El legado nefasto de Patricio Aylwin

  Cuando tome una micro y escuché los comentarios por las radio sobre el ex presidente demócrata cristiano y primer gobernante de la Concertación, Patricio Aylwin, quien falleció  el martes 19 de abril, me provocó indignación. Lo alaban de estadista, humanista cristiano, que se preocupo de los pobres o tuvo intereses social y que se enfrentó al mundo militar. Creo que Allamand decía que teníamos una democracia imperfecta en 1990. Y de la derecha añoraban la democracia de los acuerdos.

   El “Estadista” presentó un proyecto de ley que fue fatal en la Reforma Agraria. Dio su voto en la elección de 1970 para el presidente marxista llegará al poder, pues había coincidencia entre el programa de la DC y la UP. Luego se opuso a ésta última con el Acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973, llamando a los militares, que derrocaron a Allende: “El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista". El sector de la DC que él lideraba esperaba que la Junta Militar les devolviese el poder a ellos, y como no quisieron, entonces, se volvieron opositores al Gobierno Militar o cívico militar, oponiéndose a la Constitución de 1980 que nos rige y al modelo económico liberal. El programa original del primer gobierno de la Concertación era volver a 1970 y subir los aranceles a las importaciones. Si hasta la diputada comunista, Camila Vallejo se benefició al adquirir un auto Subaru. Tendiendo en cuento lo dicho, ¿Puede considerarse estadista a Aylwin?

  Para el demócrata cristiano que está recibiendo un funeral de Estado por haber sido el primero entre los pares, le vienen las palabras del monologo de Hamlet: “El paciente mérito que recibo hombre indigno”. Aylwin es responsable de la situación y persecución de los militares de Punta Peuco. Pues, la Izquierda ha usado el famoso Informe Rettig para querellarse contra ellos. Dicho sea de paso, el Informe se llamó ‘Verdad y Reconciliación’. Y la verdad, que sido mentira y irreconciliación. Gracias él a los militares de su generación no se les ha respetado la Ley de Amnistía de 1978 y la igualdad ante ley. La misma ley que benefició al grupo terrorista Mir y los indultos a los terroristas del FPMR, que cometieron crímenes desde 1979 hasta 1990. A los terroristas les conmutó la pena de vacaciones permanente en Europa. ¡Tienen que ser difícil cumplir lo que dice la ley! Además, indulto a personas que habían sido condenadas a cadena perpetua. Pidió a la Corte Suprema reinterpretar la Ley de Amnistía.

 Cuando un periodista de La Segunda , que luego fue vocero de prensa del general Pinochet en el senado, si había indultado a personas con delitos de sangre, él se enojo. Desde luego que lo hizo y con consentimiento de la Derecha por la paz del país. 

  Una frase célebre que refleja su ignorancia sobre el funcionamiento de la sociedad y de la civilización fue y que a los enemigos de la libertad les gusta: “El mercado es cruel”. 

 También se ha hablado que él tuvo que volver a relacionar el mundo civil y el mundo militar. Más bien, a los políticos con las Fuerzas Armadas, pues no hay olvidar que gran parte de la civilidad apoyo al Gobierno Cívico Militar de las Fuerzas Armadas. Se vio en el respaldo que obtuvo el general Pinochet en el plebiscito, un 46% y luego su funeral, que los medios intentaron minimizar la larga fila. En la última entrevista, que reproduce la revista Que Pasa, a cargo del académico Abe Lowenthal y su ex ministro, Sergio Bitar, quienes publicaron el libro Transiciones democráticas: conversaciones con líderes mundiales, dice lo mismo. Los académicos de la Izquierda crearon la imagen de las Fuerzas Armadas estaba fuera la sociedad, como si fuera un compartimento estanco. De ahí todas las reuniones con los altos mandos de las respectivas ramas armadas. Incluso una que dio en España, pasando por Mesa Diálogo que diálogo no tenía nada, hasta llegar al papel lastimoso del general Cheyre. El problema en el gobierno de Patricio Aylwin no eran los militares, sino los terroristas. 

 El siempre dijo en sus entrevistas que el general Pinochet jugó un rol importante en la llamada ‘transición a la democracia’. Después de su mandato dijo en una entrevista: “Tal vez la permanencia de Pinochet (durante mi gobierno) ha ayudado a la estabilidad del proceso". Después de 10 años de primer gobierno de la Concertación seguían diciendo que la transición no había terminado: “Más allá de mis diferencias políticas con el general Pinochet, en cuanto gobernante creo que su presencia contribuyó a que no tuviéramos ningún episodio de esa naturaleza en la transición chilena (…) creo que el general Pinochet cumplió bien con su función”. En su última entrevista lo volvió a reiterar, para en esos años no saliese un coronel al estilo del argentino, Aldo Rico. 

