No defienden la Constitución del 80

 ¿Alguien esperaba que la ex Derecha iban a defender la Constitución de 1980 ante la envestida de la Nueva Mayoría de refundar el país con una nueva Constitución, si ni siquiera han sido capaces en estos 26 años de defender la Ley de Amnistía de 1978 y la igualdad ante ley hacia los militares? Pues, como decía uno de nuestros grandes pensadores que trabaja en el think tank Centro Estudios Públicos (CEP) y ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, Harald Beyer, lo que diferencia la Izquierda y la Derecha, es que la primera cree en el igualitarismo y la segunda en la igualdad ante ley. Eso lo dicen para llenar su currículo académico, mas en la práctica como mostro el gobierno anterior, no les interesa. De lo contrario, los militares presos en el Penal Punta Peuco, estaría libres, unos por la ley de Amnistía y otros porque la clase política los indultó igual que a los terroristas bajo la ex Concertación. 

  ¿Qué estoy diciendo? Si los partidos de la ex Derecha Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) no defendieron la actual Constitución, cuando el socialista Ricardo Lagos bajo su mandato se la expropió, poniendo su firma y borrando la del general Pinochet. Además, derogando una serie de artículos a gusto de la ex Concertación. ¿Cómo van a defender el actual texto ahora con la firma de Lagos? 

 Se quejan ahora la oposición, que están en la ola o que hay que quitarle espacio a la Izquierda con los cabildos al iniciarse el proceso constituyente . Con todo, en primer lugar, jamás se les ocurrió espetarle a la Nueva Mayoría, si la ciudadanía está tan disconforme con la actual Constitución, ¿por qué la “marca AC” no obtuvo ningún respaldo en la primera vuelta como en la segunda de la elección presidencial? Esta última fue una suerte de plebiscito. En segundo lugar, debido al paupérrimo e inexistente resultado de esa marca, el corolario es que a la ciudadanía no está en sus prioridades una nueva Constitución. No les interesa. A los únicos que les importa son los que están en la oligarquía política. Desde el primer momento, tendrían que haber dicho que es ilegítima como el actual presidente de Renovación Nacional, el diputado Cristián Monckeberg dijo: “Que participe el que quiera, lleve adelante sus propuestas, sus planteamientos, pero yo vuelvo a decir que este proceso es absolutamente ilegítimo en cómo el Gobierno lo está empujando". Lástima que no mantuvo su postura luego del llamado del ex presidente Piñera de participar en los cabildos. En vez de lo anterior, la oposición se ha dedicado a presentar alternativas constitucionales en diversos foros y momentos. La ex derecha desahucio la Constitución del 80. 

  Al actual ministro de Interior, el demócrata cristiano, Jorge Burgos no les gusta que a la Constitución del 2005 firmada por Lagos la llamen aún hoy ‘Constitución del 80’. ¿Cómo les duele a la coalición UP/DC/PC? 

  El ex presidente Piñera les había dicho a los partidos que conforman Chile Vamos – la nueva coalición de derecha- sobre el proceso constituyente: lo impugnan o se margina o participan. 

  Ante el inicio del proceso constituyente, la ex derecha ha optado por marginarse, salvo el movimiento Evolución Política (Evópoli), una parte de Renovación Nacional, que va a participar en los cabildos. Luego cambio por el llamado  a colaborar que hizo el ex presidente Sebastián Piñera a la UDI, los descolgados de la Democracia Cristiana, el PRI. Mejor dicho, soviets, pues no tiene nada que ver con la institución española. En efecto, se marginan y a la vez presentan sus propuestas constitucionales. ¿En qué quedamos? ¿Estoy o afuera? 

  Lo único que han criticado es que no hay las reglas del juego claro, entre otras cosas: "Ausencia de un sólido marco jurídico que regule el proceso,”, el sesgo de los observadores. La derecha sigue hablando de perfeccionar la actual Constitución. Perfeccionar significa desmantelar, cosa que han estado haciendo desde el primer Gobierno de la Concertación. El ex presidente Piñera y actual pre candidato para la próxima elección presidencial afirmó: "Soy partidario de una reforma que permita perfeccionar y no desmantelar la Constitución de hoy". Asimismo se comprometió con una leal colaboración: “Comprometo mi plena y leal colaboración”. 

