la Internacional Socialista.

En lo que atino Ricardo Lagos en la ONU fue en denunciar los subsidios de los países ricos a la agricultura y las prácticas antidumping a los productos chilenos.

Acuerdo de la Cámara de Diputados

Acuerdo de la Cámara de Diputados 22 de agosto de 1973(Texto publicado en el diario gubernamental La Nación el 25 de agosto de 1973)

Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;

2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República --un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa-- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas "cadenas" ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;

12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;

13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad nacional" y le señaló como tareas fundamentales las de "imponer el orden político" e "imponer el orden económico", lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República;

14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;

15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;

SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.

Nota del autor. El texto del Acuerdo fue presentado, al iniciarse la sesión plenaria de la Cámara el 22 de agosto de 1973, por los diputados del Partido Nacional Mario Arnello, Mario Ríos y Silvio Rodríguez, y por los diputados del Partido Demócrata Cristiano José Monares, Baldemar Carrasco, Gustavo Ramírez, Eduardo Sepúlveda, Lautaro Vergara, Arturo Frei y Carlos Sívori. La sesión fue presidida por el diputado DC Luis Pareto y el diputado PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente.

Homenaje al dictador

Durante la campaña por la presidencia de la República ha salido a relucir la conducta que asumiría el posible candidato ante la muerte del dictador Augusto Pinochet. Sebastián Piñera ha dicho que él va a cumplir los protocolos de rigor. En cambio, la candidata socialista Michelle Bachelet ha dicho que le violenta la conciencia.

Con todo, cuando murió el dictador José Stalin, uno de los principales oradores, además de Volodia Teitelboim, fue el representante del Partido Socialista, Salvador Allende, quien elogió al dictador: "Stalin fue para el pueblo ruso bandera de revolución, de ejecución creadora, de sentimiento humano agrandado por la paternidad; símbolo de paz edificante y de heroísmo sin límites...pero sobre todo estos aspectos...están su fe inmensa en la doctrina de Marx y Lenin, su irrevocable conducta marxista". Esa vez, al Partido Socialista no le violento la conciencia.

El Partido Socialista no sólo alabó a Stalin responsable de la muerte de 20 millones de seres humanos, sino también a Lenin, quien creó los primeros Gulags del siglo XX y dejó morir de hambre a cinco millones de personas, como cuenta Martin Amis en "Koba el Temible".

Cuando Chile retornó a la democracia, el mismo Partido Socialista le rindió homenaje al dictador alemán Eric Honecker, responsable de la construcción del Muro de Berlín, con el puño en alto, como si nada hubiese pasado.

La última carta de Castro a Allende

(Carta manuscrita, reproducida en el sitio web del Centro de Estudios Bicentenario, http://www.bicentenariochile.cl/)

Habana, julio 29 de 1973

Querido Salvador:
Con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a la reunión de países no alineados, Carlos y Piñeiro realizan un viaje a ésa. El objetivo es informarse contigo sobre la situación y ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que obstaculizan y amenazan el proceso. La estancia de ellos será muy breve por cuento tienen aquí muchas obligaciones pendientes y, no sin sacrificio de sus trabajos, decidimos que hicieran el viaje.

Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo con la DC en medio de los acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu edecán naval y la huelga de los duenos de camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo, mejorar la correlación de fuerzas para caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un cauce que permita seguir adelante el proceso revolucioanario sin contienda civil, a la vez que salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos loables. Pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condiciones de valorar desde aquí, se empenase en una política pérfida e irresponsable exigiendo un precio imposible de pagar por la Unidad Popular y la Revolución, lo cual es, incluso, bastante probable, no olvides philena y por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles; ella puede, a tu llamado ante la Revolución en peligro,paralizar a los golpistas, mantener la adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir una vez, si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y combatividad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor aun cuando otras circunstancias sean desfavorables.

Tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor hasta el precio de tu propia vida, que todos te saben capaz de cumplir, arrastrarán a tu lado todas las fuerzas capaces de combatir y todos los hombres y mujeres dignos de Chile. Tu valor, tu serenidad y tu audacia en esta hora histórica de tu patria y,sobre todo, tu jefatura firme,resuelta y heroicamente ejercida constituye la clave de la situación.

Hazle saber a Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar tus leales amigos cubanos. Te reitero el carino y la ilimitada confianza de nuestro pueblo.
Fraternalmente,

FIDEL CASTRO

La Izquierda abraza la violencia política

"¿Cómo se explica que un Presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la Constitución y las leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un Gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones a la Constitución?