  Un hecho clave de su gobierno fue la elaboración del sesgado Informe Rettig de “Verdad y Reconciliación” para investigar los supuestos crímenes ocurridos en ese gobierno de los militares, olvidándose de los crímenes que realizo el grupo terrorista Mir entre 1968 o 1967 hasta 11 de septiembre de 1973 y meses siguientes, que afecto a los comunes de la derecha y de la democracia cristiana. En dicho Informe acuñaron la expresión ‘violencia política’ para ex culpar a la Izquierda que opto por la vía armada, instalar una dictadura comunista, como si un grupo de personas estuviesen poseídas, por lo cual no son responsables de sus actos. He dicho es como decir un virus al estilo de la película los Usurpadores de Cuerpos se posesiona de las personas de Izquierda. 

¿Cuál es el origen del Informe Rettig? En la última entrevista que le hicieron al ex presidente a señala que a él se le ocurrió: ”La comisión de Verdad y Reconciliación fue formada para investigar los crímenes de la dictadura. La convoque al principio de mi periodo. Fue fundamentalmente mi iniciativa”. Nótese que esa afirmación, en realidad, es prejuicio hacia los militares como ha sido la tónica desde 1990. Se los pre-juzga por la prensa o por las opiniones que dan los políticos con la etiqueta de ‘violadores de los derechos humanos'. 

  Sin embargo, no es así. Aylwin mintió al país. La realidad es otra. En efecto, cuando fue la huelga de hambre que hicieron los mapuches terroristas que emboscaron al fiscal Elgueta para cambiar la Ley Anti Terrorista , lo cual lo consiguieron, gracias a Sebastián Piñera, el parlamentario de la UDI, Hernán Larraín dijo: “No sé si fue mi impresión, mas las palabras del político oficialista dejan entrever otra cosa. El primer Gobierno de la Concertación, presidido por el demócrata cristiano, Patricio Aylwin libero a los terroristas porque temía que les causaran problemas”. Esa es la verdad. Al leer las palabras del parlamentario de la ex derecha sospeche que el peligro en la ‘transición a la democracia’ no fue el Ejército ni las Fuerzas Armadas en su conjunto, sino los terroristas. Finalmente, mi sospecha salió confirma con las palabras del diputado socialista Marcelo Schilling en ese período, que nos revela el origen del famoso Informe Rettig: “Alguna experiencia tengo en esto de enfrentar la violencia política de los grupos armados, y quiero decir que si en su oportunidad no se hubiesen tomado medidas como llevar adelante el Informe Rettig, hacer las leyes de reparación y levantar las limitaciones que imponía la ley de Amnistía, todo eso se habría convertido en bandera de lucha de los grupos violentista”. He allí el origen de nuestros infortunios, de las millonarias reparaciones a familiares de las ‘victimas’ y de la falta de piedad hacia los militares de Punta Peuco. No fue paz, sino que los chilenos y el Presidente de la República fueron extorsionados. Les temió a los terroristas. Ese fue el origen oscuro del Informe Rettig, donde colaboraron de la derecha el filósofo Cristóbal Orrego y el historiador Gonzalo Vial Corra. Según Aylwin, le pidió a Francisco Bulnes, más éste se negó. Encerrar a los militares fue la moneda de cambio de la transición y de la paz social, o sea, extorsionar. Hemos tenido una tregua, hasta que llego la Nueva Mayoría que desea arrasar todo. No escribo ‘paz’ a secas, porque no es así. En cambio, la expresión ‘paz social’ que tanto le gusta a Bachelet supone amenazar. Desde 1990 la política se ha basado en amenazas, si no se suben los impuestos o si no se hacen las reformas constitucionales, entre otras cosas, se acaba la cohesión social y otras cosas por el estilo.

  Igual vale la preguntarse: ¿Quién está mintiendo: Patricio Aylwin o el diputado socialista? No sé si le paso por la mente la solución de la Guerra Civil de 1891. Sólo sé basándome en las declaraciones de Larraín y Schilling que la clase política que fueron cobardes. 

   Desde entonces, comenzó la persecución a los militares y la agenda de los derechos humanos desde distintos frentes: el CDE, la oficina del Ministerio del Interior, el INDH y, por último, la subsecretaria de derechos humanos. Las instituciones mencionadas jamás se van querellar contra los terrorista indultados y amnistiados. 

   Aylwin dejo fuera de la Concertación al Partido Comunista, con todo, se dejo extorsionar por grupos terroristas. Por eso, tan prisa en indultarlos o cambiarles las penas y que continuaron los gobiernos de esa coalición hasta el socialista, Ricardo Lagos, mientras crearon junto la derecha jueces especiales para investigar y condenar a los militares. 