  Según el ex presidente Piñera las personas tendrán confianza en los políticos con una nueva Carta Magna: “Estoy convencido que los que Chile requiere es confianza, certezas, estabilidad para resolver de verdad los problemas y volver a poner a Chile en la senda del progreso”. A decir verdad, la falta de desconfianza hacia los políticos no se debe a la Constitución del 80, sino al propio actuar de la clase política oligárquica, que han visto como se llena de privilegios, sueldos millonarios, nepotismo, tráfico de influencias, robo a la vista de los electores, poner a toda a parentela en cargos públicos. Y por último que dos instituciones del Estado como la fiscalía e Impuestos Internos persiga solamente a los políticos opositores, cuando los oficialistas hicieron lo mismo.

 Hace justo un año y un mes, Sebastián Piñera junto el DC, Jorge Correa y el abogado constitucionalista, José Francisco García presentaron el libro “¿Nueva Constitución o Reforma? Nuestra propuesta: Evolución Constitucional” en el Instituto Libertad y Desarrollo que contó con el aporte de 25 abogados constitucionalistas. Conocido como “El Grupo de los 25”. 

  En abril de este año, el abogado del Instituto Libertad y Desarrollo José Francisco García, la Fundación Horizontal de Hernán Larraín Matte y grupo de Evópoli de Kast desarrollaron un seminario: “Hacia una Nueva Constitución”. Evópoli sugirió una constitución mínima o liberal, respetando la institucionalidad vigente que deje fuera aspectos “ideológicos que dividan a los chilenos”. Si el debate actual es ideológico en todos los ámbitos: educación, trabajo, cultura, justicia. ¿No supone dos visiones de la sociedad contrapuestas una que defiende la propiedad privada y la otra que postula la función social de la propiedad privada? Kast dijo: “Hay quienes creen que el debate ideológico no es relevante”. Se contradice. 

   El sesudo investigador del Libertad y Desarrollo, García dijo sobre el proceso constituyente: “si bien la Asamblea Constituyente no debe ser demonizada, quienes hoy la promueven en Chile, de alguna manera, rechazan el sistema de democracia representativa y apuntan a una suerte de corporativismo de izquierda”. Así se da la batalla de las ideas. Luis Larraín, director del LyD no hace una defensa de la actual Constitución a diferencia de Cristián Larroulet y José Piñera que dicen más o menos lo mismo: “Los chilenos no mejorarán su vida entregando más poder al Estado y a los políticos, que es lo que proponen muchos de los cambios que se quieren hacer a la Constitución desde la Nueva Mayoría”. 

 Para Larraín Matte con “una constitución democrática, que sea un punto encuentro de todos los sectores políticos”. No más funas, ni quema de bienes en la región de La Araucanía, los militares libres y ponerle a cuantas avenidas los nombres de Augusto Pinochet o Tobirio Merino Castro. Todo por el encuentro. Todos cantando canción ‘Todos Juntos’ Inti –Llimani. 

  Naturalmente, para el DC, Jorge Correa Sutil la nueva Constitución no tiene ser neoliberal ni socialdemócrata, ni capitalismo ni socialismo: comunismo. 

 En la declaración pública del 26 de abril del 2016, el ex Presidente Piñera expresó: “Estoy convencido que es bueno y necesario que Chile tenga una Constitución de todos, con todos y para todos, acorde con los tiempos modernos, que sea un marco de unidad nacional, con plena legitimidad y que dé estabilidad y proyección, para juntos recorrer los caminos y enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro”. Todos bailando en la plaza Italia. Cantando: “Juntos como Hermanos, miembros de un mismo país”. 

  Asimismo en esa declaración, Piñera deja entrever que “Chile Vamos” desconoce los planteamientos constitucionales de la Izquierda o se hacen los lesos. Están las cartas de Ignacio Walker y Patricio Zapata y el libro del jurista de Bachelet, Fernando Atria La Constitución tramposa: “primero, tanto la Nueva Mayoría, Chile Vamos y otras organizaciones planteen con convicción y claridad cuáles son los principios y contenidos fundamentales de la Constitución que queremos para Chile”. . Un columnista muestra lo que les molesta al oficialismo: “Y fue pensada para que en democracia se pudiese realizar pequeños cambios, pero no grandes transformaciones. Esto se refleja en las exigencias de quórums calificados que se exigen: 2/3, 3/5, etc”. Además del Tribunal Constitucional. Agrega: “Les preocupa el derecho a la propiedad. ¿Es que acaso estamos en un país en que no se respetará la propiedad privada, se expropiarán empresas? Chile ya no va en este camino”. En la nueva Carta Magna, los derechos sociales estarán garantizados, mientras los derechos de primera generación, no: la vida, la libertad y la propiedad. Según ese columnista, los inversionistas no se van a ir. 