El mismo Presidente Allende dio la respuesta cuando, en una serie de entrevistas con el filósofo y activista francés Regis Debray, expresó: "El Presidente de la República es un socialista...He llegado a este cargo para llevar a cabola transformación económica y social de Chile, a abrir el camino al socialismo. Nuestro objetivo es el socialismo marxista, total y científico" (The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).

Es evidente que una revolución marxista que busca establecer "a dictadura del proletariado" no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley en una república democrática. Allende fue elegido Presidente de un país por el Congreso tras obtener sólo el 36,2% de la votación popular. Para establecer un "socialismo marxista, total y científico" la Carta Fundamental era un obstáculo insalvable.

Para comprender las causas de la ruptura democrática son clave los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.
En su Congreso en la ciudad de Linares(julio, 1965), el Partido Socialista, el cual perteneció toda su vida Salvador Allende y que se definía como marxista-lenista, acordó lo siguiente: "Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder...El partido tieneun objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios"(Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, 1997).

Pero fue en su Congreso en la ciudad de Chillán cuando la opción por la violencia política alcanzó su máxima expresión. Este tuvo lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115 delegados. Hubo, además, "delegados fraternales" de los gobiernos comunistas de la Unión Soviética, Alemania Oriental, Rumania y Yuguslavia, del Partido Baath Socialista de Siria y del Partido Socialista de Uruguay.

La resolución adoptada fue una verdadera declaración de guerra a la democracia: "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima...Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista...Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí misma al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada"(Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, 1997).

Uno de los principales ideólogos del Partido Socialista, y futuro Ministro sde Relaciones Exteriores del Presidente Allende, Clodomiro Almeida, especuló entonces que este proceso iniciado por su partido conduciría a una guerra civil: "La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha armada política, cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido y agudo"(Revista Punto Final, 22 de noviembre de 1967). La referencia a una guerra civil "a la manera española" es estremecedora cuando se recuerda la barbarie de ese conflicto y su millón de muertos.
Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño del país, que sería el principal partido en la coalición que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile, era el mayor y mejor organizado de todos los partidos comunistas de América Latina, y el tercero en tamaño, de todo el mundo occidental, después de aquellos de Francia e Italia.

La alianza de Allende con el comunismo venía de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que se le hizo a Stalin en Santiago después de su muerte, uno de los oradores principales fue Salvador Allende, quien alabó de esta manera al dictador comunista: "Stalin fue para el pueblo ruso bandera de revolución, de ejecución creadora, de sentimiento humano agrandado por la paternidad; símbolo de paz edificante y heroísmo sin límites...pero por sobre todos estos aspectos...están su fe inmensa en la doctrina de Marx y Lenin, su irrevocable conducta marxista" (El Siglo, 16 de marzo de 1953).

En la década del 60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), un organismo creado para exportar la revolución castrista al continente, la que había afirmado públicamente que "la revolución armada es la única solución para los males sociales y económicos de Latinoamérica".

Allende, siendo Presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la violencia guerrilla en Chile. Por cierto, desde el triunfo de la Revolución Cubana la violencia habría sido idealizada por líderes de izquierda de Chile y el continente.

Dada esta trayectoria, no es sorprende la respuesta del Presidente Allende a la Cámara de Diputados ni su creciente conflicto con el Poder Judicial. Durante 1973 la Corte Suprema le reprochado la vulneración de las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos. El gobierno de la Unidad Popular había desarrollado la teoría jurídica de los "resquicios legales", con los cuales no sólo se había avanzado en la intervención estatal de múltiples empresas privadas de todos los tamaños, sino que se estaba erosionando de manera fatal la necesaria confianza pública en las instituciones fundamentales de la República.

El 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del Gobierno a cumplir con una decisión judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al Presidente de la República: "Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de fallos judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes un omisiones producen en el orden legal, como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que implican, además, no sólo una crisis en el Estado de Derecho, sino también el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la Nación".

A los pocos días, Allende, en un discurso público, respondió de esta manera: "En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquiera otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene derecho a decidir si se llevan a cabo o no los fallos de la Justicia" (esta cita y la anterior están en Suzanne Labin,Chile: The Crimen of Resistence, 1982).
Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara de Diputados, el 23 de Agosto, la Corte Suprema adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del Gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial.

