La prueba del delito de sedición

   Los medios tanto extranjeros como nacionales al estadillo delictual e insurreccional que comenzó el 18 de octubre pasado lo sigue llamando estadillo social. Incluso en un comunicado la Mutual de las Fuerzas Armadas y de Orden emplea esa expresión, lo cual es un error. Es como decir como un mantra que en Argentina murieron 30.000 personas bajo gobierno militar de ese país, cuando en realidad murieron alrededor de siete mil personas. Ni siquiera se atreven apuntar a los dos partidos a saber, el Frente Amplio y el Partido Comunista como los responsables. Algunos políticos se atreven apuntar al PC. Con todo, si fuesen serios, rechazarían el Plebiscito del 26 de abril que nació con la violencia. Después de  todo, el sueño de los políticos opositores al Gobierno Cívico Militar chileno, es cambiar la Constitución de 1980 sólo porque lo hicieron los militares junto con un grupo de civiles. La firma del socialista Ricardo Lagos es irrelevante. Él califica de petra, ya que no le gusta los altos quórum que resguardar la vida, la libertad y la propiedad. 

   Tampoco les interesa los principios en que se inspira la actual constitución, los cuales han permito al país desarrollarse y gozar de bienestar como nunca. Tanto la democracia cristiana como la izquierda de la ex Unidad Popular le interesa que el Estado esté a la cabeza del desarrollo y no las personas, simplemente para robar ya sea en forma legal con sueldos millonarios, ya sea en forma ilegal. Por esa misma razón a los políticos progresistas les importa un comino que las empresas estatales tengan pérdidas. Les produce urticaria que la constitución establezca, por ejemplo, que las personas tienen derechos anteriores al Estado. No me refiero a los derechos sociales, sino a la vida, la libertad y la propiedad. O el principio de subsidiariedad o un banco central autónomo del gobierno de turno.

    Conocemos la declaración de la actriz comunista Florencia Lagos en Venezuela, en la que reconocía que el grupo ‘Unidad Social’ está conformado por cientos de agrupaciones que dicen supuestamente representar a la sociedad civil, que lo único que han hecho es provocar miedo e inseguridad para achacarle la culpa al sistema económico. Si fuera por mí, a ese grupo que es un brazo del Partido Comunista, además, de los anarquistas y el lumpen, los acuso de crimen de lesa humanidad, por el desempleo y la ruina que les han provocado a millones de chilenos. 

   Pues bien, gracias al canal #RSTChile tenemos otra prueba que el Partido Comunista está detrás de este golpe de Estado en cámara lenta como le gusta decir algunos. En efecto, el dueño del canal mencionado se puso a googler. Primero como él cuenta busco cuántas veces aparecía la expresión ‘estallido social’ y el buscador le entregó una determinada cantidad. Luego escribió ‘revolución’ y llegó al sitio de la extrema izquierda https://rebelion.org/, donde encontró el artículo de Alejandro Lavquén titulado ¿Estallido Social? No ¿Revolución? Sí. El artículo es del 3 de febrero de este año.

     ¿Qué dice? El texto afirma : “De acuerdo a la prensa y partidos políticos, incluso lo dice el gobierno, los sucesos que vienen ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre de 2019 son considerados un “estallido social”, eufemismo para definir lo que en la realidad es una revolución, que como toda revolución su meta son cambios estructurales en lo político, económico, jurídico y social”. Es una revolución hacia la izquierda. 

   El propósito de la nueva constitución como he expresado es cambiar el modelo tanto en lo económico, jurídico, político y social. En el segundo gobierno de Bachelet lo intentaron hacer, sin embargo, fracasaron. A la mayoría del país no les interesaba las reformas estructurales. Como vemos el lenguaje se repite.