  El abogado Marcelo Elissalde probó que las mejores constituciones exitosas del mundo moderno, la crearon un grupo selectos de hombres bajo condiciones excepcionales. Ha sido la más ratificada de nuestra historia republicana. Se tiene que tener en cuenta que la mayoría de la población chilena no entiende lo que lee, y de ello no se excluyen ni los Ph. Doctor que hay en las universidades. El 90% de la población tiene analfabetismo disfuncional. ¿Cómo pretenden redactar un texto? 

   Finalmente, la oposición dio a conocer su propuesta constitucional, a saber: reforzar el papel del Estado para que sea subsidario y solidario,. El senador Espina dijo cuando presentaron su propuesta: “La participación del sector privado es válida, necesaria y útil, pero el Estado tiene el deber insustituible de crear las condiciones fundamentales para mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Eso es un giro y un cambio respecto de nuestra propuesta histórica". Reniegan de su pasado. No aprendieron nada de los cuarenta años de socialismo y de la Unidad Popular. La Constitución del 80 nació teniendo en cuenta esas experiencias. Impedir otro Allende, Chávez y Maduro.

 Todavía no entiende lo que quiere la Nueva Mayoría. Ahora desean tocar el corazón del actual cuerpo legal, esto es, los resguardos constitucionales a la propiedad privada e eliminar los altos quórum.

 Casi me olvido de Arturo Fontaine Talavera que propuso volver a la Constitución de 1925.

   Quienes tampoco defienden la Constitución de 1980 es la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) que agrupa a los grandes empresarios que financiaron y apoyaron a Bachelet en la última elección presidencial, quienes han manifestado que van a participar en el proceso constituyente. Igualmente, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quienes va presentar sus ideas sobre nuevo proyecto constitucional. Gracias al marco legal de la Constitución de 1980 los empresarios de diverso tipo pudieron prosperar e enriquecerse. Incluso el traidor de Piñera, quien se opuso al actual texto Fundamental, cuando era una demócrata cristiano.

   Podemos decir a grosso modo, que tanto políticos, académicos y empresarios de la ex derecha no aprendieron nada de la Historia de Chile del período que va desde 1935 más o menos hasta el debacle de la Unidad Popular. Y peor es que no admiten que estamos ante una Revolución Comunista.

Constitución y Revolución

 ¡Qué distinto hubiese sido, si la prensa hubiese puesto en los pies en la tierra a Bachelet cuando ganó en el 2013! En efecto, los medios abultaron un éxito electoral que no era tal. El diario ‘La Tercera’ en su portada al día siguiente de la elección presidencial aparece la candidata electa con las siguientes palabras: “Es un momento de iniciar transformaciones a fondo”. Más abajo aparece el porcentaje con cual ganó con respecto a la candidata de la ex derecha, 62,16%. Ahora bien, con respecto a todo el padrón electoral obtuvo apenas un 26% de los votos menos que Salvador Allende. Como dijeron hace dos años, la Nueva Mayoría se convirtió en la Nueva Minoría. Ese porcentaje se ha mantenido más o menos en todas las encuestas. La prensa no hizo su trabajo.

  Los chilenos todavía no se dan cuentan que estamos inmerso en una Revolución Comunista, cuyo único propósito es que la actual coalición gobernante, la Nueva Mayoría tenga el poder total. Actualmente, ya tiene el Poder Judicial, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la fiscalía y el Congreso. Chile no necesita de ninguna de las reformas que ha impulsado la coalición Demócrata Cristiano Socialista Comunista. No era necesaria la reforma tributaria, ni la reforma a los colegios particulares subvencionados, ni la Nueva Constitución y, por último, la reforma que quieren hacer la educación superior.

    En primer lugar, a Bachelet le encanta hablar igual que Salvador Allende, pues en su último discurso del 21 de mayo del 2015 se expreso así: “Chile está viviendo uno de los procesos transformadores más importantes de su historia”. No me había dado ni cuenta. La única transformación importante fue la hicieron los militares que gobernaron entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. A decir verdad, el país está retrocediendo. Según el liberal, Ricardo Valenzuela, “regresaba Bachelet para, haciendo uso del populismo, de nuevo enviar a Chile al abismo (línea roja al final). Un abismo del que tal vez ya no se pueda rescatar”. Así es nuestro presente, sin embargo, la mayoría los chilenos aún no despiertan. 

