"La Paz" a base del miedo y la extorsión

Escribí el 17 de julio del 2011 a raíz de la falsa huelga de hambre de los mapuches terroristas que habían emboscado al fiscal Elgueta y de las palabras del senador de la UDI, Hernán Larraín a propósito de la misma : “No sé si fue mi impresión, mas las palabras del político oficialista dejan entrever otra cosa. El primer Gobierno de la Concertación, presidido por el demócrata cristiano, Patricio Aylwin libero a los terroristas porque temía que les causaran problemas. Según Larraín, "Existen precedentes para hacerlo”. ¿Qué precedente? Los terroristas condenados por la Justicia Militar ajustados a Derecho. Transcurridos veintiún años, sabemos que el Gobierno que presidió Aylwin no les temía a los militares, sino a los terroristas. La Concertación siempre sacara a relucir el ejercicio de enlace, que realizó el Ejército. El auténtico problema eran los terroristas. Por ello, se encargaron de hacerle concesiones a la extrema izquierda. E incluso varios participaron en los Gobiernos de la centro izquierda. No obstante, la gravedad de sus delitos”.

 Lo anterior hasta ese momento era una conjetura o una suposición, que el peligro para la nueva democracia no eran los militares, sino los grupos terroristas chilenos. La entrevista realizada por la ‘La Segunda’ a el diputado del Partido Socialista y ex director de la ‘Oficina’ durante el gobierno de Patricio Aylwin, Marcelo Schilling por al asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay despejó las dudas. El diputado se considera “experto” en terrorismo. Después de todo, dirigió la famosa ‘Oficina’, pues según él, se desmanteló el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Mapu-Lautaro.

 En democracia como les gusta decir a los progres secuestraron al empresario brasileño y al hijo del dueño de ‘El Mercurio’. Y después del asesinato del senador Jaime Guzmán asesinaron a otras dos personas. De más está decir, que la Concertación no desmanteló a los grupos terroristas chilenos: el FPMR, el Mir y el Mapu Lautaro. Ya estaban destruidos. La mayoría estaban muertos o presos. Apostaría que ni en el libro “La historia oculta de la transición” del periodista Ascanio Cavallo no aparece una mención a la presión de los grupos terroristas chilenos al primer gobierno de la Concertación. Solamente se centro en los militares.

 En la entrevista deja entrever claramente, que el  gobierno de  Aylwin prefirió satisfacer las demandas de los terroristas a principios de los noventa a tener una verdadera paz: “Alguna experiencia tengo en esto de enfrentar la violencia política de los grupos armados, y quiero decir que si en su oportunidad no se hubiesen tomado medidas como llevar adelante el Informe Rettig, hacer las leyes de reparación y levantar las limitaciones que imponía la ley de Amnistía, todo eso se habría convertido en bandera de lucha de los grupos violentista”. Así se logró la llamada ‘transición pacífica a la democracia’ como le gusta llamar a los progresistas demócrata cristiano socialista. Esta es la Pax chilena. Esta es la “reconciliación”.

 Si no se satisfacían las demandas, entonces iban a incendiar el país. Por eso, el gobierno de Aylwin se encargo de indultar a los terroristas.

 Según Philippe Chesnay, autor de “Pinochet, la otra verdad”, la comisión Rettig escuchó más a las organizaciones de Izquierda que a los militares. De estas organizaciones, estaban: Los partidos socialistas y comunistas, el Mir, la Iglesia Católica a través de la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, El Comité de Defensa del Pueblo (Codepu), El Movimiento Contra la Tortura Miguel Acevedo, La Corporación de la Defensa por la Paz (Corpaz), El Frente Nacional de Organizaciones Autónomas (Frenao), la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la CUT y la agrupación de Juntas de Vecinos.

La poca seriedad que tienen las organizaciones de derechos humanos, uno lo puede ver en el asesinato de los carabineros rurales asesinados el año pasado por el Mir y ek FPMR en la zona de Junin, en Argentina. Apenas en Chile se supo del asesinato, en seguida apareció presionando al Gobierno la abogada de Codepu, quien por cierto, estaba interesada en que no apresaran a los terroristas. De hacer justicia por el carabinero muerto, allá él.

 Las leyes de reparación les han costado millones de dólares a los chilenos. Un ejemplo de ello, es que ‘La Nación’ informa que el Estado, o sea, los pobres que creen que no pagan impuestos y los que tienen bienes raíces, tendrán que desembolsar $4.650.000.000 a 31 upelientos que estuvieron en la isla Dawson. Socialistas para hablar, capitalistas para cobrar. Cada uno recibirá $150.000.000. Así como lucran los antiguos revolucionarios marxistas leninistas que despreciaban el capitalismo y el dinero, y que se hacen pasar por ‘víctimas’ del Gobierno Militar. Y finalmente, aplicar la ley de Amnistía a los terroristas, mas no a los militares, ya que los únicos que violan los derechos humanos son los militares. Se trasgredió el principio del Estado de Derecho de la igualdad ante la ley.