   El autor que reconoce que es una insurrección: “Insurrectos legitimados, en el actual escenario, por la violencia y atropello sistemático a los derechos humanos por parte del gobierno a través de Carabineros, PDI y, en su momento, las FFAA. Insurrectos, además, legitimados históricamente por la violencia y explotación ejercida contra el pueblo, desde 1830 a la fecha, por la oligarquía, los militares y la policía”. Esto es una prueba que el Partido Comunista quiso derrocar el actual gobierno que ganó abrumadoramente en las últimas elecciones. Y es una prueba de lo que sospecho a la política ex demócrata cristiana, Mariana Aylwin: “No me cabe duda de que al Partido Comunista le interesa que este gobierno caiga. Y si este gobierno cae, es un intento de desestabilización no del gobierno, sino de la democracia. La misma tarde, antes de que se supiera cuántas estaciones del metro habían sido vandalizadas, ya estaba pidiendo la renuncia de Piñera. Entonces, uno dice: esto es sospechoso”. 

   Yo creo a diferencia de la ex ministra de Educación ya no estamos en democracia, ya sea por la violencia que comenzó el 18 de octubre y que los políticos progresistas quieren que la población se acostumbre a los saqueos, a los actos vandálicos, a los incendios a autos como lo vimos en Viña del Mar, iglesias, supermercados, etc, ya sea porque los tres poderes del Estado se han salido de la Constitución. Ellos emplean la violencia, pero culpan al gobierno, a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. 

   Vemos que los derechos humanos es simplemente un arma política. ¿Dónde están los derechos humanos de los carabineros a los cuales les han lanzado bombas molotov y han atacado a sus cuarteles? 

    Prueba, asimismo, que violencia continuará independiente quien gané el próximo Plebiscito de abril: “Están todas las condiciones para derrotar a la derecha en su propia cancha este 26 de abril. Lo que no significa abandonar la calle, por el contrario, las movilizaciones no deben detenerse hasta conquistar una nueva Constitución”. Cuando empleamos la expresión entre comillas nos referimos a un grupo de matones ligados al Partido Comunista, que dicen representar la sociedad civil: “No+AFP”, “No+abusos”, los representantes de los estudiantes secundarios, feministas y gremios estatales. 

    El autor critica el acuerdo de Paz que firmaron las copulas de los partidos políticos. Y también la llamada ‘democracia de los acuerdos’: “Incluso tuvieron la desfachatez de firmar un “acuerdo por la paz”, como si esta revolución se tratara de un conflicto entre partidos políticos, o un desacuerdo entre el gobierno y los partidos de “oposición”. Otra burda maniobra para intentar que la oligarquía política mantenga sus granjerías”. En fin, cualquier acuerdo.

  Este grupo pequeño que no representa el 5% o menos de todo el electorado se atreven hablar en nombre del pueblo: “En todo caso, el pueblo ha obtenido un gran logro, impensado antes del 18 de octubre. Ha logrado que se convoque a un plebiscito para generar una nueva Constitución vía asamblea constituyente (“convención constitucional” se usará como término para la papeleta del voto)”. Si por la expresión ‘pueblo’ se entiende las personas modestas, son las que más han sido perjudicas con el estadillo delictual e insurreccional. 

   Puesto que es un psicópata el señor Alejandro Lavquén no le importa la destrucción de las estaciones del metro, al día siguiente los incendios a los supermecados, el vandalismo hacia los pequeños comerciantes. Y qué decir del aumento del desempleo. Por tanto, el cierre de negocios de toda índole. Todo ello en nombre del pueblo. 

   Desea que los constituyentes se han elegido en forma democrática. Con todo, no reconoce que Piñera fue elegido democráticamente: “La insurrección no debe cesar hasta que se elijan los constituyentes de manera democrática y dejando fuera a quienes hasta hoy son los culpables de la miseria de los chilenos”. No se siente responsable de nada. Hay alrededor de trecientos mil desempleados y las pequeños empresas son las que más se han visto afectada por la violencia que desató el Partido Comunista. Para él, el responsable es el modelo económico.

   Asimismo, con la nueva constitución quiere establecer una ley mordaza contra el pinochetismo: “Hay que erradicar el pinochetismo del país, declararlo fuera de la ley en la nueva Constitución”. Como dije en una entrada anterior, propongo erradicar el allendismo, el mirismo y cualquiera apología al FPMR. 

