Despeñadero moral

Mientras comentan del nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, como si fuese un mesías en gloria y majestad, prefiero volver a una de las tantas peleas que hay que dar en el país, a saber, el respeto al Estado de Derecho.

Una vez más, la persecución hacia los militares por parte de la izquierda revanchista y resentida tiene una víctima. En efecto, se suicidó el coronel en retiro, Eduardo Oyarzun, porque no se le respetó sus derechos humanos. Su delito: haber sido comandante del Regimiento Maipo. La izquierda no asume todavía que perdió y que fue derrotada. Desde luego, los Derechos Humanos son única y exclusivamente patrimonio de la izquierda. ¡Vaya uno a oponerse, porque sufrirá el rigor de la nueva inquisición ‘progresista’ que les niega a sus antiguos enemigos o adversarios los derechos humanos que dicen defender!

Vean lo que le pasó a la diputada liberal del partido de oposición Renovación Nacional, Karla Rubilar. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos interpuso una querella contra la diputada, el abogado defensor del general en retiro, Manuel Contreras, Javier Gómez y contra el propio general. Naturalmente, quien interpuso la querella fue el abogado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez partidario de las funas. Para él como para la abogada Pamela Pereira sus amigos terroristas del Mir, del Frente y del Lautaro no violaron los Derechos Humanos. Gutiérrez declaró en la prensa: "una maniobra de inteligencia que ya se ha logrado desmantelar, y en consecuencia queremos que se siga investigando a la luz de los nuevos antecedentes que estamos acompañando". Es una burda mentira, pues como dijo el abogado Gómez simplemente querían chequear, ni siquiera consultó a Manuel Contreras. La prensa de extrema izquierda en seguida se puso a fabular, hablando de una ‘operación de inteligencia’, desde el campo de concentración Punta Peuco. Y como dijo un comentador en ‘La Tercera’: ¿la ANI no descubrió la operación? Hay recordar que previamente la cándida diputada se dirigió a esa agrupación para manifestarle su preocupación por supuestos falsos detenidos desaparecidos. Dicha grupo de señoras le agradeció a Rubilar apuñalándola por la espalda.

Dicho sea de paso, la abogada de los Derechos Humanos del Partido Socialista, Pamela Pereira declaró cuando Ricardo Lagos indultó en el 2004: “El criterio de la revisión de los juicios (a los presos políticos) es la clave". O sea, ella llama ‘presos políticos’ a sus amigos terroristas. Teniendo la perspectiva de ahora, ¿por qué ella supone que Manuel Contreras debe saber sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, si la izquierda ha mentido como he mostrado? La señora Pereira podría explicar ¿por qué los terroristas tenían varios carnet de identidad falsos? ¿y por qué a personas que se las considera oficialmente muertas por sus familiares, los jueces condenan a los militares por secuestro? Me acordé que Hermógenes Pérez de Arce su libro ‘Contra la Corriente’, recuerda que el americano de la película Missing nunca desapareció, ya que el SML de la época encontró su cuerpo. Con todo, en el Informe Rettig aparece como desaparecido. Y así tiene que haber más.

Viendo las noticias acerca de la osamentas encontradas en la ex Escuela de Paracaidismo del Ejército, me llamó la atención la declaración del Director del Servicio Médico Legal: "No se trata, por lo tanto, de un caso vinculado a situaciones de represión durante la dictadura o víctimas de la violación a los derechos humanos como ocurrió en 2004”. Pensé que estaba delante de un médico forense al estilo de las series Huesos y Crossing Jordan. Luego me acordé que era terrorista del Mir, Patricio Bustos. ¡Un terrorista que quiso instalar una dictadura del proletariado a principios de la década del setenta del siglo pasado! Un viejo resentido y amargado, cuyo mundo desapareció. Por supuesto, el SML nunca investigará las muertes perpetrados por esperpentos como el señor Bustos, ni mucho menos la Brigada de DD.HH de la policía de investigaciones, que tiene como libros de cabecera los Informes Rettig y Valech, respectivamente.

