Genocida número dos

  Después de escuchar al cantante Alberto Plaza en el canal Nueva Mente  sobre una nueva discriminación que tendrán pasar los presos políticos militares a raíz de la pandemia mundial, sentí la necesidad de manifestar a través de esta entrada mi repudio por tal medida. Es pura crueldad, falta de humanidad  y descriterio.

Conocemos la medida del actual presidente de la República, Sebastián Piñera de dejar a los presos políticos militares de Punta Peuco y de otros penales sin el beneficio de estar en sus casas a raíz de la pandemia global que surgió a raíz de Coronavirus-19. Según el gobierno, esos presos son violadores de derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. En ambos casos, están equivocados.

Piñera le teme más a la izquierda que al virus, pues de lo contrario no se entiende tal actitud.

 De nada sirvió la tonta ley contra la discriminación, pues a los militares se les discrimina. Además, se ha vulnerado la igualdad ante ley. En este país hay seres más iguales que otros, desde 1990. Hace 30 años que en Chile no existe el Estado de Derecho.

¿De qué sirvió el tratado que firmó el país recientemente sobre la protección a las personas de la llamada Tercera Edad, en la cual también estaba incluidos los reclusos? Para nada. El Estado chileno transgrede las normas que se compromete respetar. Por tanto, Piñera es violador a los derechos humanos no en el sentido de la izquierda. Les niega a los militares presos el derecho a la vida.

Para actuar con sentido común, lógica, criterio y humanidad no necesita haber firmado tal o cual tratado internacional como nuestras autoridades lo han hecho desde 1990. No hay escuchar a un experto de la ONU, CIDH, la OEA, OMS y de la OECD.

 En los hechos, en Chile no hubo genocidio. Tal delito como ya sabemos no retroactivo. Por tanto, cuando las cortes han fallado así y los políticos se han expresado así, es que se han salido de la Constitución y de la ley.

  Todo lo gira entorno a los derechos humanos, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha es totalmente arbitrario. Por supuesto, que durante la Unidad Popular no se violaron los derechos humanos, lo que es falso. Aquí hablo en términos de un gobierno. Por otro lado, tampoco fueron violadores de los derechos el Mir y los otros grupos de izquierda de ese período, lo que también es falso. Desde que los militares tomaron el poder, entonces, se comenzó hablar de los derechos humanos.  La Iglesia Católica  hoy como ayer –antes del brote del virus- guardo silencio ante el ataque marxista. Más bien, su máxima autoridad apoyo dicho proyecto que termino en el debacle del país. Fue el primer opositor al Gobierno Militar. El año pasado, uno de sus personeros manifestó ser partidario de una nueva constitución.

Justo después del 11 de septiembre empezó el tema de los derechos humanos. Durante todo el Gobierno Militar el problema no fueron los terroristas o guerrilleros, sino las organizaciones que se crearon para combatirlos. La Iglesia Católica protegió a través de la Vicaría de la Solidaridad a las organizaciones de extrema izquierda que estaban en guerra contra el gobierno de turno. Además, apoyados por países extranjeros como Cuba y los países de la Europa del Este bajo la tutela soviética.

  Asimismo, desde 1990 la izquierda instalo la idea del terrorismo de Estado, lo que es falso. No existe tal cosa. Y que solamente los agentes del Estado son los que cometen violaciones a los derechos humanos, con lo cual el delincuente a partir de esa fecha es una víctima del sistema económico.  Antes eran los terroristas. Por eso, hemos visto a lo largo de estos años que cada vez que un carabinero actúa y hiere a un maleante, lo dan de baja. Y la coronación de tal estupidez llega con la reforma pro ONU a Carabineros, que los deja en la más completa indefensión. Carabineros ya no será una fuerza. Con la insurrección quedaron totalmente sin derecho a la autodefensa, pues matan o hieren a un saqueador, a un  ‘primea línea’, a unos terroristas, entonces, son violadores de los derechos humanos.