 Dice más adelante que se combatió el terrorismo con “apego a las libertades y garantías individuales y al Estado de Derecho”, mientras al mismo tiempo violentaron la ley con los militares. Al serle preguntado si los grupos mapuches son terroristas, él responde:” -No, porque el terrorismo está tipificado internacionalmente como una acción del Estado contra sus ciudadanos, no se trata de grupos de particulares contra otros”. Ahí le sale el ideólogo. El diputado socialista  sabe que la historia del terrorismo en Chile, no comenzó el 11 de septiembre de 1973, sino antes. Entonces, de acuerdo con la cita, el Mir, el Frente y el Frente Lautaro no son terroristas. Schilling emplea el eufemismo ‘la violencia política’ para referirse a los actos terroristas mapuches. Esa es la expresión que emplea el Informe Rettig para omitir que tanto el PS y el Mir optaron la vía armada. Cuando hablan así, da la impresión de que ‘la violencia política’ fuese una suerte de epidemia, que no se sabe de dónde salió. Quizás haya que consultar a la OMS. De repente, a un grupo de chilenos los mordió una jauría de perros no vacunados.

 Desde 1990 la clase política, ya sea por complicidad y simpatía como es el caso de los partidos de Izquierda de la Concertación, ya sea por temor y el oportunismo por la Democracia Cristiana y el actual gobierno de Piñera que se no se atreven aplicar las leyes contra los terroristas o grupos armados de la Izquierda, el país se encuentra secuestrado a merced de una minoría que no tienen ningún problema en extorsionar a las autoridades. Y que además, ha creado toda una institucionalidad para ampararlos.

 La paz social de la cual se ufana la Izquierda es una farsa. Tan falsa como los falsos torturados, los falsos detenidos desaparecidos y la propia historia que se ha inventado la Izquierda. No estamos en paz. Estamos en tregua.

La verdadera “doctrina Schneider”

Lo bueno de leer a autores de nuestro lado, es que se derriban muchos mitos elaborados por la Izquierda.

 Así, en el libro “Lo derrocó el pueblo” de Julio Bazán Álvarez coloca al final de un capítulo, argumentos históricos de que los ciudadanos pueden quitar al gobernante de su cargo. Él emplea la palabra ‘pueblo’, que desde la óptica liberal esa expresión es una simple entelequia. Sólo hay las personas individuales que se agrupan en diversas comunidades, ya sea tribus, naciones y partidos. 

 El autor nombra “Las Declaraciones históricas sobre el poder pueblo”, entre ellas la toma de juramento de los señores aragoneses a su rey, de los siglos XVI y XVII, respectivamente; la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos; la carta de George Washington, despidiéndose de su segundo mandato; las palabras del fundador del Partido Socialista, Óscar Schnake, donde analiza el problema de la autoridad a principios del Frente Popular, y, finalmente la verdadera “doctrina Schneider”.

 En Chile, la Izquierda emplea la doctrina del general René Schneider para descalificar el pronunciamiento militar de septiembre de 1973. ¿Cuál es la doctrina? El General en el Consejo de Generales sostuvo que el Ejército el 23 de julio de 1970, respetaba la Constitución y las leyes hasta que: “esta posición y este pensamiento legalista tiene como única limitación el hecho de que el poder del Estado que se está sustentando y respaldando abandonara su propia posición legal; en ese caso naturalmente las Fuerzas Armadas, que se deben a la nación , que es lo permanente, más que el Estado, que es temporal, quedan en libertad para resolver el problema o frente a una situación absolutamente anormal y que lógicamente sale de los marcos en que se ha planteado el régimen que sustenta la conducción del país”. La negrilla es mía. 

 Ahora bien, la Izquierda, si uno revisa los sitios que hay en la red, saca a colación la declaración pública que hizo el General Schneider a la prensa, en particular al ‘El Mercurio’ el 8 de mayo de 1970: “ El ejercito es garante de una elección normal, de que asuma la presidencia de la república quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta. Por el congreso Pleno en caso que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos”. Y al ser preguntado de nuevo por los periodistas, agregó : “Insisto en que nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano; nuestra misión es hacer respetar su decisión". 

 De las palabras anteriores se desprende, por tanto, que la Unidad Popular no cumplió con dos condiciones: primero, Allende no fue elegido por el pueblo, sino por el Congreso. Segundo, no alcanzó a obtener el 50% de los votos. 

 ¿Cuál es la verdadera “doctrina Schneider”? O sea, el Ejército respetara la Constitución Política del Estado y al gobernante electo, hasta que el poder del Estado “abandonara su propia posición legal”.