  Una frase célebre suya: “Justicia en la medida de lo posible”. A decir verdad, injusticia en la medida de los posible.

  Durante su gobierno se subieron los impuestos, como si los pobres no pagaran el IVA. Típico de los demagogos, como si solamente lo pagaran las empresas y los ricos: “por las impostergables necesidades en materia de salud, vivienda y educación, me he visto en la obligación moral de subir los impuestos de primera categoría desde un 10% a un 15% y el IVA desde un 16% a un 18% por un período de cuatro años y por una sola y única vez”. Ese fue su lado social y humanista cristiano del cual tanto ufanan los progresistas. 

  En una entrevista, menciono en forma despectiva a Krassnoff, si gracias a éste sus familiares tienen sus bienes, entre otras cosas.

  El ex presidente Patricio Aylwin fue el responsable del conflicto de La Araucanía. De hecho es conflicto artificial. José Aylwin Oyarzún y el historiador José Bengoa fueron los asesores de la comisión para los asuntos indígenas “Comisión Histórica y Nuevo Trato”. En esa ocasión fue refutada por el historiador Sergio Villalobos. Julio Bazán Álvarez, autor del libro “¿Es mapuche el Conflicto?’ señala el ministro José Antonio Viera-Gallo asumió un “Compromiso de Estado” de entregarle tierras a los mapuches en base al derecho de tierras. Según Bazán Álvarez, no existe tal derecho. En vista de que no había oferta, ya que los propietarios tienen vigente su propiedad inscrita, “el gobierno se ha movilizado presionando a pequeños agricultores para generar un poder vendedor” desde 1990. Asimismo, señala el autor del mencionado libro que la ley 19.253 que creó la Concertación abundan conceptos vagos que no tienen asidero en la realidad: “tierras ancestrales” y “pueblo mapuche”. Con esa desafortunada ley, cualquiera persona de descendencia mapuche o cualquiera con la acreditación de indígena concedida por la Conadi puede solicitar tierras.

   Bazán concluye que el problema en esa región son de dos cosas: “El problema en La Araucanía es un problema de soberanía no de orden público” y “Se han transgredido las normas del estado de derecho”.

    El presidente demócrata cristiano es el responsable del terrorismo y la violencia, pues “la ley generó expectativas de tierras que no se podían tener porque todas estaban con títulos de dominio vigentes. La ley creó aspiraciones imposibles de cumplir. Generó una base, un fundamento, para la activación de los movimientos extremistas, y ese es el núcleo, el origen de la violencia en el sur”.

   Este el legado de Aylwin. Primero, un país dividido en base a la mentira y la venganza. Ni Reconciliación ni Verdad. Segundo, la violencia que hay en la región de La Araucanía.

El Gran Hermano en las universidades

  Estamos ante una Revolución Comunista que pretende retroceder a 1973. Todas las reformas son innecesarias hemos dicho. Una de las reformas es que la implica la educación superior. Los cambios que se hicieron durante el Gobierno Militar, tampoco quedaron las universidades tradicionales, que para cuando Allende cayó estaban en mal estado. En ese gobierno tan denostado fue el les abrió las puertas a las universidades privadas.

   El Programa de la Nueva Mayoría consiste en sobreponer el papel del Estado en todos los ámbitos, aun cuando el progreso del país se no ha debido al Estado, sino a los particulares o la iniciativa privada. 

   Me queda más claro que el agua, que la reforma la Educación Superior que se hizo durante el Gobierno Militar fue mejor, hasta la Izquierda burguesa y la revolucionaria se benefició. Mirando en retrospectiva. De hecho, en ese período no tuvieron problemas a que la Iglesia Católica creará la Academia de Humanismo Cristiano para acoger a los exonerados del gobierno de Allende, que más tarde se llamaría Universidad Alberto Hurtado, por una parte. Por otra parte, que la Izquierda fundará el Instituto Arcis (Instituto Superior de Ciencias Humanas, Comunicación y Diseño) en 1982, que luego Universidad de Arte y Ciencias Sociales del Partido Comunista y a su vez el Instituto de Arte y Comunicación (IACC), que luego sería conocida UNIACC o Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Las tres instituciones mencionadas las crearon que personas opositoras al gobierno de Pinochet. Con todo, dicha administración a esos institutos les respeto la autonomía, su ideario y financiamiento. No les hacia asco a los ex UP el lucro. O sea, pagar por un servicio. ¡Y qué decir de las universidades proclives a la Concertación creadas, después de 1990! 