  El señor José Rodríguez Elizondo antes de la plaga escribió un artículo titulado Los silencios del estallido en que habla de la relación civil militar y de la competencia de las Fuerzas Armadas. Quizás por temor para él y alivio para otros, que intervengan los militares. Esa otra columna para contar medias verdades, pues él formó parte de la Unidad Popular. No le gusta la expresión ‘cívico-militar’, pues probablemente lo asocie al Gobierno Militar. Enfatiza el profesionalismo de los militares en su ámbito a partir de unos supuestos artículos del general Prats publicados en Argentina, omitiendo que fue Allende quien puso a los militares en la política. Luego recoge la idea del general marxista: “ese legado se reconocía la especificidad de la vida militar, con su disciplina jerárquica y su universo simbológico; se llamaba a distinguir entre la revancha y la necesidad de hacer justicia en materia de derechos humanos; se postulaba la inserción castrense en la sociedad y se convocaba a dialogar con los militares que quisieran dialogar”. Según Elizondo, eso lo llevo a cabo a la ex Concertación. Para la izquierda marxista leninista, las Fuerzas Armadas eran su enemigo como muestran las declaraciones del Partido Socialista en el congreso de Chillán y del Mir. Es absurdo que los militares dialogaron con quienes pretendían destruirlo. Mete otra idea de los noventa, a saber, de la inserción castrense en la sociedad, si ellos siempre han formado parte de ella. Sólo los militares violan los derechos humanos, no los terroristas. Él no distingue entre justicia y venganza, pues lo que sufren los militares presos es venganza.

Los derechos humanos tal como lo entiende la izquierda, la ONU y otras organizaciones como Amnistía Internacional, Human Right y los intelectuales como el señor Elizondo no consideran el derecho a la autodefensa como un derecho humano. El único que merece respeto por vida es el agente que usa la violencia, no aquel que emplea la fuerza o usa la autodefensa.

  No hay que pedirle peras al olmo. Recuerden que el año pasado, cuando algunos presos políticos se les otorgó la libertad condicional, después de varios años de negárseles, la izquierda presiono para que se cambiaran las condiciones para acceder a ella. Este problema, finalmente, lo zanjo el Tribunal Constitucional, quien previa golpiza que recibió su presidente, decidió poner condiciones que los militares por su edad y la cantidad de condenas, hacen imposible que puedan acceder a ellas. Así ese tribunal se salió de la ley y la Constitución.

  Y este verano ante el deceso del abogado de derechos humanos de izquierda, José Zalaquett, el Presidente Piñera dijo: “Significa una pérdida para la causa de los derechos humanos y para Chile. Le debemos mucho a José, quien estuvo abierto al diálogo y colaborar con las buenas causas”. Cabe recordar que el fallecido abogado fue parte de la sesgada e inconstitucional “El Informe Rettig” y que es la causa de la persecución que continua hasta ahora.

Igualmente, la ex demócrata cristiana, Mariana Aylwin le rindió  un homenaje por su cuenta twitter. Si hasta “el mechero” Gabriel Boric que admira a los terroristas del Mir ,del FPMR y apoyado la violencia que estalló el 18 de octubre lo considera un maestro: “Gracias maestros por haber enseñado a dudar”. Dicho sea de paso, si Boric creyese en la duda, él y la izquierda no tendrían que enojarse porque alguien cuestiona las llamadas ‘violaciones a los derechos humanos’. Como vemos, se contradicen.

El mismo Boric a raíz del proyecto que pone a las Fuerzas Armadas resguarden la estructura crítica del país dijo: “Hoy votaremos en la Comisión  de Constitución proyecto del gobierno que resguarden  la estructura crítica del país. Votaré en contra. No estoy disponible para permitir que las Fuerzas Armadas medien en conflictos sociales poniendo en riesgo los derechos humanos”. Tales afirmaciones suponen varias cosas. Para él las personas que han tirado bombas molotov, lanzado piedras y usado hondas contra Carabineros no violan los derechos humanos. Además, de los que han saqueado e incendiado supermercados. El que ejerce la violencia no viola los derechos humanos.