   Según él, la nueva constitución garantizará los derechos sociales, entre otras cosas: “Es la única manera para que la nueva Constitución declare como derechos constitucionales inalienables la salud, la educación, la vivienda, el agua, la electricidad, el transporte público, los recursos naturales, las pensiones”. Cuando marcho la clase media, no estaba en sus prioridades una nueva constitución, ni tampoco antes del 18 de octubre. No le importa que el país este endeudado y que no produzca nada. Es un detalle sin trascendencia. 

  Finalmente, nombre personajes que merecen estar en la asamblea constituyente: “Gabriel Salazar (historiador), María Angélica Illanes (historiadora), Luis Mesina (dirigente NO+AFP), Nancy Guzmán (periodista), Felipe Portales (historiador), Alicia Lira (dirigente DDHH), Cosme Caracciolo (dirigente pesquero), Melissa Sepúlveda (ex presidenta FECH), Marco Riquelme (dirigente MPMR), Francisca Millán (abogada), Héctor Llaitul (dirigente mapuche), Sergio Grez (historiador), Roberto Márquez (músico), Nano Acevedo (compositor), Isabel Gómez (poeta)”. 

  Aquí la prueba de la sedición. Don Diego Portales ya los hubiera arrestado hace rato.

Los medios dan por sentado la opción “Apruebo”

  Los medios ya sea escritos o de la televisión nacional e internacional siguen llamando a la insurrección del 18 y 19 de octubre del 2019 ‘estallido social’. Menos le llaman estadillo delictual o revolución, que preparo el Frente Amplio y el Partido Comunista. 

   Aunque formalmente la campaña del Plebiscito del 26 de abril comienza en marzo, en que cada opción mostrara sus razones para votar por ella, me he dado cuenta que al leer el blog de Máximo refiriéndose sobre el asunto, es que no han reparado que los canales Chilevisión como CNN sacaron al aire el programa un Nuevo Pacto. Entrevistan a diversos personajes académicos para darle más seriedad y justificar la opción “Apruebo” como también a políticos ya sea de izquierda, ya sea de la ex derecha: Joaquín Lavín, Carolina Goic, Carlos Montes, Manuel Antonio Ossandón, Jaime Bellolio. Debo confesar que yo no lo he visto. Toco la causalidad que estaban viendo televisión justo salió el anuncio de ese programa, en que aparecía la economista, Andrea Repetto, quien decía que había ceder. Eso me llamo la atención. En otro día que apareció un homosexual de la Fundación Iguales, quien pedía una sociedad más inclusiva. 

   Dicho programa comenzó el 27 de octubre. 

   La señora Repetto es profesora de la Universidad Adolfo Ibañez y con un doctorado en el MIT. Estuvo en el segundo gobierno de Bachelet en el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, en el Consejo Asesor Presidencial del Trabajo y Equidad Social. Y por último en el Consejo Asesor Presidencial contra conflicto de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Además, fue uno de los economistas que firmaron apoyando al candidato continuador de la ‘retroexcavadora’, el periodista Alejandro Guillier.

   Los políticos e intelectuales de la ex Concertación o de la ex Nueva Mayoría son los más sinvergüenzas, ya que las políticas públicas de ellos llevaron al malestar justificado de la clase media que, por cierto, que sus peticiones pasaron al olvido, como, por ejemplo: eliminar el impuesto específico a los combustibles. Las reformas tributarias y laborales del segundo gobierno de Bachelet llevaron al país al estancamiento económico y el desempleo informal. A lo anterior hay agregarle la llegada masiva de inmigrantes. Los mismo que han estado en el gobierno, nos quieren convencer que ellos son parte la solución. La izquierda nunca se hace responsable de nada. Quizás la culpa la tenga Donald Trump. 

   Para mí lo que hacen los canales y personas que aparecen en los anuncios es una campaña explicita, abierta e ilegal. Dan por sentado que la ciudadanía está por la opción “Apruebo”. 