   En segundo lugar, ella es la revolucionaria que quiere cambiar el país, sólo porque la coalición que la apoya le tiene envidia a las transformaciones que hizo el Gobierno Cívico Militar. Lo que más les duele es que esas reformas fueron buenas y exitosas a diferencias de todas las reformas que realizo la ex Concertación y su sucesora la Nueva Mayoría. Además, no son los emprendedores o empresarios que haciendo las cosas distintas, cambian el mundo. En el nuevo Chile que todos queremos, la actividad de los privados estará restringida. Hay que dejar a los particulares como incompetentes, negligentes, irresponsables, egoístas y que el único que puede hacer bien las cosas en todos los ámbitos es el Estado. La realidad dice lo contrario. 

 Yo harían dos reformas importantes a la actual Constitución. La primera, es poner la firma del general Pinochet y sus ministros en vez del socialista Ricardo Lagos, quien no cree en la propiedad privada ni el rol subsidiario del Estado y lo peor aún, es que se ufana del gobierno marxista de Salvador Allende que es contrapunto de la Constitución del 80. Desde luego, que ningún político de la ex derecha si lo sacaría en cara en un foro. El ex presidente socialista apoya una nueva Constitución. Lo segundo, es poner un artículo sobre el empêchement, ya que no se puede dejar que gobierne un loco o una loca, que vive en un mundo paralelo creyendo que estamos de mil maravillas, mientras vamos en picada. 

 Aun cuando se inicio el proceso constituyente cabe señalar que es ilegal e ilegitimo, pues no tiene los quórum para cambiar la Constitución. Esto último ni siquiera le importa a la oposición. A decir verdad, no hay tal. 

 Una persona puede votar a los 18 años. En este proceso hasta pueden participar los menores de edad desde los 14 años. Con todo, gracias a las legislaciones que hizo la ex Concertación, los menores de edad no tienen capacidad de discernir entre el bien y mal. Por esa misma razón, la mayoría de los delincuentes son menores de 18 años. Y pasan ‘piola’ frente a los tribunales de Justicia. ¿Alguien lo puede entender? 

  En esa oportunidad también Bachelet dijo: “En la mayoría de mis compatriotas, en un momento de grandes y expectativas”. Sólo un 26% de la población les interesa lo que haga el gobierno. Ahora bien, Bachelet por cadena de televisión sobre el inicio del proceso constituyente afirmó: “Recordarles que todos debemos ser una garantía para que los ciudadanos sean los protagonistas de este proceso y puedan expresarse libremente sus opiniones y los que quieren en nuestro país”. Agregó: “Que puedan participar con confianza y que participen porque eso nos va a permitir que tengamos un buen país”. Con la nueva Constitución socialista no existirá el principio de subsidiariedad, ni mucho menos la propiedad privada va estar reguardada. Así, con el nuevo texto Fundamental tenemos asegurados la educación y la salud gratis, aun cuando el país no tenga plata y este endeudado. El papel todo aguanta.

  Según una encuesta, para la mayoría de las personas no es un prioridad ni reformar ni cambiar la Constitución, pues les preocupa la delincuencia que cada vez está más agresiva, el terrorismo en la región de La Araucanía y desempleo producto de las reformas, que ha provocado una recesión. Desde luego, que los iluminados de la Nueva Mayoría van a culpar a causas externas, no internas provocadas por el Gobierno. 

  Hay dos cosas que siempre la Izquierda se ha identificado. Una es la imagen de derribar un bastión de los poderosos, de ahí la expresión: “Tomarse el Palacio de Invierno”, cuando ellos llegan el poder. Ya que las nuevas generaciones no tienen idea de la Historia del siglo XX, el Palacio de Invierno era la casa real de los zares de Rusia, hasta que los comunistas se tomaron el poder. La otra imagen que tan les gusta es la cientos de personas reunidas en una asamblea, aunque no digan nada, no hagan nada y calienten el asiento decidiendo los destinos del país que viene de la Revolución Francesa. La Rusia zarista tenía la Duma, que es el parlamento de ese país y los revolucionarios mencheviques sacaron como poder paralelo los soviets, donde participaban los liberales, los socialdemócratas, los partidarios de la monarquía, hasta los bolcheviques (comunista), que eran minoría se tomo todo el poder. Y se acabo la democracia participativa de los soviets aceptando solamente los comunistas. 