  Recientemente, se filtro unas minutas del Ministerio de Educación sobre las universidades. Dos personas han puesto la alerta sobre ella. Uno, es el ex vocero del primer Gobierno de la Concertación, José Joaquín Brunner y el otro es el abogado y historiador, Gonzalo Rojas. 

   Nada puede esperarse de ministra de Educación, Adriana Delpiano que perteneció al Mapu, cuyo objetivo era exterminar a los 800 mil bolicheros que había en la UP. Y de la subsecretaria de Educación, la ingeniera Valentina Quiroga que no esconde su comunismo. Las minutas muestran que la visión del gobierno para las universidades es, pues, establecer un sistema de vigilancia y policiaco en la Educación Superior. 

  Según Gonzalo Rojas , se quiere establecer una policía educacional dentro de las universidades. Para resguardar la calidad estará entregada a un Sistema Nacional obligatorio a través de cuatro organismo, todos, por cierto, estatales. En resumen, “La calidad en manos de unos burócratas que sólo se distinguirán unos de otros por su mayor o menor ideologización”. Agrega que tan tamaño disparate vino de “los jóvenes jacksonianos que redactaron tamaña barbaridad se hayan atrevido a poner todo eso por escrito”. Van a chequear cada artículo que se publica en una revista internacional o nacional. 

   Como si lo anterior no bastara, la Superintendencia de Educación tendrá 20 atribuciones solo comparables a un servicio de inteligencia universitaria o policía educacional. Los que se verán afectados por este sistema opresivo serán los profesores. 

   Por otra parte, José Joaquín Brunner tiene el mismo diagnóstico que Rojas. El título de su extenso artículo es “Vigilar y controlar la educación superior”. 

   Dice que el gobierno no está a dispuesto a deliberar. Esa no es novedad. Así lo hizo con la reforma tributaria, con la reforma que afecto solamente a los colegios particulares subvencionadas y ahora con la reforma laboral: “evita u obstaculiza la deliberación pública, sin mostrar mayor interés por esclarecer sus objetivos y justificar racionalmente sus iniciativas de reforma”. El gobierno emplea el doble-pensar de la utopía negativa 1984 del inglés Orwell. Dialogar es imponer. Escuchar no es oír.

   Él no tiene tapujos en apuntar al Presidente de la República y su equipo “bajo la dirección política de la Presidenta y su gabinete, aspiran a consagrar un papel dominante del Estado…. junto con un estatus de privilegio para las universidades estatales”. La no médico es ahora experta sobre la calidad de la educación. Las Universidades tradicionales ya son un cartel como dijo el actual de la Universidad Adolfo Ibañez. No quieren competencia. 

   La Superintendencia de la Educación Superior (ES), según Brunner haría extensiva la oferta estatal y desde luego, su financiamiento. Se daría paso de un sistema mixto a una francamente estatal controlados por el Estado, ya sea por el financiamiento y las extensivas regulaciones, dejando un pequeño espacio “de mercado para la provisión privada de élite” como se hacen con los colegios particulares pagados. 

   También critica el concepto ambiguo  “con vocación pública” para referirse en la categorías en que quedaran las universidades. Así las universidades privadas se las legisla solamente en términos del lucro y su gobierno. 

 Asimismo, corresponde a la Superintendencia fomentar instituciones estatales con valores: “educación laica y pluralista; actitud reflexiva, dialogante y crítica; equidad, inclusión y no discriminación; probidad, transparencia y rendición de cuentas; colaboración y trabajo en red; participación”. Coincide con Rojas en las minutas no se menciona la autonomía universitaria.   Brunner enfatiza que el sistema de Educación Superior que propone el gobierno, “Nada escapa a su control”. Lo mismo que Rojas. Citaré un párrafo: “El Comité deberá, entre otras funciones, asesorar al Ministro de Educación en la formulación de políticas para el fortalecimiento, promoción y desarrollo de la educación superior estatal; proponer mecanismos de actuación conjunta de las instituciones estatales; proponer un desarrollo de la oferta académica pertinente y armónica a los requerimientos del territorio en donde se encuentran emplazadas las instituciones; proponer mecanismos para la articulación horizontal y vertical entre las distintas instituciones; promover el desarrollo de programas y equipos colaborativos para el desarrollo de la investigación y la vinculación con el medio entre las distintas instituciones estatales”. 

   La cualificación que está hasta ahora a cargo de la CRUCH estaría supeditada a una fuerte Subsecretaría de Educación, pues el Estado tendría nuevos poderes, tales como currículos, fijaría el número de vacantes y los aranceles. Incluso, menciona el ex vocero de gobierno, que se crea un estatuto especial para “resguardar la prohibición de lucrar que recae en las instituciones de educación superior privadas constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro”. Lo mismo que ocurrió con los colegios particulares subvencionados. Inspectores vigilando el pecado del lucro. 