   Ahora bien, tanto los creadores del programa como los académicos sobre todo de izquierda pasan por alto unas cosas que ya hemos escuchado por José Antonio Kast y Johannes Kaiser, entre otros. Primero, una coalición ganó con un programa determinado que, por cierto, no era del adversario. Segundo, salió un gobierno a través de las urnas. Tercero, la raíz del Plebiscito de Abril próximo se basa en la violencia. Por tanto, sería ilegitimó e ilegal. El Acuerdo por ‘La Paz Social, la Democracia y los Derechos Humanos’ que firmaron las copulas de los partidos supuestamente acabaría con la violencia, cosa que no ha sido así. Cuarto, a raíz del ataque al Metro de Santiago y al día siguiente a los supermercados que continuo la ola de saqueos, violencia, incendios, profanación a iglesias y ataques a las comisarías, el actual gobierno tomo como suyo el programa de gobierno que tenían los dos candidatos de izquierda. Todas estas consideraciones no les importan a los académicos de izquierda como la señora Repetto. 

  El actual gobierno ha cedido en todo y aún la economista quiere más. 

   Además, si fuesen serios, sobre todo, los académicos que han pasado por ese programa dirían al país que Chile no se puede hacer el Plebiscito porque no se ha reestablecido el Estado de Derecho, esto es, el Orden. Muchos estudiantes no pudieron rendir la PSU. Las personas comunes y corrientes no tenemos ninguna garantía para votar con seguridad y tranquilidad.

   En uno de sus programas, donde había puros políticos se planteó la pregunta de cambiar el modelo. ¿Dónde quedaron las peticiones de la clase media? 

    Entre las lumbreras que han pasado por ese programa estuvo la presidenta la Fundación laguista Chile21, Gloria de la Fuente, quien dijo a propósito de la nueva constitución: “Para llegar a buen puerto, debe ser cautelado el orden público y los derechos humanos”. Estas palabras fueron dichas el 03/01/2020. Esta gente de pacotilla no tiene la solución, pues desconocen el derecho a la autodefensa. Por tanto, si alguien te quiere quitar la vida, el defendido tiene derecho a matar. Esto último constituye una violación a los derechos humanos. Supongo que ella habrá visto que varios estudiantes no pudieron hacer la PSU, porque gente como ella está más preocupada de los derechos de los vándalos y violentistas que de las personas decentes. Como me gustaría ver a la señora de la Fuente con uniforme de Carabineros, mientras recibe insultos, le lanzan piedras o bombas molotov, ya que les niega a los uniformados el derecho a la autodefensa. ¿Cuál es la solución mágica de la Fundación Chile21? 

    Han entrevistado al ex rector de la Universidad de San Alberto Hurtado el 27 de octubre pasado, el jesuita Fernando Montes, quien es sacerdote admirado por Bachelet. 

    A escritores chilenos o más bien escritoras, o sino las feministas se van a enojar, entre ellas Nora Fernández, quien dice: “Adam Smith estaría asustado con el neoliberalismo que estamos llevando en Chile”. Está obsesionada con el Gobierno Militar a que llama dictadura. 

   Por su parte, la escritora y psicoanalista, Constanza Michelson dice sobre el Proceso Constituyente: “Es importante que las personas sean parte del pacto al cual van obedecer”. La psicoanalista es incapaz de ver la maldad frente a sus ojos y políticos psicópatas. 

   La economista María Cecilia Fuentes afirma: “La única forma de disminuir la desigualdad es con educación”. Y agrega: “Lo más importante es recuperar el Estado de Derecho, o sea que el país funcione”. Como si les importara esto último a los periodistas como a los creadores del programa y los políticos que han pasado por ahí. 

    La directora ejecutiva de Fundación Origen y de la Escuela Ecológica de Pirque, Mary Anne Müller sostuvo que la PSU produce inequidad: “Es un instrumento que sigue generando inequidad, que sigue separando clases”. La independientemente de esa prueba, el modelo dejado los militares provoco movilidad social. Tengan presente que mucha gente exitosa no ha pasado por la universidad.    La historiadora Verónica Undurraga sacó a colación la desigualdad de género como una desigualdad estructural: “Una de las grandes desigualdades estructurales en Chile es la desigualdad de género”. No sé de qué tendencia política es, si fuese una mujer derecha no diría eso. 