 La idea filosófica política que subyace es de la voluntad general. He allí el origen de la Asamblea Constituyente. 

 Transformación significa Revolución. 

 El abogado Marcelo Elissalde recuerda primero que la Constitución de 1980 ha sido el texto Fundamental más ratificado en nuestra Historia, desde la Independencia. Señala, en primer lugar, que los textos anteriores nacieron en momentos conflictivos del país. Por ejemplo, la Constitución de 1925 que tanto dicen admiraba la Izquierda y que no respeto con la UP, recién entro actuar en 1932 con la llegada de Arturo Alessandri Palma. 

 En segundo lugar, pone varios ejemplos, donde a Constitución no nació de la voluntad popular, sino que fue impuesta:” la de Estados Unidos, fue redactada por una convención de sabios iluminados como Jefferson, Madison Benjamín Franklin, Washington entre otros y la ofrecieron o mejor dicho impusieron a un pueblo analfabeto e ignorante por entonces y mire ud que resultados les ha dado”. Luego dice tanto Alemania como Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados impusieron la Constitución. La actual Constitución francesa fue impuesta por el General de Gaulle. Lo mismo ocurrió en el Japón ocupado por los norteamericanos, donde el General Mac Arthur impuso la Constitución. En estos esos ejemplos los frutos están a la vista.

  Según los personeros de la Nueva Mayoría en el nuevo texto la propiedad privada estará resguarda. Así lo ha expresado el ministro Secretario General de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre al serle consultado sobre la propiedad privada, dijo: “Es muy impensable que en una Constitución que tiene que ver con un país moderno, ese derecho no esté adecuadamente resguardado”. Por su parte, el ministro de Hacienda en Londres, el DC, Rodrigo Valdés en Chile Day dijo: “el buen manejo de la política monetaria, el reconocimiento de la propiedad privada y el rol que ha cumplido el estado serían las claves para lograr el desarrollo”. Esto lo dijo sobre todo por las palabras del ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi de que en el país existía "incerteza jurídica”. El actual ministro le salió al paso Büchi: "La noción de que podría existir incerteza jurídica en nuestro país es un debate artificial que sólo daña a Chile". Creo que los agentes económicos son tontos. 

 El año pasado los demócratas cristianos, Ignacio Walker y Patricio Zapata intentaron convencer a la opinión pública sobre los beneficios de la nueva Constitución, omitiendo si se respetaba la propiedad privada. Ahora bien, cuando fue XXV Congreso Nacional del Partido Comunista en marzo, donde éste manifestó que rechazaba propiedad privada y el rol del Estado subsidiario, los senadores de la DC se opusieron. El senador Ignacio Walker expreso una frase ininteligible: "hay un amplio campo de colaboración en torno a la contradicción democracia-neoliberalismo, y la afirmación de 'los derechos humanos, universalmente reconocidos, como aspectos esenciales de la futura carta fundamental'. ¿Qué quiso decir? 

   Con todo, cuando ex vocera del nuevo gobierno de Bachelet y actual ministra del Trabajo, Ximena Rincón dijo lo mismo en una entrevista, no se alteraron los camaradas de la DC. En efecto, ella dijo: “tenemos claro que la propiedad es clave para el funcionamiento de la economía de mercado, pero el problema de la Constitución es que le dio preeminencia exagerada a este derecho”. Añadió: “A nosotros nos interesa un sistema de derechos más moderado y equilibrado, donde existan libertades personales, políticas y económicas por cierto, pero no que la propiedad sea el eje del sistema de derechos. Nos interesa también dar importancia a la dimensión social de la propiedad”. 

 ¿Quién está diciendo la verdad: Ignacio Walker o Ximena Rincón? Pues, es evidente que hay una contradicción. 

   Si a alguien les parece absurda y falta de sentido realidad las palabras de Walker, el abogado también DC, Jorge Correa Sutil en un seminario donde participaron el Instituto Libertad y Desarrollo, Evópoli y la Fundación Horizontal expreso que la nueva Constitución no debe ser ni neoliberal ni socialdemócrata. ¿Qué quiso decir por neoliberalismo? 