  A continuación enumera las cuatro dimensiones de autonomía, según La Asociación Europea de Universidades. Pues bien, las minutas no las menciona. Más bien, hay restricciones. De nada sirvió el exilio en la Europa Occidental. 

  José Joaquín Brunner nuevamente coincide con el historiador Gonzalo Rojas a propósito de la Superintendencia de la Educación Superior, pues aquélla es “un órgano de vigilancia panóptica y con facultades amplias de supervisión e intervención en instituciones (privadas principalmente, cabe imaginar, aunque la ley no distingue)”. De las facultades de nivel policíaco también están de acuerdo los dos. Más aún, Brunner cita a Max Weber al referirse a las funciones que tendría la Superintendencia de Educación Superior: vigilancia, supervisión, intervención y fiscalización. Él se refiere a “la jaula de hierro” de la burocracia del sociólogo alemán. 

  Las universidades que se acogieron a la gratuidad quedarán sujetas a lo que diga el Estado en sus términos: fijar vacantes y aranceles. Se supone que los precios son libres. Asimismo, la gratuidad de la que se ufanan en el gobierno y los parlamentarios de la coalición gobernante han generado déficit de plata. 

   De esta reforma salen beneficiadas las universidades estatales por sobre las privadas. Nada nuevo. Es el objetivo del socialismo: poner obstáculos a las actividades de los particulares. La educación no se escapa de ello. 

   El único error del Gobierno Militar fue condenar el lucro del cual se ha agarrado la Izquierda para cambiarlo todo para peor. 

   Las transformaciones de las que tanto habla Bachelet consisten estar a merced, arbitrio de los burócratas de turno. Olvídense de la autonomía académica.

Trabajar por más y mejor mercado

Por el blog de Maximo me entere del revuelto que ha causado la implementación del sistema de transporte de personas de la empresa norteamericana UBER, que usa automóviles particulares. Cuando leí su post, me acordé de las palabras del ministro de Interior, el demócrata cristiano o de Centro, Jorge Burgos a principios de marzo en el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes) UC, donde dijo ante empresarios y académicos asegurándoles que no se tocarían los pilares del modelo económico que instalaron los militares: “Trabajar por más y mejor mercado y por más y mejor Estado” . 

   Desde luego los taxistas se han opuesto. Ya hicieron una manifestación la semana pasada. 

  No sabía que era un mercado tan regulado por el Estado, pues éste es el dice que cantidad de taxis tiene que haber por región, el color que tiene que usar. Ahora como están las cosas es un nicho cerrado. Tampoco sabía que las licencias para tener un taxis eran caro. En efecto, el sitio El Mostrador del 2014 reveló que el valor de un permiso de un taxi es de entre 8 y 10 millones de pesos. Con eso tienen asegurado el sueldo del presidente de la República, ministros, subsecretarios y los asesores. 

   Ahora bien, entrar en mercado significa desembolsar 18 millones de pesos entre el auto nuevo y permiso correspondiente.

 Según la CONFENATACH del 2014, el valor del permiso para ellos “Es el único bien de nosotros, como patrimonio. Es como un seguro por los años de servicio”. Ahora entendemos porque los pasajes de taxis son caros. 

  Por la página del ministerio de Transporte leemos : “Actualmente el parque de taxis se encuentra, por ley, congelado en todo el país, por lo que es imposible otorgar permisos para ejercer dichas modalidades de transportes. De la misma manera, no esta permitido realizar traslados de taxis a regiones”. 

 El sistema UBER emplea una aplicación móvil que hay que bajar de su sitio, que sirve para iOS y Android. En realidad, los UBER funcionan con tarjeta de crédito, lo que significa que el número de clientes se reduce a diferencia de el taxis que realizan la transacción con efectivo. Otra diferencia es que los conductores de los UBER pueden rechazar el pedido, no así los taxistas. En el sistema privado, los usuarios califican al conductor, cosa que no ocurre con los taxis. Además usa autos casi nuevos.

 El actual ministro de Transporte, Andrés Gómez-Lobo calificó el sistema UBER: “Es una competencia desleal y no debiera estar permitido”. El ex ministro de ese ramo del gobierno anterior, Pedro Pablo Errázuriz le replico “es como prohibir Internet para proteger al Fax”. 

  Asimismo, para el actual ministro de transporte, las personas que lo  han empleado son tontas: “El llamado a la ciudadanía es a utilizar las aplicaciones que efectivamente utilizan los conductores profesionales y que tienen los vehículos que la ley exige y a evitar las aplicaciones que utilizan vehículos que no cumplen con la normativa vigente”. O sea, los usuarios que han empleado ese sistema son tarados, irresponsables y no saben lo que hacen.