 El abogado Zalaquett propuso como el resto de la clase política el salvavidas de plomo a los presos políticos militares, a saber, que saldrían libres en el momento de tener una enfermedad terminal. Para él los terroristas no violaron los derechos humanos, ni tampoco se violentaron esos derechos en la Unidad Popular. Que a los militares les niegue la igualdad ante ley, no le importo. Que a los militares los condenen a base de presunciones, tampoco. Que a los militares se les condene con delitos ficticios como el ‘secuestro permanente’, tampoco. Y por último, que se les condene con delito retroactivo cuando la misma ley, establece que no se puede, tampoco.  En fin, el señor Zalaquett fue un abogado mediocre.

  El cantante Alberto Plaza también cuestionó los dichos del actual ministro de Justicia, Hernán Larraín de no otorgarle ese beneficio a los presos políticos militares. Según Larraín, no se estaría haciendo justicia al permitirle estar en casas de sus familiares.

 Pues bien, tanto Sebastián Piñera como Hernán Larraín apoyaron indultos de la ex Concertación  a los terroristas, sin preocuparse de que no se haciendo justicia a las víctimas de los grupos FPMR, Frente Lautaro y Mir.

  Piñera no quiere que la izquierda lo acuse de ser violador a los derechos humanos, si usa la fuerza para acabar con la violencia. Cuando supe de tal decisión, que lo mejor podrían hacer alguien de nuestro sector es presentar un recurso de protección para que los dejen libres,  por un lado. Por otro lado, si mueren los militares por el coronavirus que acusen a Piñera y su ministro de Justicia de crímenes de lesa humanidad; de la misma manera como alguien presentó una querella de genocidio contra Bachelet por la muerte de niños en Servicio Nacional de Menores. Lo menos espera Piñera es que le den una estocada la gente que lo apoyo.

Y, por último, nos queda otra que la Justicia Divina se cargó del actual mandatario y de su ministro de Justicia.

Se preguntaron, ¿Por qué genocida número dos? La primera es Michelle Bachelet.

El actual mandatario perdió la última oportunidad de su vida de ser un humano decente.

La movida de las Naciones Unidas

     No se saca nada de criticar a la izquierda, sino se tiene en cuenta las Naciones Unidas. Es una batalla perdida. Lo digo no más porque a los representantes públicos del liberalismo, que aparecen en canales de Youtube y que son invitados en conferencias nacionales e internacionales explicando lo ocurrido en Chile, lo omiten. 

   Las Naciones Unidas es el gran paraguas que tiene la izquierda para protegerse e instalar sus políticas a nivel global, aunque sean minorías en cada país. Las agencias  de la ONU podríamos compararlas con el Caballo de Troya.

   Yo veo a la ONU como una tele de araña o una hidra con varias cabezas.

   Esta entrada la quería escribir el año pasado.

   Previamente, Chile había suscrito el Pacto de Refugiados de la ONU y no el tratado migratorio. Con todo, Piñera pretendía hace una nueva ley de inmigración basándose en el acuerdo que no se firmó. Eso es lo primero. Cuando Bachelet viajo a Venezuela a investigar las violaciones a los derechos humanos, justo en ese momento llegaron refugiados al puesto fronterizo de Chacalluta. Como el país recién había firmado el acuerdo tenía que acogerlos. 

   Entre tanto, algunos países reconocieron como el gobernante de Venezuela al chavista Juan Guadió, entre ellos varios importantes como Alemania. Sin embargo, la Naciones Unidas reconocen a Nicolás Maduro como el presidente de ese país. 

   Luego de la visita de la Alta Comisionada ella firmó un acuerdo con la tiranía chavista relacionado con los derechos humanos. Se estableció un Memorando de Entendimiento. Bachelet dijo: “Mi Oficina y yo estamos comprometidos a trabajar de manera cercana con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país”. 