   El Programa de Bachelet está claro que desprecia propiedad privada base de todas las libertades: “La Nueva Constitución junto con reconocer el derecho a la propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. Se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia delimitará su contenido, de conformidad a la ley”, 

  Lo que digan los ministros de la Nueva Mayoría es irrelevante. Lo importante es lo que dice el Partido Comunista: “Convocatoria a XXV Congreso del PC plantea volver a la función social que tenía propiedad antes de 1973”. Bachelet es comunista y no lo reconoce públicamente.

El sentido de justicia de la derecha chilena

 El fallecimiento del ex presidente demócrata cristiano, Patricio Aylwin, quien gobernó el país de marzo de 1990 hasta marzo de 1995, nos ilustra que hay dos tipos de derecha. Una que se cree el cuento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante el Gobierno Militar. Por tanto, defiende el Informe Rettig y desde luego el castigo a quienes hayan cometido tales delitos. Se pasa por alto, además, los principios del Estado de Derecho. Como si no fuese suficiente lo anterior, calla ante la tergiversación de la Historia. De esta decir que la otra Derecha no comparte los juicios de la derecha arrepentida comulga. La muerte del ex presidente me va a servir para mostrar que los académicos de este sector están más desorientados que los ex políticos de la ex derecha.

 En efecto, luego de la derrota de la aplastante derrota que sufrió la derecha en la última elección presidencial y parlamentaria, donde la Nueva Mayoría casi obtiene todos los quórum, aquélla ha intentado articularse. Una de las primeras medidas que hizo, por ejemplo, el Partido de Renovación Nacional (RN),fue cambiar su Declaración de Principios por parecer más de progresistas, como si el electorado fuese tan tonto. Una segunda medida fue, pues, realizar un seminario en enero del 2015 titulado “Nuestro sentido de Justicia”, que agrupo los diversos think tank de ese sector: Fundación para el Progreso de Alex Kaiser, la Fundación Jaime Guzmán, Instituto Libertad que es de RN, la Fundación Horizontal de Hernán Larraín Matte, el Instituto Libertad y Desarrollo, la Fundación Chile Avanza de Sebastián Piñera y el Instituto Respublica.

  Las loas que le han hecho ex presidente Patricio Aylwin algunos personajes del mundo académico de nuestro sector llegan a dar lástima. Los cometarios fueron realizados antes de que el ex contrincante del demócrata cristiano en la elección presidencial de 1989, Hernán Büchi declarase que iba del país porque no se respetaba el Estado de Derecho, ya que los burócratas cambian las reglas a cada rato, por cual no se tiene certeza jurídica. Hasta el ex ministro de Interior del Pinochet, Carlos Cáceres hacia cae en lugares comunes y palabras de buena crianza hacia Aylwin. Una cosa es ser cortés mostrando educadamente las diferencias, otra cosa es ser zalamero. 

  La historiadora Lucía Santa Cruz , miembro del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo en su columna “La valiente prudencia de Patricio Aylwin”elogia así al demócrata cristiano. Rememora el abrazo entre Sergio Onefre Jarpa y Aylwin, que alguien llamó el “más conmovedor acto litúrgico republicano”. Con lo cual, “Y ahí nace el surgimiento de una confianza nueva respecto a la posibilidad de un futuro de paz para Chile”. Tras 26 años no estamos en paz. Luego escribe: “don Patricio Aylwin como el primer presidente democrático tras 16 años de dictadura no fue para nada fácil y sus logros no deben ser minimizados”. Nótese que emplea la palabra ‘dictadura’. 

   Señala la consiga del primer gobierno fue “avanzar en la medida de los posible”, cosa que según ella, la extrema izquierda desvalorizó. Todavía no repara que ex Concertación o DC/UP obro así por conveniencia, no por pragmatismo o sensatez. Y eso quedo probado hasta que llegó la retroexcadora de la Nueva Mayoría. La extrema Izquierda, o sea, los terrorista exigieron el Informe Rettig, reparaciones económicas, violentar la Ley de Amnistía y perseguir a los militares con millares de querrellas, mientras los grupos terroristas están amnistiados e indultados.