 Más aún, ingreso al parlamento una ley que prohíbe usar plataformas on line y aplicaciones para smartphones. Esta última iniciativa es de la oposición socialista de Centro. Específicamente, del secretario general del movimiento Amplitud, Pedro Brown, quien considera que hay que crear un registro de pasajeros y automóviles. Y pedirle, además, la obligación de contratar seguros. 

  En todas partes del mundo, el gremio de los taxistas es protegido por el gobierno. Recuerden no más el valor del permiso. En España, es el ministerio de Fomento es quien los protege, aquí es el de Transporte. 

  Como dije una vez, cuando el Estado se agranda, mercado se achica. Lástima que en el país no hay en los medios un periodista como el norteamericano John F. Stossel, quien en reportajes defiende y difunde el libre mercado. Si hubiese un periodista así, se lo hubiera sacado en cara al ministro de Interior y poniendo a éste en conflicto con el ministro de Transporte.

   Dicho sea de paso, cuando la Universidad Marroquí de Guatemala le entregó el título de Doctor Honoris Causa a John Stossel, en el 2008 dijo en ese lugar: “Comencé con una visión del mercado como un lugar cruel, en el que se necesitaba de la intervención del estado y de los abogados para proteger a la gente. Pero luego de ver trabajar a los reguladores, he llegado a la conclusión de que los mercados son mágicos y los mejores protectores del consumidor. Es mi trabajo explicar las bondades del libre mercado”.

   Que el Estado no intervenga a regular un sistema que funciona impecable. Después de todo no se conoce quejas de los consumidores, ni de los empleados. Pues, ya sabemos cuando empiezan las regulaciones, echan a perder lo que ha funcionado bien. Esa es la definición de socialismo.

Contrapunto

  A las personas de derecha que han participado en la cosa pública, ya sea de la academia, ya sea en la política a través de cargos públicos, que se opusieron al proyecto totalitario del gobierno marxista leninista de Salvador Allende, luego apoyaron el gobierno cívico militar o el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y una vez, que los militares entregaron el poder de acuerdo a su itinerario, los mismos que los apoyaron empezaron lentamente a darle la espalda y creerle el relato de la Izquierda. Mientras ésta última jamás abandono a los terroristas del Mir y del FPMR encarcelados y condenados conforme a ley, los políticos de la ex derecha se sintieron avergonzados de los militares asignados a la DINA y la luego CNI, como si hubiesen hecho algo malo. Por eso, los dejaron a su suerte, mientras aprobaban los indultos a los terroristas bajo los gobiernos de la Concertación. 

   Esas personas las califique de la Generación Perdida, mientras que a los partidarios de la fracasada UP los denomine la Generación Maldita. Bajo esa expresión no caen por cierto, los comunes, ya que a ellos no les corresponde hacer las tareas que tendrían que haber hecho los políticos y académicos del sector. No solo está perdida, sino interiormente dividida con respecto al pasado, los derechos humanos hasta abrazar las banderas del adversario. Esa es la guinda de la torta. 

  En marzo, no sé a quién se le ocurrió la idea de traer de vuelta la Constitución de 1925 con el único propósito de hermanar la Izquierda y la Derecha. De paso sepultar la Constitución de 1980 y estar en sintonía con el programa de la Nueva Mayoría que desea cambiar la Constitución que nos rige. Además ha sido exitosa. 

   La división que he mencionado la podemos ver poniendo cara a cara al profesor de Historia y abogado, Gonzalo Rojas Sánchez y al abogado y escritor Arturo Fontaine Talavera, quien desde 1983 se convirtió en director del Centro de Estudios Públicos (CEP). Durante su período antes que los militares devolvieran el poder “ Muchos opositores encontraron allí un lugar donde plantear sus posiciones a través de artículos en Estudios Públicos.. Junto a otros centros de estudio como Cieplan, CED, Flacso y Sur, el CEP desempeñó un papel clave en el término de la dictadura y la transición”. Los que ayudo son partidarios de la retroexcavadora de la Nueva Mayoría. El primero se califica con orgullo se conservador, mientras el segundo se califica de liberal. Ambos pertenecen a la misma generación. Ambos apoyaron la intervención militar. El primero siempre ha defendido la verdad histórica, el segundo se paso a la Izquierda al formar parte del directorio del Museo de la Memoria. Al primero se ha preocupado de la sistemática violación a los derechos humanos cometida a los militares preso en Punta Peuco, el segundo le ha hecho la vista gorda al no respetarle el Estado de Derecho, el debido proceso. Y eso que ufana de liberal. Que a los militares no se les aplique la igualdad ante ley, que es un principio liberal, no le produce un sentimiento de injusticia. Rojas es odiado por la Izquierda y la extrema Izquierda, mientras Fontaine es querido por ella, sobre todo, por los grupos terroristas Mir y FPMR. ¿Por qué creen el Presidente Bachelet en su primer mandato lo eligió para que formara parte de directorio de esa institución sesgada? De hecho, escribió una novela al gusto de la Izquierda Doble Vida, en que trata de una torturada y de un implacable agente de seguridad. Hasta visito el penal menciona igual que el novelista Truman Capote para su novela A Sangre Fría. Le gusta repetir los cliché de la ex UP: ”Las causas no exculpan los posteriores horrores y sevicias que… vulneraron de modo sistemático la vida, el cuerpo y la dignidad de tantas personas. El Estado fue entonces victimario".