El ejercicio antidemocrático del poder por parte del Gobierno del Presidente Allende había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el Presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este Presidente y el Poder Judicial. Además, el país era virtualmente un "campo armado", lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas Armadas (Dos estudios que comprueban esta realidad, desde diferentes perspectivas, son aquellos de Paul Sigmund, The Overthrow of Allende, 1977, y de James Wheelean, Desde las Cenizas, 1991).

Por supuesto, la caótica económica del país –hiperinflación, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desabastecimiento de productos esencial, desempleo- creaba una caja de resonancia a estos conflictos institucionales, pero es necesario precisar que ese no fue el argumento del Acuerdo de la Cámara de Diputados para solicitar la remoción del Presidente Allende.
Oscar Waiss, quien fue director del Diario Oficial e íntimo amigo de Allende, refleja en estas afirmaciones el grado de extremismo que primaba en algunos dirigentes de la Unidad Popular: "Había llagado el momento de echar el fetechismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspirados; de destituir al Controlador General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucioria. Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces" (Revista "Política Internacional" N 600, Belgrado, abril de 1975).
Existen múltiples evidencias del rol tutelar que ejercía Fidel Castro sobre Gobierno de la Unidad Popular. Desde ya, éste había extendido una visita oficial a Chile de una semana a un interminable mes de recorridos por país y arengas revolucionarias. Incluso dejó una incitación escrita a la guerra civil en una notable carta manuscrita del 29 de julio de 1973. Dirigida a su "querido Salvador", la última que le escribiría, el dictador cubano lo anima a que "en caso de que la otra parte...se empeñase a una pérfida e irresponsable exigiendo un precio imposible de pagar por la Unidad Popular y la Revolución, lo cual es, incluso, bastante probable, no olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles; ella puede, a tu llamado ante la Revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y su combatividad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor aun cuando otras circunstancias sean desfavorables" (Textos completo en Testimonios).
El historiador Claudio Véliz, quien fue amigo personal de Allende en la década del 60, sostiene que los viajes de éste a Cuba tuvieron "una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía aplicar en Chile.Tras ver Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se aportó de la tradición chilena...No cabe ninguna duda que el Gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos llevó a una guerra civil" (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).
También es revelador que el Gobierno de la Unidad Popular intentara colocar a Chile en el bloque liderado por la Unión Soviética en contra de Estados Unidos y la Europa democráta. En un discurso en el Kremlin el 7 de diciembre de 1972, Allende llamó a la superpotencia comunista el "hermano mayor" de Chile. Luego, tras reunirse con Leonid Brezhnev, Alexeis Kosygin y Nikolai Podgorny, agregó que había alcanzado una "completa identidad de puntos de vistas" con los máximos jerarcas soviéticos.

Es un error entonces atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente que otras al interior de uno de los partidos de la coalición de gobierno, o a una reunión sediciosa de diputados con marineros en un barco de la Armada, o incluso a discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección de las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron, pudieron ser detonantes. Pero la causa profunda del quiebre fue la decisión deliberada de los partidos de izquierda chilena de recurrir a la violencia política como método para imponer el socialismo marxista en Chile."

LA ENTREVISTA DE FREI EN EL DIARIO ABC

"(Extracto de la entrevista al ex Presidente Eduardo Frei Montalva publicada en el diario español ABC el 10 de octubre de 1973 y realizada por el periodista Luis Calvo)

La gente no se imagina, en Europa, que este país está distruido. No saben lo que ha pasado. Los medios informativos, o callaron lo que estaba ocurriendo desde 1970, en que Salvador Allende, rompiendo todas sus promesas, y alejándose de la legalidad, inicia una obra de destrucción sistemática de la nación, o dieron noticias falsas al mundo, porque eran, acaso, sin saberlo, cómplices de esta enorme falsedad: que se estaba haciendo un raro experimento político, consistente en la implatación del marxismo por métodos legales, constitucionales, civilizados. Y eso no ha sido verdad ni es verdad. Y el mundo entero ha contribuido a la destrucción de este país, que hoy no tiene más salida salvadora que el Gobierno de los militares.

El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que se guardan en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes, Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero que son vidas humanas, y muchas, y todas amenazadas perentoriamente. Y puedo decir que estemos aún a salvo, porque –ya lo ve ested día tras día- las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer.

Los militares fueron llamados, y cumplieron su obligación legal, porque el Poder Legislativo y Judicial, el Congreso y la Corte Suprema, habían denunciado públicamente que el Presidente y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias dictadas por jueces absolutamente extraños a la política.