  La historiadora repite que el problema es que había que subordinar el poder militar al poder civil e “instaurar las bases de una reconciliación cívico militar y de la amistad cívica esencial entre gobierno y oposición”. No he visto muestra de amistad cívica en los dos lanzamientos que hubo sobre el libro sobre el preso político el Brigadier Miguel Krassnoff, ni mucho menos en el documental ‘Pinochet’, donde salieron a molestar las jaurías de los organismos de derechos humanos, ni a las funas que le ha hecho a los militares en retiro por estar vinculados a lo que la Izquierda llama ‘violaciones a los derechos humanos’ en los lugares donde trabajaban. Para emprender la tarea de la reconciliación creó la comisión del Informe de Verdad y Reconciliación con el objetivo de “la búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos”. Los asesinatos que cometió, por ejemplo, el Mir hasta y después del 11 de septiembre de 1973, fueron excluidos. ¿Se cree el cuento de ese virus llamado ‘violencia política’ que infestó el país en la década del 60 del siglo pasado?

  El éxito de la llamada ‘transición a la democracia’ consistió, simplemente, en que la Concertación acepto de mala gana la institucionalidad y el modelo económico del Gobierno cívico militar.

   Luego está la columna del actual director del Instituto Libertad y Desarrollo, el economista Luis Larraín, “Los detractores de Aylwin” en que defiende a grandes rasgos la tesis del ‘secuestro permanente’ y el Informe Rettig. No esperemos que el abogado José Francisco García de ese think tank no critiqué la prevaricación y la nula aplicación de la Ley de Amnistía, si no lo hace su jefe. Según él, el ex mandatario demócrata cristiano “jugó un rol fundamental en la pacificación y reconciliación del país”. No hay paz ni reconciliación. El país ya estaba pacificado, si por ésta palabra se entiende desarticular a los grupos terroristas Mir, el grupo Mapu-Lautaro y el FPMR, gracias a los agentes del Estado que los combatieron. La ‘paz social’ se consiguió, por ejemplo, ayudando a los terroristas a escaparse de la cárcel de Alta Seguridad y “El primer Gobierno de la Concertación, presidido por el demócrata cristiano, Patricio Aylwin libero a los terroristas porque temía que les causaran problemas”, según dijo el parlamentario Hernán Larraín a cambio del Informe Rettig y de perseguir a los militares. Los cientos de militares presos en Punta Peuco fueron la moneda de cambio de la ‘exitosa transición a la democracia’.

   En tiempos del Gobierno Militar, Larraín fue Superintendente de la Seguridad Social cuando comenzó la crisis económica de los 80. Luego fue nombrado subdirector de Odeplan en 1989 y finalmente director de esa institución. El actual director sigue los pasos de Cristian Laurrolet y Arturo Fontaine Talavera. 

  El economista critica a quienes consideran que el ex mandatario dijo su célebre frase ‘la justicia en la medida de los posible’ a las violaciones a los derechos humanos, porque había tutelaje militar. Esa es la visión de la extrema izquierda. Sin embargo, a continuación señala hechos que considera casi como ficción, cuando son reales reales: “Esta es una visión sumamente extrema de los hechos, si consideramos, entre otras cosas que: a) Aylwin presionó al Poder Judicial hasta imponer la tesis de que la ley de amnistía vigente no eximía de la obligación de investigar, b) contra la opinión de sus asesores, decidió encargar la elaboración del Informe Rettig, que sirvió de base para el esclarecimiento de muchos de estos hechos y c) apoyó la tesis de la justicia chilena del “secuestro permanente” en los casos de detenidos desaparecidos, para eludir los efectos de la ley de amnistía; figura que fue llamada eufemísticamente “ficción jurídica” para no decir lo que de verdad era: una distorsión de la realidad para conseguir que en los hechos dicha ley no se aplicara en esos casos, lo que en mi opinión es reprobable porque es una flagrante aplicación del principio de que el fin justifica los medios”. Si Aylwin tiene una cara de maquiavelismo. Hay una carta de la jueza Raquel Camposano Etchegaray, en que refuta lo anterior en que los jueces aplican el artículo 141 del Código Penal referido a particulares. 

  No sé cómo todavía elogia el destacado escritor y ex parlamentario, Hermógenes Perez de Arce al Instituto Libertad y Desarrollo, si aún desconoce las palabras de Larraín. Si el ex político ha sido uno de los principales detractores del Informe Rettig y uno de los principales denunciantes de la falta del Estado de Derecho hacia los militares. 

  Pues fue lo que hizo. Al economista no le importa que se vulnere la igualdad ante ley, por cierto, un principio liberal. Ni tampoco le llama atención que los únicos que no violen los derechos humanos sean los terroristas, como si éstos nunca hubiesen existido. 