Cuando la justicia ha fallado a favor de los militares, el gobierno reacciona con odio. En efecto, en el fallo del 22 de enero la Corte Suprema absolvió a lo que la prensa llama ‘la cúpula de la DINA’, en la cual incluyen al general Manuel Contreras, los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez. Aún así, el fallo anterior es ilegal porque Krassnoff nunca perteneció a la cúpula de la DINA, no respeta la ley de Amnistía y la prescripción. A la izquierda no le importa, pues la abogada Loreto Sepúlveda del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestó: "Es un fallo que nos vuelve al pasado, pensamos que ya habíamos avanzado en el tema de la aplicación del Derecho Internacional, pero parece que no es así”.

Suena majadero decir, pero para la abogada del Ministro de Interior sus amigos terroristas que trabajan en el gobierno y que ahora reciben una pensión, nunca violaron los Derechos Humanos, cuando asesinaban y ponían bombas.

Despeñadero moral como decía un intelectual de izquierda en la revista ‘Rocinante’.

La maldad haciendo de las suyas

mMientras en el país unos intentan buscar trabajo y otros emprender, aquellos que trajeron el odio, el terrorismo, que arruinaron el país y que intentaron imponer una dictadura comunista o totalitaria tienen la desfachatez de pedir al Estado una pensión. Me refiero , por cierto, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que a través de una revista se supo que ex dirigentes de ese grupo terrorista solicitaron al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza una pensión, porque dicho grupo era ‘una empresa’. Es lo más absurdo. Pascal Allende, uno de los terroristas responsables de varios crímenes contra la humanidad, se basa en que a ellos les pagaban. El contralor, finalmente, aceptó. Y desde el 2007 reciben una pensión. Ellos se consideran ‘exonerados políticos’. Es para no creerlo, pues los terroristas que asaltaban bancos, secuestraron aviones para llevarlos a Cuba, que secuestraron y torturaron al director de ‘Las Ultimas Noticias’ del Sur e intentaron infiltrarse en la marina, y que querían destruir el capitalismo para instalar el socialismo de corte soviético, ahora quieren vender la imagen que eran funcionarios.

Lo que hizo el contralor es ilegal. Me asombra que esa noticia se haya sabido por la red. Ni siquiera ha aparecido en la sección de noticias nacionales en ‘La Tercera’ y ‘El Mercurio de Santiago’, respectivamente. Lo que debería ser un golpe noticioso, como dicen los periodistas, no lo es. Solamente, ayer vi una carta al director al ‘Mercurio de Valparaíso’, quejándose. Mientras tanto, ¿dónde está la oposición para detener esas aberraciones? No hay que asombrarse, pues hay varios terroristas en el Gobierno, como el ministro de Defensa, José Goñi y el actual director de Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, entre otros. Y el mundo de la cultura, la ex director de la revista ‘Rocinante’, Ferida Zerán. En la nómina se encuentra Jaime Yovanovic, el autor intelectual del atentado del intendente Carol Úrzua, quien después se refugió en la nunciatura. Más aún, los dinosaurios afeminados del Mir tienen la arrogancia de hablar de ‘represión política’ hacia ellos.

Además, los terroristas arguyeron que ante contralor que el pronunciamiento les quito su fuente laboral. Sin embargo, siguieron ‘laborando’ en la clandestinidad. Recuérdese el asesinato del Intendente de Santiago Carol Urzúa y sus dos escoltas, el Director de la Escuela de Inteligencia Roger Vergara. Entre las labores del Mir hay que recordar que en marzo de 1980 colocó una bomba en la comuna de Conchalí, donde quedó mutilada la menor de nueve años de edad, Karina Ferrada Carrasco y donde murió José Sáez Pérez, de once años. A ellos no se les violaron los DD.HH. El que el MIR haya pedido una pensión, que un diputado oficialista diga por la prensa que los beneficios del Informe Valech lo hereden los descendientes de las supuestas víctimas y que una viuda de una falso detenido desaparecido diga que no va devolver la pensión, no es más que un subproducto de los Informes Rettig y Valech.