   Naturalmente, estuvo el jurista de Bachelet y promotor de la nueva constitución, Fernando Atria, quien afirmó: “Surgen varias de las patologías que son consecuencias de la actual constitución”. Todos los políticos y académicos saben que el problema no es la actual constitución, sino que la clase política echo a perder el modelo económico heredado por los militares. Atria formo parte de la coalición que quiso pasarle a la retroexcavadora al país. 

    También han entrevistado al rector de la Universidad de Valparaíso, columnista y escritor, Agustín Squella, el cual se define como liberal de izquierda, que liberal no tiene nada. Él dijo: “Tenemos que reanudar el camino hacia una nueva constitución”. 

    Y por último, han entrevistado María José Bosch, directora del Centro de Trabajo y Familia ESE Business School de la Universidad de los Andes, quien se expresa como las feministas de izquierda: “Al asignar roles de liderazgo, asociamos más características masculinas que femeninas a los líderes”. Según el medio, “cuestiona que a las mujeres se les suele dar un trato de minoría”. Naturalmente, los diversos personajes de la fauna chilena que han pasado por ese programa pasan por alto, que Chile recibió un ataque por parte de países extranjeros como Venezuela y Cuba como lo expreso la comunista Florencia Lagos y las propias palabras de Nicolás Maduro. Las demandas de la clase media no justifican destruir las estaciones del Metro y los incendios a los supermercados que ocurrió el día después, pues el único propósito fue provocar miedo. Tampoco admiten que estamos ante una revolución e insurrección, pues para ellos sigue siendo un malestar provocado por el modelo económico, no por el Estado y que la nueva constitución resolverá todos los asuntos. 

   El mismo medio CNN informa que enero pasado se cerraron 70 supermercados en la Región Metropolitana afectado las comunas de Conchalí, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, La Granja y Lo Espejo, debido al estallido delictual que el medio sigue llamando ‘estadillo social’. 

  Todos los problemas del país se solucionan con más Estado, feminismo, las minorías y la nueva constitución que no limitará el poder y que acabará con la propiedad privada.

Estado de Derecho versus Derechos Humanos

   A fines de año pasado el señor Alfonso Hidalgo se preguntaba por qué el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) criticaba la justa represión contra sujetos que habían alterado el orden público provocando actos vandálicos y saqueos. Quienes están a cargo de reprimir son las fuerzas de orden en primera instancia y en el último lugar las fuerzas armadas. Después del ataque del 18 de octubre pasado, cosa que algunos políticos de oposición todavía quieren admitir, pues siguen llamándolo ‘estadillo social’, el Presidente ordeno sacar a las fuerzas armadas para terminar con los saqueos y la violencia. 

     De acuerdo a la ley de incitación al Odio que aprobó la Cámara de Diputados en lo referido al Negacionismo se castigará a quien justifique, apruebe o niegue a lo que la izquierda llama “violaciones a los derechos humanos”. O sea, no podemos dar una explicación porque ocurrieron tal y tales eventos, porque si eso sería justificar. Tampoco, por ejemplo, podremos celebrar que la DINA y la CNI derrotaron a los grupos terroristas Mir y el brazo armado del Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El entrenamiento militar en la ex RDA, Libia y Cuba no les sirvió de nada. La mayoría de los que murieron fueron terroristas. Sin embargo, la izquierda no considera víctimas a quienes padecieron la violencia del Mir y del FPMR en sus diversas formas: asesinatos, atentados, lanzar bombas molotov y por último, secuestro. Cuando comencé con esta entrada, leí un artículo del abogado Gonzalo Cruzat Valdés, quien fue secuestrado por el FPMR en 1984 siendo un niño. Recuerdo haber leído por Hermógenes Pérez de Arce, que siendo adulto Gonzalo se presentó a esas comisiones de derechos humanos y ellos consideraron que a él no le habían violado los derechos humanos. ¿Alguien va tomar en eso las dos comisiones que ha habido: “Rettig”y “Valech”? Ya que la izquierda no les gusta que justifiquemos, sin embargo, el brazo armado del PC tenía una justificación para secuestrar al hijo del empresario Cruzat. A Javiera Parada habría que sacarle en cara ese delito.

  Gonzalo Cruzat hico una reflexión sobre el penal de Punta Peuco. Para mí significa que los grupos terroristas o guerrilleros fueron derrotados. Es el fracaso de ellos. Puesto que no lo reconocen, prefieren la pose de víctimas. 