  Según él, “dichas críticas carecen de un mínimo sentido de realidad, si se tiene en consideración la situación institucional que vivía el país y el balance de poder que existía en esos años. Criticarlo hoy día, quince años después, desde una cómoda posición, carece a mi juicio de todo valor”. ¿Cuál situación institucional? La amenaza vino de los terroristas, no de los militares. 

  Si el grupo terrorista Mir hubiese triunfado, por no mencionar el FPMR brazo armado del PC, no existiría el Instituto Libertad y Desarrollo, ni los empresarios.

   Se nota que el director del Instituto Libertad y Desarrollo no le ha llegado a sus manos el libro del abogado Adolfo Paúl Latorre “Procesos sobre las violaciones a los derechos humanos”, ni jamás ha escuchado la defensa del abogado del brigadier Miguel Krassnoff, Luis Valentín Ferrada, a la ex juez Raquel Camposano Etchegaray o al abogado de Renovación Nacional, Miguel Otero y Marcelo Elissalde, todos los cuales denuncian que se les vulnera los derechos humanos a los militares, porque no tienen el debido proceso. Más aún el comandante Paúl Latorre denuncio el año pasado que la Corte Suprema en un oficio enviado al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que los tribunales no respetan la ley. El oficio es el Nº 33-2015 fechado el 27 de marzo del 2015. Así lo describe el abogado: “que los tribunales chilenos no respetan las instituciones tradicionales que inhibe o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía; y agrega que solo fue posible el procesamiento y la sanción de los militares al introducir en sus decisiones los conceptos de delitos de lesa humanidad, ius cogens y otros”. Sin embargo, el Instituto no saco un papers denunciado que un poder del Estado a otro le dice no acata ley, del mismo modo que lo hicieron cuando el SII empezó a perseguir a Andrés Velasco.

  Por último, Gonzalo Blumen, director ejecutivo de la Fundación de Sebastián Piñera “Avanza Chile” escribe en su columna “La total vigencia Patricio Aylwin”, en la que resalta lo mismo dicho por la historiadora de avanzar en la medida de lo posible en diversos frentes: “Y por ello no se trataba de elegir justicia o impunidad. No era crecimiento o igualdad”. La columna de Blumen confirma lo dije en el post anterior, que desde los noventa la política se basa en la paz social, no en la paz. Y eso significa que un grupo minoritario extorsiona o amenaza al resto de la sociedad saliendo a calle creyendo que son una legión o hacen cosas peores: “Corriendo la barrera de lo posible en materia de derechos humanos, pero preservando la paz social”. Por la paz social, el cobarde de Sebastián Piñera no quiso cumplir su palabra que dijo en el Club Español, porque le temía a las organizaciones de derechos humanos de la Izquierda en general. Y la derecha en general ha aprobado cada tontera que se ocurrió a la ex Concertación.

   Recrea el momento en que el ex presidente en el Estadio Nacional llama construir un país unido entre civiles y militares: ““Chile es uno solo”. Porque en su lógica no cabían retroexcavadoras ni propósitos excluyentes”. Los únicos excluidos en estos 26 años ha sido a los militares condenados por ‘violaciones a los derechos humanos’. El piñerista le perdona sus errores: “Porque pese los errores u omisiones de su larga trayectoria, que por cierto los hubo”. Los tres omiten la Reforma Agraria, el hecho de que votará por Allende, que luego suscribiese el Acuerdo de la Cámara de Diputados y luego fuese opositor al Gobierno Militar, porque éste no le entrego el poder a la DC. Ni siquiera asocian el actual conflicto en La Araucanía con el ex mandatario demócrata cristiano. La guinda de la torta fue su última declaración antes de morir: “Nunca apoyé la intervención militar". En el video de Youtube dice lo contrario.

   Uno de los principales argumentos contra los Informes de la Izquierda, ya sea Rettig o Valech, los ha dado Hermógenes Pérez de Arce, es que esas comisiones vulneran la Constitución Política de 1980, en el capítulo 2, artículo tercero, en que “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta”. Recuerden hasta la Policía de Investigaciones creó una unidad especial para perseguir a los militares basándose en los cuentos de hadas de esos informes.

  La derecha está clínicamente muerta tanto a nivel político como académico, salvo contadas excepciones. Ese es el sentido de injusticia de la derecha chilena.