       El escritor Arturo Fontaine tuvo un debate hace tiempo con el historiador Gonzalo Rojas sobre el papel de las Fuerzas Armadas , en tiempos del general del Ejército, Emilio Cheyre. Según el poeta y novelista, éstas últimas no eran un patrimonio de ningún sector político: “El Ejercito y, en general, las Fuerzas Armadas no deben asumir como parte de su doctrina permanente la legitimidad del golpe militar de 1973. Esto sin perjuicio de las opiniones de sus jefes y de su personal. Si lo hicieran podrían en peligro su naturaleza de fuerzas nacionales. El golpe fue una intervención de la política interna del país que atravesaba por una situación de excepción. Las circunstancias y motivos que dieron origen hace 30 años al derrocamiento del Presidente Salvador Allende pertenecen a la historia de la “guerra fría” y de la inserción de Chile en ella. Constituye ya materia de estudios para analistas e historiadores”.

   Cuando alguien arguye la expresión “guerra fría”, simplemente, no cree en la libertad entendida como responsabilidad. Y por tanto, asumir, las consecuencias de sus acciones. El contexto sirve para entender, lo que no implica dejar de lado la posibilidad para elegir entre el bien y el mal. Dicha expresión más bien la emplean como lo hace Fontaine y la Izquierda para quitarse una decisión por la cual optaron. Al final, el responsable es el “otro”: la Guerra Fría, el Padre o la Madre, el medio ambiente, la familia y el país. 

   El historiador Gonzalo Rojas les responde con estas palabras: “En esta misma tribuna el Director del CEP ha sostenido que “El Ejercito y, en general, las Fuerzas Armadas no deben asumir como parte de su doctrina permanente la legitimidad del golpe militar de 1973”. 

   Esta posición empalma bien con lo que ya se había deslizado en uno de los párrafos de la Declaración de la Mesa de Diálogo, cuando se afirmó que en el futuro jamás debían usarse medios no democráticos para procurar un cambio de gobierno, lo que implica un tácito reproche a la legitimidad del 11 de septiembre. Y esa declaración no la había firmado un profesor universitario, sino un general del Ejército de Chile”. 

   Luego argumenta Rojas que lo diferencia el conflicto de 1891 y el gobierno de Ibañez de la Unidad Popular, es que no fue una disputa entre el Parlamento y el Ejecutivo; aunque haya desembocado en miles de muertos en Concón y Placilla, pues no era una cuestión de vida o muerte para el país. Agrega: “Distinto es el caso de la Unidad Popular. Partidarios y detractores del proceso allendista –en las fuentes y en las divergentes miradas históricas- califican a los años 70-73 como el único período en que el país ha estado a punto de ser consumido por una guerra civil larvada y a las puertas de la guerra civil abierta. Mientras unos allendista gritaban “No a la guerra civil”, otros partidarios del mismo gobierno infiltraban a las FF.AA. y formaban aparatos paramilitares de miles de hombres (recordar las confesiones al respecto de Corvalán, Altamirano y Pascal Allende). Estábamos inserto en la Guerra Fría, nos dice el mismo Fontaine”. 

   Más adelante cita al propio Fontaine, quien era vocal de la FEUC en abril de 1973: “Lo que la ENU persigue es dar al Estado la ideología socialista-marxista. Para ello no educa sino adoctrina. Porque ¿qué significa ‘educar’ para una sociedad socialista?...Aunque en Chile fueran –o de otra tendencia- no sería legítimo implantar un sola concepción, impidiendo de hecho su cuestionamiento. El educando que no es libre, pasa de persona a robot de un Estado totalitario”. Añade Rojas: “Que bien entendía el profesor Fontaine en abril de 1973 la naturaleza de la amenaza, de vida o muerte que se cernía sobre Chile”. 

