Estado de Excepción, Derechos Ciudadanos y Tribunal Constitucional
Chile vive una tiranía sanitaria inédita, amparada
por un estado de excepción constitucional, cuyo objetivo debiera ser el restablecimiento
de la normalidad, pero que ha sido utilizado para encubrir la imposición de una
“Nueva Normalidad”. En la cual el Gobierno nos expropió la Libertad -siendo la
más evidente la de locomoción y reunión-, la Propiedad sobre el trabajo y desarrollo
de una actividad económica, y la Vida misma en su función vital de respirar lo
suficiente para sostenerla.
Somos testigos del accionar más deleznable del
Estado a través de sus agentes y ciudadanos inducidos a la delación con
delirios de tales: persiguiendo personas en parques o playas desiertas;
deteniendo otras en momentos sublimes de su vida -como es el sacramento
matrimonial- con denostación pública; vulnerando la garantía constitucional de
la inviolabilidad del hogar en virtud de un peculiar dictamen de Contraloría
para fiscalizar hogares sin una orden, permitiendo calificar de “reunión
social” o incluso “clandestina” a hijos de familia escuchando música en su
propia casa. O discriminando con arbitrariedad hacia quienes no tienen
obligación alguna de adaptarse a tecnologías costosas -dependientes de
obligados contratos de adhesión con empresas privadas-, al punto de quedar
impedidos de obtener kafkianos permisos para salir de sus hogares a proveerse
de alimentos para subsistir.
Cerrando el país, y obligando a los ciudadanos a
sobrevivir con sus recursos propios: los de sus cuentas individuales de los
Fondos de Pensiones. Lanzándolos con ello al precipicio de una vejez miserable
y al término del sistema de AFP, uno de los más innovadores y exitosos del
mundo al tiempo de su iniciación; o poniendo en entredicho desde el punto de
vista de la legalidad al derecho de propiedad de las compañías de seguros en la
modalidad de renta vitalicia, que ya generó consecuencias internacionales para
el país. Quebrando pymes con inútiles cierres, en favor de multinacionales, en
base al antojadizo concepto de “actividad esencial”, olvidando que toda aquella
que constituye el sustento de una familia lo es por antonomasia.
Tal como prevé el Foro de Davos o Foro Económico Mundial,
cuyo rimbombante nombre oculta que es una creación de millonarios completamente
privada, el mismo de los metacapitalistas globalistas con su slogan “No tendrás
Nada y serás Feliz”. Cuyo plan busca imponer una Renta Básica Universal, de la
cual los bonos varios con letra chica del Gobierno son su antecedente,
presentándose un proyecto de reforma constitucional para incorporarla
como derecho fundamental que, enlazado al estado de excepción constitucional de
catástrofe y con carácter de emergencia, determinará la alegre aceptación
popular del uno para recibir el otro.
La versión occidental del Crédito Social chino con
control tecnológico obligatorio, del cual no se salvarán ni nuestros defectos
físicos más sensibles por aplicación de la biométrica estilo ID2020.
Complementado por el Carnet o Pasaporte Verde, que quiere imponer a toda costa
el Gobierno, vulnerando la Constitución y la legislación, tanto de derechos de
los pacientes como la contraria a discriminación, segmentando a los ciudadanos
en dos categorías antojadizas por no someterse a un experimento genético nunca
antes aplicado en humanos con “vacunas” con autorización de emergencia cuyas
fases de estudio no se encuentran todas terminadas; y convirtiendo un
consentimiento que debe ser voluntario -según los tratados internacionales
vigentes- en una obligación de hecho por coerción. Lo que adquiere mayor
gravedad cuando las sociedades farmacéuticas han sido eximidas a priori de
responder legalmente a las personas por daños provenientes de su inoculación.
Lo que no es más que la dependencia económica del
ciudadano al Estado como plataforma de sostenimiento de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la que
este Gobierno es aliado confeso, y entusiasta adherente al PNUD.
¿Y qué tenemos los ciudadanos para defendernos? Lo
que la insurrección vino a combatir desde el principio y los chilenos
entregamos en bandeja en el Plebiscito: la CONSTITUCIÓN. La norma
fundamental destinada a defender a los ciudadanos contra la arremetida del
poder político en su contra, el freno a los abusos e iniquidades del
Gobierno de turno en contra de cada uno de nosotros. Y un Tribunal
Constitucional, que se juega su sobrevivencia en una nueva Constitución, a la
cual no pasará, si no cuenta con la valoración de su misión por los
constituyentes y detrás de éstos, de sus electores. Triste sería para sus
integrantes quedar para la historia como los miembros en funciones al tiempo de
su desaparición, que lamentaron su propia pérdida por no defender a quienes en
definitiva debían por mandato constitucional: a los ciudadanos.
El argumento de una enfermedad mundial no es
atendible considerando que otros países la han sobrellevado permitiendo a sus
ciudadanos una vida casi normal, con cuidados focalizados en los grupos de
riesgo, sin afectar con extremismo la vida social y privada. Lo que hace pensar
en un objetivo más bien político que sanitario propiamente tal: frenar la
Insurrección iniciada el 18 de octubre de 2019, que arrasó propiedad pública y
privada, y destruyó innumerables comercios, retenida por el momento con las
restricciones del estado de catástrofe, a lo menos en la ciudad de Santiago
-sede del Ejecutivo-, e impedir su caída. Sí, la caída estrepitosa del
Gobierno. El mismo que se asegura a sí mismo en su continuidad con medidas
“sanitarias” que le permiten control social draconiano, pero que no protegió
debidamente a los emprendedores de los saqueos e incendios de la insurrección,
dándoles finalmente con ellas, el golpe de gracia mortal.
Y que tiene la facultad de controlar de tal suerte
al “virus”, que levantó las restricciones sanitarias para el sólo efecto de
convocar a elecciones durante dos días consecutivos.
Una cosa es clara: los ciudadanos no tenemos que
pagar con nuestras vidas, la mediocridad de nuestros gobernantes.
Marcela Valeria Arroyo Matteucci
Abogado
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Etiquetas: carnet verde, Derechos Humanos, Estado de Excepción, globalismo, Marcela Valeria Arroyo Matteucci, Nueva normalidad, Pasa Pasaporte Verde, Plandemia, Sebastián Piñera, Segundo Gobierno de Piñera
posted by Javier Bazán Aguirre at 2:51 p.m.
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