Allende vino a instaurar el comunismo por medio violentos, no democráticos, y cuando la democracia,engañada, percibió la magnitud de la trampa, ya era tarde. Ya estabanarmadas las masas de guerrilleros y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército.Allende era un político hábil y celaba la trampa. Pero –ya sabe usted- no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Las armas requisadas en virtud de la ley Carmona demostraron que la guerra civil se preparaba desde la Presidencia de la República.

Cuando un Gobierno...insulta y desobece al Tribunal Suprempo, menosprecia la inmensa mayoría del Congreso, provoca el caos económico, arrolla las libertades individulas y políticas...cuandoun Gobierno procede así, cuando se producen en un país condiciones que no se han producido nunca como en Chile tan claras y abundantes en la Historia del mundo, el derecho a la rebelión se convierte en deber. Es un derecho jurídico proclamado por todos los tratadistas e historiadores, como el padre Mariana en España.

Las fuerzas militares han salvado realmente al país de total aniquilamiento...Usted no desea operarse de un cáncer, pero llega un momento en que usted tiene que operarse el cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas, y el pueblo solicitó su intervención insistente, estruendosa y heroicamente. 1"

1 Nota de JP. Una vez publivada esta entrevista, Frei realizó una declaraxión pública en que reconoció haber hablado con el periodista Luis Calvo del ABC, pero también señalo que la entrevista no reflejó exactamente sus palabras, sin aclarar cuáles fueron esas impresiciones. Más tarde, en una carta del 22 de mayo de 1975 a Bernardo Leighton, Frei se refiere específicamente a que no hizo la durísima descripción de Allende que se le atribuye en esa entrevista, y que pore eso no reproduzco en este extracto. En su respuesta del 21 de junio de 1975, Leighton le acepta esa retratación sobre Allende, pero le dice que "en el resto, la entrevista corresponde sustancialmente a lo que yo mismo te oí sostener en Santiago, antes y después del golpe militar". La primera de estas cartas fue publicada en El Mercurio del 14 de junio de 1998 y la segunda en la edición del 21 de junio de 1998. Los mismos conceptos y acusaciones que Frei vierte en esta entrevista son reiterados de manera más extensa en su carta a Mariano Rumor y en el prólogo al libro citado de Arriagada.

El Acta de Rivera

"(Acta manuscrita, hasta ahora inédita, de la reunión que tuvo el 6 de julio de 1973 la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril con el Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, levantada ese mismo día por el abogado Rafel Rivera Sanhueza)

Hoy viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril concurrió a entrevistarse con el Presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18:30 horas.

Integraba el grupo Raúl Sahli Natermann, en su calidad de presidente subrogante, ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero; Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez, tesorero; Fernando Agüero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera Sanhueza, asesor jurídico.

Frei se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en la sala de la presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de oposición ante la grave situación que aquejaba el país.

Los representantes de Fomento Fabril le manifestaron su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del "tanquetazo" del viernes 29 de junio último (alzamiento frustrado del Regimiento Blindados N 2, comandado por el teniente coronel Souper), que había originado una toma masiva de industrias.

Se le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana.

Frei oyó en silencio, cabizbajo. Se le veía abrumado. Se paró de su sillón, abrió una caja de plata y ofreció cigarros ‘Partagas’ a los asistentes. Luego se sentó arrellnándose, y en forma pausada y solemne dijo que agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había soprepasado.

Claramente agregó, casi textualmente: "Nada puedo hacer yo, ni el congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles", de manera que en vez de ir al Congreso debíamos ir a los regimientos. "Les aconsejo plantear crudamente sus apresiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas", ojalá hoy mismo.

Acto seguido contó que un alto oficial del Ejército le había confidenciado que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al cual le había respondido que él y su familia eran 12 personas y que en el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su situación era en fondo irrelevante, agregándole que él, como senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que estaba cumpliendo. "Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país".

Nos despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural dubitativo y cauteloso.

Siguiendo el consejo de Frei, nos dirigimos a pie por la calle Morandé en dirección al Ministerio de Defensa. Sería alrededor de las 20 horas o más. Las puertas del ministerio estaban entornadas. Consultamos a la guardia si estaban algunos de los tres comandantes en Jefe, manifestándole que deseábamos ser rebidos por alguno de ellos.Tras las consultas de rigor se nos informó que sólo se encontraba en su despacho el Jefe del Estado Mayor de las FF.AA., vicealmirante don Patricia Carvajal. Sin embargo éste, al conocer el motivo de nuestra visita, por intermedio de ayudante mandó a decirnos que nada teníamos que plantearle, que no nos recibiría y que tuviéramos la bondad de retirnarnos.
Angustiados frente a tal acogida, no alejamos con menores esperanzas que las que abrigábamos antes de esta frustada visita."