   Como he dicho varias veces, ellos pueden justificar cualquiera barbaridad. La excusa de que optaron la vía armada para instalar una dictadura comunista era la Guerra Fría, luego el pretexto estaba es por el derecho a la rebelión se alzaron en armas contra el Gobierno Militar, cuando éste último fue un producto de una rebelión civil y militar contra un gobierno que se salió de la ley y la Constitución. Cuando les fue devuelto el poder a los civiles, los grupos extremistas en democracia, ajusticiaron a unos militares que habían sido asignados a los servicios de seguridad. Eso se justifica. Y por último, vemos que después del golpe de estado realizado los días 18 y 19 de octubre por el Partido Comunista y del Frente Amplio, la mayoría de la izquierda sigue justificando la violencia.  Los Derechos humanos tal como los entiende la izquierda son contrarios a la ley natural, pues el primer derecho es la vida y el segundo derecho es la autodefensa. 

   La pregunta que Hidalgo se hace: “¿Por qué el INDH defiende los derechos humanos –supuestamente universales- de los agresores y no de los agredidos por estos actos violentistas?”

  Él señor Hidalgo lo atribuye ese cambio de los derechos a los diversos organismos internacionales, esto es, las ONU y sus agencias. Yo tengo otra explicación. Para entender el presente, hay que conocer el pasado y la historia reciente. 

   Otro más que no se entera que una de las atribuciones del INDH es querellarse contra los agentes del Estado que combatieron el terrorismo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Es totalmente arbitrario. ¿Por qué no se querellan contra los grupos terroristas del Mir y del FPMR? Obviamente, desde que se creó esa nefasta institución lo ha hecho antes del ataque terrorista al Metro y a los supermercados el 18 de octubre, era criticar el actuar de Carabineros, lo que ellos llaman “abuso policial”, que al parecer esa una idea importada de Francia.

   Porque el INDH como el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos son instituciones creadas por personas ligadas a esos grupos. La propia ex Presidente, Michelle Bachelet fue ayudista del Mir en la UP y milito el FPMR. La ideóloga del mausoleo fue la periodista y ex Mir, Marcia Scantlenbury. Mientras escribo este post, encuentro una noticia del 2018 del seminario Cambio21 y en el sitio Villa Grimaldi, en que señala que fue torturada. A ella no le creo nada, pues a la madre de Marco Enríquez-Ominami, Manuela Gumucio que también perteneció al Mir, dijo en una entrevista que la DINA la atrapó y luego la dejo libre. Una amiga de mi madre que era comunista en tiempos de Allende, después del 11 de septiembre, los militares la atraparon. Sin embargo, nunca ha dicho que la torturaron. Esa señora hace tiempo dejo ser de izquierda. Aprendió por las malas. Lo más asombroso que esta gente no se acuerda de las torturas y humillaciones contra los opositores de la Unidad Popular, ya por parte del gobierno, ya sea por grupos afines al gobierno marxista como mostré en las cuatro entradas En democracia.

  Asimismo, desde que estalló la insurrección el INDH ha propagado noticias falsas como que en la comisaría  Baquedano carabineros había torturado. Un detalle que paso por alto el señor Higaldo, es que el segundo al mando de esa institución nefasta, es el ex Mir, Jorge Ortiz Silva, quien participo en un montaje, culpando a las fuerzas de orden de haberle disparado balines de plomo, cuando usan de gomas. 

    La extrema izquierda que optó en democracia por la vía armada y la guerrilla. Y luego durante el gobierno militar lo combatieron con atentados, asesinatos tantos de civiles como de militares y secuestros. Ese grupo es el que extorsionó al ex presidente demócrata cristiano, Patricio Aylwin con el sesgado e inconstitucional “Informe Rettig” y la persecución a los militares, mientras al mismo tiempo aplicaban la amnistía e indultaban a los terroristas. Ese fue el precio de paz social. No estamos en paz, ni reconciliados. 