Los derechos humanos siguen siendo un patrimonio de la izquierda, como quedó demostrado la semana pasada, cuando la ingenua y tonta inútil diputada de oposición, Karla Rubilar fue a la casa de Gobierno para que guardaran un secreto hasta que no se verificase si estaban desaparecidos o no; cosa que el Gobierno no respeto. El asunto no es Rubilar, sino que a un ser humano le negaron el derecho de defenderse a través de un abogado. Me refiero a Javier Gómez abogado de Manuel Contreras, como se mostró elocuentemente por la prensa escrita y tv. La prensa tuvo su minuto de Odio al mejor estilo de 1984. Todos a gritar porque Javier Gómez era abogado de Contreras. Baste ver la entrevista que tuvo el abogado Gómez con el periodista del canal 13 cable, Daniel Matamala. Me recordó la ‘conversación’, que varias veces he nombrado con alguien del PPD. El abogado perdía el tiempo dando explicaciones.

El abogado de derecha Marcelo Brunet confirma el doble estándar que tiene la izquierda en materia de DD.HH, cuando intenta mostrar que si el senador Jaime Guzmán hubiera sido de izquierda, los asesinos estarían detrás de las rejas. Con una salvedad, Brunet aún sigue enmarcado en la lógica de la izquierda, cuando habla de los derechos humanos. Después de todo, los asesinos del senador están tranquilos en Cuba, como manifestó el ministro de Interior del ex Presidente Eduardo Frei Tagle. Lo que significa que si un militar mató un terrorista, es una violación a los derechos humanos. Cuando fue al revés, no se violaron los derechos humanos.

Ciertamente, en este doble estándar también lo apoya la Iglesia Católica chilena a través de monseñor Alfonso Baeza, quien fue a visitar al terrorista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández a Brasil, según sostuvo en el diario ‘La Nación’ de ese país. Me sorprenden las declaraciones del prelado. Si es que las entendí bien, Baeza afirma que Hernández es apenas el autor intelectual de dos crímenes y por tanto "não tem suas mãos manchadas de sangue". Ahora bien, monseñor Baeza como el autor ruso de ‘Crímen y Castigo’ le busca circunstancia atenuantes al terrorista, para devolverlo a Chile, como lo hizo con sus amigos terroristas del Frente Lautaro: “todos cometemos erros, produzimos males ou sofrimento a outras pessoas, mas quando há arrependimento e mudança é possível mudar de opinião”. Sin embargo, este monseñor, hombre de Dios tiene otra actitud hacia los militares presos en los campos de concentración de Punta Peuco y Cordillera. Les niega literalmente la sal y el aceite. En una comisión de la Cámara Alta, el representante de la maldad propuso eliminar, entre otras cosas, el requisito de 70 años, dejar solamente la condición de enfermedad Terminal y excluir a los directivos de los organismos estatales de seguridad de un probable indulto. Otrosí, manifestar públicamente estar arrepentido. La maldad de monseñor es evidente, pues la mayoría que están presos tienen sobre 70 años. Versión chilena de las purgas de Stalin. La izquierda nunca se ha arrepentido de sus crímenes, ya que de vez en cuando vemos en las calles carteles del Mir y del Frente celebrando sus luchas con el fondo del ‘Che’. ¿De qué arrepentimiento me hablan?

La maldad se pasea como Pedro por su casa en este país.

Tiempo de no callar

En un principio pensaba titular este artículo “decir la verdad”, que es lo que había solicitado la diputada de oposición y presidenta de la Comisión de los DD.HH. de la Cámara Baja, Karla Rubilar al Gobierno a raíz de nuevos antecedentes sobre falsos detenidos desaparecidos. Preferí titularlo “tiempo de no callar” por un artículo en “La Tercera”, en que el periodista de cine de la CNN Chile, Héctor Soto, celebró que el mejor columnista de “El Mercurio de Santiago”, Hermógenes Pérez de Arce se retirara a los cuarteles de invierno. Soto es un buen ejemplo de cómo el progresismo banaliza el terrorismo comunista que asoló a América Latina, en la década del setenta del siglo pasado; para él no se violan los DD.HH., cuando se es víctima del terrorismo, ya sea del Mir, Montonero y el FPMR.