   Han muerto más de 330.000 personas en veinte años. Y así y todo, Bachelet pide “una solución pacífica”. Cuando ella perteneció al grupo terroristas Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ahí se justificó el uso de la violencia. Por eso está Museo de la Memoria dedicado a quienes combatieron el gobierno militar, no a quienes sufrieron el terrorismo. 

   Por meternos con Venezuela, el país recibió un ataque el 18 de octubre pasado que nos encamina al Plebiscito del 26 abril, y que todo el proceso constituyente ya tiene el guion escrito como lo ha manifestado más de una vez Nicolás Maduro. Los venezolanos tendrán que sacarse la tiranía, así como nosotros lo hicimos con Allende. 

   Ahora bien, justo un día antes de la subversión y sedición Venezuela pasa a formar parte del Consejo del Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos visto la torpeza de Piñera cuando pidió a la ONU que investigara y observara el actuar del gobierno, y no de los que destruyeron estaciones del Metro, incendiaron supermercados y los posteriores actos vandálicos que conocemos. Los Observadores de Derechos Humanos que mando Bachelet hicieron el ridículo, pues los violentistas hicieron lo que quisieron mientras estuvieron en el país. Totalmente indiferentes ante la violencia estos expertos. La conclusión fue que Carabineros de Chile son los  que violaban los derechos humanos y no aquellos que han usado la violencia desde el 18 de octubre. Y por tanto, había reformarlos.

    El programa de segundo gobierno de Bachelet se fraguo en las Naciones Unidas. Recuerdo haber visto un comentario del canal Paralelo 33, en que un forista ponía un enlace de la ONU referido a cambiar todas las constituciones del mundo. El Sistema de la ONU en Chile creo a través de sus diversas agencias en el país, el Grupo Interagencial sobre Cambio Constitucional en 2016. Luego que Bachelet anunciara el 2015: «Chile necesita una nueva y mejor Constitución que nazca en democracia y que exprese la voluntad popular”. Piñera asumió el programa del gobierno anterior al rendirse a la extrema izquierda. El Grupo Interagencial lo componen: PNUD, UNICEF, ACNUR,FAO, OIT, UIT, ONU Mujeres, UNFPA, OIM, OMS/OPS y la Oficina del Coordinador de Residente de las Naciones Unidas en Chile. Lo que se creó en esa fecha allanó el camino para que el país firmara en este gobierno a “la agenda 2030” de la ONU. 

  Todas las agencias de la ONU en Chile han denunciado que Carabineros hace tal o cual cosa, mientras le hacen la vista gorda a los violentistas, saqueadores, encapuchados, terroristas y vándalos. Además, los juicios de esa burocracia internacional los comparte el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. 

  Luego de sus vacaciones en el país, Bachelet volvió a denunciar la supuesta violación a los derechos humanos no sólo en nuestro país, sino en Ecuador, Bolivia y antes metiéndose en el proceso de paz de Colombia. A Cuba no la toca.

   Si Bachelet creyera en realidad en los derechos humanos, ella hubiera renunciado cuando las Naciones Unidas pusieron a Venezuela en el Consejo que aborda esos derechos. Antes de Venezuela estuvo Cuba. 

 Y el líder ese país dijo que volvería a postular para formar parte por tercera vez del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Otra cosa interesante que encontré, es que Cuba ha estado dos veces en ese consejo: desde 2014 al 2016 y desde 2017 al 2019. 

   Cuba a igual que Chile ha ido al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos. Todo sigue igual en la isla cárcel. 

   Mientras tanto, la Alta Comisionada de Derechos Humanos y, por tanto, las Naciones Unidas se queda callada con respecto a la tiranía comunista cubana. 

   Teniendo todos estos antecedentes, ¿alguien se va tomar en serio los juicios sobre derechos humanos que ha vertido la ONU y Bachelet sobre Chile, desde que estalló la insurrección del 18 de octubre pasado?