    Los mismo que apoyaron la ex UP o formaron del Mir, después del 11 aparecieron de la noche a la mañana como abogados de derechos humanos. La diputada comunista Carmen Hertz estuvo en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y ha reivindicado al FPMR. Otro ejemplo es abogado José Zalaquett, quien estuvo detenido por la DINA en 1975 y fue llevado al centro de detención Tres Álamos. Luego fue nuevamente detenido. Finalmente se exilió y fue Jefe del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. AI está metida en el grupo del Partido Comunista ‘Unidad Social’. Tan mediocre es este abogado que propuso un indulto humanitario a los presos políticos militares, o sea, cuando estén casi agonizando se los saca de la cárcel. Los mismos que un grupo de políticos, entre ellos, el Cobarde y Traidor que está en La Moneda. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde está el mismo trato que tuvieron los terroristas? El señor Zalaquett favorece la amnistía e indulto a los terroristas, le niega el mismo trato a los militares. 

   Se da la casualidad que la misma gente que dicta cátedra de los derechos humanos son simpatizantes de los terroristas o formaron parte de esos grupos. Ahí la diputada Pamela Jiles que siempre saca el tema de esos derechos, porque su novio era mirista. Vemos a Gabriel Boric visitando a un terrorista fugado en Francia. Recientemente a Mauricio Hernández Norambuena lo visitó Alicia Lira, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos junto con el terrorista Patricio Ortiz, quien se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad. Otro ejemplo de esa relación lo vemos en el fallecimiento de la profesora, feminista y escritora Mónica Echeverría, quien para su muerte la recordaron como luchadora de los derechos humanos. Le pusieron la leyenda ‘Mujeres por la vida’. Lo que no nombro el medio, es que ella tuvo una hija que estuvo en el Mir, Carmen Castillo Velasco. En el enfrentamiento que hubo entre el terrorista Miguel Enríquez y el oficial del Ejército Miguel Krassnoff, ahí estaba la hija de Echeverría, a quien el joven oficial la llevo al hospital Militar y luego al aeropuerto. Dicho sea de paso, las feministas de esa generación, nunca han criticado la frase que tarareaban el Mir: “Los momios al colchón y las momias al colchón”. 

   Para Zalaquett como al resto de los abogados derechos humanos de izquierda solamente los militares a agentes del Estado son los violadores de los derechos humanos, no los terroristas. 

   Los abogados “históricos” de los derechos humanos se opusieron a que los militares saliesen con libertad condicional. Recuérdese la golpiza que recibió el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Dónde estaba los abogados de derechos humanos de izquierda querellándose ya sea contra el gobierno de la UP, ya sea contra los grupos partidarios de ese gobierno que violentaban los derechos de los demás tal como lo hacen los vándalos, saqueadores e incendiarios y terroristas? 

   El señor Hidalgo hace la siguiente reflexión: 

  “El primero, es que se daría el absurdo que la violación de los derechos humanos dependería no de quien padece este atentado, sino de quien lo perpetra. Es decir, el foco de atención se trasladaría desde la víctima al victimario. Lo anterior no sólo atenta contra la universalidad de estos derechos (tal vez su rasgo más distintivo, pues los derechos humanos o son universales, o no son), sino que deja en el más completo desamparo a quienes ven violados sus propios derechos humanos a manos de entes no estatales, con lo cual se limita sobremanera el ámbito de protección”. 

  Esta afirmación es incomprensible si no tiene en cuenta lo que he descrito más arriba. El sesgado e inconstitucional “Informe Rettig” habla de la violencia política en general, no quien la comenzó. Se da el absurdo que quienes nos defendieron del terrorismo arriesgando sus vidas y contra el intento de instalar una dictadura comunista estén en la cárcel. Es absurdo que los abrazaron la vía armada y el terrorismo dicten cátedra de derechos humanos. Como ha dicho un forista en otro blog, Chile se ha convertido en manicomio: Allende con estatuas y los militares a la cárcel. 

  Como consecuencia de primer punto que señala Higaldo, el Estado no puede poner orden contra el vandalismo, ya que sería atentado a los derechos humanos. Y último corolario, los vándalos o violentistas tendrían total impunidad. 

   Los derechos humanos para la izquierda son simplemente un arma de la revolución.