Nota de Jose Piñera. Transcribo los párrafos relevantes de la carta que, con fecha 19 de julio del 2002, he recibido del señor Rafael Rivera Sanhueza junto con el manuscrito original de esta Acta, la cual ahora me pertenece: " Me es grato enviarte con la presente el original del Memorándum que la noche del Viernes 06 de Julio de 1973 redactara, al correr de la pluma, luego de la reunión que la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril (de la cual era secretario, en mi calidad de asesor jurídico de esa entidad gremial, sostuvo ese día con él a la sazón Presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, en su despacho. Puedo decirte que elaboré tal documento, porque quedé impresionado por la dramáticas declaraciones del ex Presidente Frei y pensé que se trataba de una reunión que podría tener interés histórico, de lo cual no estuve al parecer equivocado. Pienso que el mérito del documento no es otro que contener el testimonio acerca de un hecho de interés con estricto apego a la verdad". He pedido por escrito y recibido confirmación de los señores Agüero, Ipinza y Sahli en cuanto a que esta Acta es fiel reflejo de lo sucedido en esa reunión.

El Acuerdo 22 de agosto de 1973

Como de costumbre, la presa de izquierda de nuevo conmemora el 11 de septiembre chileno con las falsedades repetitivas. Sin embargo, José Piñera en su libro "Una Casa Dividida", nos muestra como la izquierda se quiso adueñar del país con la violencia política, para imponer una dictadura comunista de corte cubano o soviético. Ahora niegan. Obviamente, porque no les conviene. José Piñera rescata dos hechos importantes: El Acuerdo de la Cámara de Diputados y el Acta de Rivera. El Acuerdo nos muestra las reiteradas violaciones a las personas en que cayó la Unidad Popular, entre ellas, la tortura. Y el Acta de Rivera nos muestra que la oposición al gobierno de la Unidad Popular no contaba con el apoyo de las FF.AA ni la CIA, como la izquierda ha venido diciendo.


"El Presidente Salvador Allende había gobernado Chile por casi mil días cuando el miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado, a las 12 horas, para "analizar la situación política y legal que afecta al país". Apenas iniciada la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Nacional (PN) presentaron un Proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.

El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, un intelectual muy cercano al ex Presidente Frei. En su discurso de presentación del Proyecto acusó al Gobierno de Allende de haber generado una "crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento setenta y tres años de vida independiente...La situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas...Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de políticas superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego, Para una paz estable entre los chilenos, 1974).

El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el "El Estatuto de Garantías Democráticas" que había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la PDC, con sus votos en el Congreso, eligiera a Allende. En efecto, el candidato socialista sólo había obtenido el 36,2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir Presidente de la República a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. La segunda mayoría la había obtenido Jorge Alessandri, el candidato conservador, con 34,9% de la votación. Tiempo después, y ya instalado en la sede presidencial de La Moneda, Allende reconocería que él firmó ese Estatuto sólo como "una necesidad táctica"(Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).

Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien realizó una contundente afirmación: "El Poder Ejecutivo ha dejado encuadrase en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la iligimitimidad de mandato y ejercicio del Presidente de la República".

Después de otros dos diputados del PN, intervino Luis Maira, de la coalición de partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el Proyecto de Acuerdo e intentó jutificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".

La sesión de la mañana finalizó con un encendido discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edifcio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto a hacer uso de su arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, calificó a los diputados comunistas de "bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas". Ese era el clima de profunda división que se vivía en Chile tras mil de gobierno de la Unidad Popular.

A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan grave ameritan postergar la hora del almuerzo.

La sesión de la tarde, convocada para votar el Proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en seión secreta a instancias del diputado comunistas Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que ababonar el recinto. Diputados asistentes han sostenido que Insunza afirmó que fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país si se aprobaba el Proyecto de Acuerdo.

Renaudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados declaró aprobado el Acuerdo por 81 votos contra 47(63,3% versus 36,7%). A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.

El Acuerdo acusaba al Gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener peresonas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, cofiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, y violar las atribuciones del Poder Judicial, el Congreso y la Contraloría.