Sin embargo, desde el pronunciamiento militar la izquierda comenzó a mentir. El perjurio ha sido el deporte de la izquierda desde que perdió. Mintió sobre la muerte de Allende, falsificó las memorias del general Prats y mintió la sobre el número de muertos producto de la propia violencia de la izquierda. La izquierda sin la mentira no es izquierda. Como recuerda el ex mirista Mauricio Rojas: “Fue en ese momento cuando traté de imaginar lo que sentía nuestro observador furtivo, uno de “ello”, de aquellos que en nuestro Chile del futuro no tendrían cabida” (p.74). Puesto que no se ha dicho la verdad, tenemos que un novel historiador que compara el pronunciamiento militar con una pandilla uniformada. Parece que desconoce el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973. Eso un producto de los Informes Rettig y Valech. La última movida de la Democracia Cristiana para que renuncie Karla Rubilar nos ilustra la baja moral.

En efecto, ahora se ha sabido que hay otros falsos detenidos desaparecidos. Además del caso Germán Cofré Martínez que estuvo de vacaciones en Argentina. Otros falsos detenidos son Emperatriz del Tránsito Villagra Maturana, que según el Informe Rettig murió "víctima de la violencia política imperante en el país", después de haber ido a dejar a su marido. Con todo, la señora Emperatriz murió en 1955. Su marido lo denunció al Comité Pro Paz. Más aún, la señora Emperatriz aparece en el sumario que llevó el juez español Baltazar Garzón contra el ex general Augusto Pinochet. Luego está la historia de Carlos Patricio Rojas Campos, quien según el Informe Rettig sufrió persecución política por lo que se fue a Argentina. Con todo, el Gobierno supo que vivía en Argentina y después solicitó que se le retiran la pensión. Por último está el caso de Edgardo Iván Palacios, quien fue detenido el 11 de septiembre de 1973, y luego dejado en libertad. La Comisión Rettig no pudo formarse una opinión cabal. En 1994, fue reconocido oficialmente como detenido desaparecido. Se supo de la existencia del señor Palacios, porque murió indigente y su cuerpo llegó al Servicio Médico Legal (SML).

Habría que agregar los falsos detenidos que se le acusan a Miguel Krassnoff, a saber: Iván Monti, quien fue visto por el señor Raúl Armando Herman en 1977; Ricardo Troncoso Muñoz, quien vive en México, según el Ministerio de Relaciones exteriores y el terrorista Luis Gregorio Muñoz Rodríguez, quien está muerto. Los familiares mostraron al juez un certificado de defunción. Si alguien le hiciera llegar a la diputada Karla Rubilar el libro sobre Krassnoff, podría anunciar más estafas con los Derechos Humanos.

El Informe Rettig no tiene ninguna validez, pues, entre los que aportaron a la Comisión son los propios terroristas del Mir. ¿Cómo el Mir se iba autoinculpar, por ejemplo, del secuestro y tortura del director de las Ultimas Noticias de Concepción realizado por Luciano Cruz, en Junio de 1969, o la brutalidad del comandante “Pepe” en Neltume, quien asesinó al marido de una mujer, y luego violó a la mujer y a su hija?

Me asombra las declaraciones aberrantes del ministro en visita, Carlos Gajardo, quien afirma: “tendría que hacer una condena sobre la base de algún secuestro u homicidio”. Otrosí, no encuentra ninguna ilegalidad en los procesamientos a los militares. Que se aplique la Ley de Amnistía para algunos y para otros no, es normal. O sea a los militares se los condena por homicidio. Los terroristas asesinaron a inocentes antes, durante el Régimen Militar y después de éste. Y no hay ningún juez investigando al respecto. La mayoría está indultada. ¿Para qué sirvió el Informe Rettig? Y si los condena por secuestro, entonces, están en las celdas. Como pregunta un bloguero al filósofo conservador Cristóbal Orrego: “¿Cuántos de los autores conocidos están hoy indultados, o contratados por el Gobierno en diversas reparticiones, y cuántos militares han sido igualmente indultados?¿Cuántos causas por crímenes, cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978 y cometidos por terroristas de izquierda, han sido reabiertas?¿Qué han hecho las "organizaciones de Derechos Humanos" por proporcionar ayuda legal a las victimas del terrorismo de izquierda antes citadas?”

Por tanto, con mayor razón no hay que callar.