   Según el profesor Rojas, no se puede sostener que los argumentos de el derecho a rebelión es legítimo y luego rechazarlo cuando las cosas son distintas como lo hace Fontaine, ya que “ellas en realidad carecerían de la radicalidad que se les exige para ser aplicables”. Después dice:“¿Qué sentido tendría ponderar su posible aplicación en medio de unas determinadas circunstancias concretas y llegar efectivamente a la conclusión de que la rebelión es la última salida a una crisis si se temiera que en el futuro alguien quizás dirá que existían otras posibilidades de solución? Simplemente estaríamos así ante la imposibilidad de aplicar el derecho de rebelión y, por tanto, frustraríamos toda su eficacia ante el ilegítimo agresor. O la rebelión es, fue y será siempre legítima en ese caso concreto o nunca lo fue”.

   Si razona así el profesor Arturo Fontaine no esperen que se conmueva de la injusticia que sufren los militares, a los cuales se les aplica delitos inexistentes como el secuestro permanente, o bien, se les imputa delitos que no pueden ser retroactivos como el delito de lesa humanidad. Sobre todo, no se les aplica la igualdad ante ley.

  En vez de evolucionar, involuciona. La coalición gobernante obtuvo el 26% de los votos. Uso la elección presidencial como una suerte de plebiscito al tener la posibilidad los electores de poner la “marca AC” en la boleta. Y aun así, los partidarios de marca AC no obtuvieron nada. A lo que se suma, que la mayoría del país rechaza al Presidente Bachelet y a la Nueva Mayoría. La Nueva Mayoría es la Nueva Minoría. Teniendo esos antecedentes, uno esperaría que los políticos y académicos de la ex Derecha se sumaran a la mayoría contraria al gobierno. Sin embargo, no es así. Ahí tenemos al Partido de Renovación Nacional proponiendo una alternativa al itinerario del gobierno para la Nueva Constitución. Ahora el ex director del CEP está proponiendo volver a la Constitución de 1925. 

    Él lo expone de esta forma : “Pero una Constitución política surgida bajo el régimen del general Pinochet es muy difícil, si no imposible, que a la larga se legitime como la Constitución de todos. La razón es que el régimen militar divide y seguirá dividiendo a la sociedad chilena. El dolor causado por la transgresión sistemática de los derechos de las personas y la condena moral que ello suscita impiden que el fundamento común de la convivencia democrática haya emergido de ese mismo régimen.” Fíjense en la frase “la transgresión sistemática de los derechos de las personas”. Repite el coro de los derechos humanos de la Izquierda, cuando los terroristas del Mir y del FPMR no atentaron contra el derecho de las personas. También se le olvido de las violaciones sistemáticas a los derechos de la Unidad Popular. 

   Según él, la nueva constitución tiene que partir de la Constitución de 1925 vigente hasta el 10 de septiembre de 1973. Mas reformada. No sé cómo Fontaine se puede tomar en serio el último discurso de Salvador Allende, cuando éste dice que respeto la ley y la Constitución. Ya se olvido de cómo concebían el Estado de Derecho la Unidad Popular: “injusticia económica y social”. Para el presidente marxista que tuvimos: “Sólo se realiza plenamente en la medida en que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista”. ¿Qué tiene que ver la igualdad ante ley con las desigualdades naturales? 

  ¿Qué gran diferencia entre Gonzalo Rojas y Arturo Fontaine Talavera sobre la Constitución de 1925? Para el primero, la otrora Constitución fue responsable de que Allende instalase un gobierno totalitario , cosa que la actual Constitución de 1980 con sus cerrojos o contrapesos ha impedido que la Nueva Mayoría haga lo que quiera y tengamos un Hugo Chávez, Cristina K, Evo Morales y Nicolás Maduro. Otro Allende: “La Constitución de 1925 estuvo vigente completa hasta el 10 de septiembre de 1973 y fue justamente bajo su ordenamiento que Allende y su gente pudieron desarrollar el proyecto pre totalitario que conmovió a Chile”. Siguiendo con el razonamiento anterior, la Constitución de 1925 fue “co–causante de nuestra crisis”.

  Finalmente, enumera más los defectos que virtudes que tenía: “un texto que no incluye un reconocimiento explícito a la dignidad y libertad de la persona, que no consagra el derecho de los padres como primeros educadores, que no establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que no regula la autonomía del Banco Central, que no establece el recurso de protección, que consagra un Tribunal Constitucional de poca monta y que minimiza el papel de las Fuerzas Armadas”.

  Está claro que para Arturo Fontaine Talavera la Nueva Mayoría no es la Unidad Popular recargada y que Bachelet no es Allende. Así de ciego está.