La mayoría de la Cámara denunciaba que el "actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ido empeñado en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario". (Texto completo del Acuerdo en Documento).

Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio más allá de la ley". Cuando al execederse en los límites de su poder una autoridad coloca al país en un estado de guerra, ese persona se ha "rebelado" ("re-bellare" proveniente del latín "bellum" o guerra). La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados, en consecuencia, es la acusación al Presidente Allende de que, a pesar de haber sido elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y traspasado el umbral de la tiranía.

Los diputados chilenos habían aprobado un documento que evoca la cadena de acusaciones que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos hizo contra el Rey Jorge III. También habían llegado a la misma conclusión: "Cuando una larga sucesión de abusos y usurpaciones, todos ellos encaminados de manera invariable hacia el mismo objetivo, revelan la intención de someter al pueblo al absoluto despotismo, es su derecho, es su deber, derrocar a tal gobierno y nombrar nuevos guardianes de su futura seguridad".

El Acuerdo de la Cámara de Diputados tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente en cuatro categorías:

Preámbulo. Contenido en los artículos 1 a 4, y que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado: "Un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición". También le recuerda al Presidente Allende que fue elegido por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".
Veinte acusaciones. De manera específica se enumeran veinte transgresiones a la Constitución y a las leyes de la República:

• una conducta sistemática destinada a instaurar un sistema totalitario (artículos 5 y 6);
• siete violaciones al principio constitucional de la separación de poderes (artículos 7, 8 y 9);
• diez violaciones a determinados derechos humanos (enumeradas dentro del artículo 10), y
• dos acusaciones de carácter sedicioso (artículos 11 y 12).
  Téngase presente. El Presidente Allende había incorporado a la política contingente a altos miembros activos de las Fuerzas Armadas. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al entonces Comandante en Jefe del Ejército. El Acuerdo, en sus artículos 13 y 14, les recuerda a esos militares que su lealtad debe estar con la Constitución y no con el Gobierno.
  
  Llamado a las Fuerzas Armadas. En el lenguaje oblicuo tradicional de la política latinoamericana, el Acuerdo, al exigirle a los ministros militares poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución (art. 15), está de hecho llamando a las Fuerzas Armadas a remover al Gobierno.
  
  Así lo comprendió claramente el Presidente Allende. El jueves 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior (lo que explica que algunos se hayan referido al Acuerdo del 23 de agosto). El viernes 24 el Presidente Allende daba su respuesta en una declaración pública y le señalaba al país lo siguiente: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado."
  
  Conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, la remoción del Presidente exigía dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente –por impopular que fuera- perdiera elecciones parlamentarias durante su período de tal modo de quedar sin el apoyo de, al menos, un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Contitución de 1925 permitía que cualquier gobierno la violara "sistemáticamente" mientras mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.
  
  La Cámara de Diputados realiza entonces un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y, a través de ellos, a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente que estaba violando la Constitución era, en la práctica, imposible.
  La respuesta de Allende al Acuerdo de la Cámara es reveladora de su confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho, pues declara que insistirá en su estrategia, ya que "tras la expresión `Estado de Derecho’ se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre los chilenos que nuestro pueblo ha rechazado, Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se supere las desigualdades de una sociedad capitalista". (La negrilla es mía)
  El origen del texto del Acuerdo es revelador. Claudio Orrego ha dado este testimonio: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de Preparar el Proyecto de Acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton...quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo... Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material que estaba muy bien hecho...Una vez terminado el trabajo- del cual guardo el original- transmití al senador Aylwin para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
  
  Según el ex diputado Pérez de Arce, quien estuvo presente en una reunión con ese propósito, el primer borrrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue enrequecido por distintas personas del PN y PDC en la búsqueda de una redacción que satisfaciera a todos y así asegurara la votación unánime de diputados de ambos partidos. Como la versión final la revisó el senador Patricio Aylwin, es indudable que el texto del Acuerdo tuvo la aprobación del senador Eduardo Frei, líder máximo del PDC, Presidente del Senado y ex Presidente de la República.
  A medida que el Gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer una revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
  
  Alexander Solzhenytsin afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla, aunque sólo sea una muralla de resolución". La resistencia civil generalizada, que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados, fue "la muralla de resolución" con la que se encontró el comunismo en Chile.
  
  El historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, ha concluido que, con el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos...removieron por la fuerza a Allende de su cargo"(Communism, A Brief of Story, 2001). "